Acción feminista frente a un establecimiento de la cadena Zara en Barcelona, con motivo del día de lucha transnacional del 15 de octubre. Imagen: Bárbara Boyero / Feministas Indignadas

Tras dos reformas laborales en menos de un año orientadas a la reducción de los costes del despido, a facilitar la temporalidad y a flexibilizar las condiciones de trabajo, medidas que han desembocado en 4.226.744 de personas desempleadas, la CEOE nos ofrece su solución a la crisis: profundizar en los errores cometidos con otra reforma laboral.

Son trece las propuestas que los representantes de los empresarios (CEOE-CEPIME) lanzan a los partidos políticos para conseguir llevar a cabo una “profunda reforma del mercado de trabajo, del marco laboral”. La justificación de esta reforma parte de dos premisas, totalmente cuestionables tanto a nivel científico como ético: Por un lado, se afirma que la precarización de los derechos laborales, contenido real del documento, es imprescindible para salir de la crisis.

Por otro, se escudan las propuestas en una supuesta persecución del bien común, buscando “medidas que tengan un impacto positivo sobre el conjunto de los sectores económicos y sociales”.

Ambas premisas son radicalmente falsas.

De las trece propuestas de las patronales vamos a destacar las más dolorosamente inadecuadas para el propósito de salir de la crisis y conseguir un impacto positivo en el conjunto de la sociedad. Para ello, dividimos las medidas entre aquellas orientadas a una nueva modificación, o desregulación, de las relaciones de trabajo y aquellas que se refieren a la moderación salarial tan deseada por la patronal.

El documento critica la multitud de contratos laborales y pide su reducción a seis formas contractuales (indefinido, temporal, fijo-discontinuo, obra y servicio, tiempo parcial y formación). Se olvidan los empresarios de que la diversidad de fórmulas contractuales se orienta a la consideración especial que merecen determinados colectivos con necesidades específicas como son los contratos para trabajadores con discapacidad, para trabajadores en situación de exclusión social, para las personas que requieren una mayor formación práctica… es decir, es una cuestión de justicia social y de lucha por la eliminación de las desigualdades en el acceso al empleo.

Me disculparán los autores del documento de las patronales por disentir de sus argumentos, pero en la disyuntiva entre promover la igualdad y una gestión más fácil de los contratos, la solución, si leemos el art. 9.2 de la Constitución, parece clara. Aun así, puede admitirse que, ciertamente, muchas de las modalidades existentes deberían corregirse, pero en sentido contrario al que propone la patronal. Deberían reformarse porque con la regulación actual fomentan la desigualdad y la precariedad, como el contrato para la formación y aprendizaje que es una condena para los jóvenes, y deberían dotarse de un verdadero contenido protector, para conseguir ese bienestar común del que habla el documento de los empresarios.

Más allá de esta diversidad y mucho más importante es el contenido de la regulación de cada una de estas figuras, y es que da igual el nombre si al final la realidad equipara las modalidades contractuales. Hablando claro, la diferencia real entre un contrato indefinido y uno temporal, en cuanto a la seguridad vital del trabajador, es el coste de la indemnización que el empresario ha de pagar cuando quiere despedir sin una causa justa, entonces:
 ¿Cómo llamar indefinido a un contrato cuya indemnización por despido improcedente no es más que 20 días por año trabajado, de los cuales, y esto lo dicen con la boca pequeña, se pretende que el FOGASA pague 8?
 ¿Qué estabilidad me proporciona un contrato indefinido con un despido tan barato que al final se busca equiparar a la indemnización por finalización de un contrato temporal?
 ¿Rebajar la indemnización por despido improcedente a 20 días realmente es una medida que va a ayudar a salir de la crisis y que va dirigida al bien común?

Las respuestas son evidentes. Tras varias décadas de experimentación con el mercado laboral, cual si los trabajadores fuéramos cobayas, la facilitación y el abaratamiento del despido no han estimulado el empleo, a la vista está, ni ha mejorado la situación de los trabajadores. Los datos del desempleo hablan por sí mismos.

Pero las propuestas siguen, sin dejar títere con cabeza, y también exigen las patronales una mayor flexibilidad de las relaciones laborales que permita a los empresarios variar con mayor facilidad el horario de trabajo, las funciones, el lugar de trabajo o la jornada laboral, así como el trabajo en domingos. De nuevo lanzamos preguntas fundamentales a ambas patronales:

 ¿Han oído hablar de la necesaria conciliación entre la vida laboral, personal y familiar que se deriva, además de alguna ley de desarrollo, de la protección a la familia incluida en el art. 39 de la Constitución española?
 ¿Son ustedes conscientes de que no es posible equiparar el trabajo, la vida de los trabajadores, a una mercancía?
 ¿No se dan cuenta de que por la vía de la flexibilización no se ha conseguido mejorar el rendimiento en el trabajo sino todo lo contrario?

Y ya por último, respecto de la moderación salarial, el documento propone un nuevo pacto de moderación y la eliminación de la indexación salarial al IPC en la negociación colectiva. Esto quiere decir que, en términos generales, vamos a cobrar menos porque los bienes y servicios que consumimos van a aumentar de precio sin que nuestro salario lo haga. Teniendo en cuenta que el contrato de trabajo es un intercambio entre tiempo y esfuerzo del trabajador a cambio de un salario, si disminuyen nuestros ingresos, y en términos generales lo harán:
 ¿Van a rebajar las patronales la jornada de trabajo?
 ¿Va a abaratar el gobierno los precios de los servicios públicos?
 ¿El empobrecimiento de la clase trabajadora, de ese 99% de la población, es una medida real para salir de la crisis?

El documento, que no nos engañen, recuerda en gran medida a aquel presentado por FEDEA en el 2009 donde se proponía el contrato único y asume totalmente el discurso dominante que ha marcado las reformas impulsadas en los últimos tiempos por el PSOE y antaño (y previsiblemente en el futuro) por el PP: las normas laborales deben servir para amortiguar la crisis económica y supeditar los derechos de los trabajadores a las exigencias de los “mercados”. Esta crisis, si seguimos así, parece que sí la pagamos.