El 31 de octubre se aprobaba en el Congreso de los Diputados la popularmente conocida como Ley de la Memoria Histórica. La propuesta simultánea de una ley de devolución del patrimonio incautado durante la Guerra Civil y la dictadura (que beneficia sólo a partidos y sindicatos) acababa con la oposición a la ley que habían mantenido IU, PNV y CiU. Estos partidos cambiaban de opinión respecto a sus exigencias por un puñado de euros (en el caso del PNV, por ejemplo, los correspondientes a la Casa del Pueblo Vasco en París). La izquierda parlamentaria, que reivindica Izquierda Unida, renunciaba expresamente a su postura contraria a la ley, aunque eso implicaba directamente el abandono social, histórico y jurídico de sus muertos.
La ley no ilegaliza los crímenes de la dictadura fascista. Han tratado de engañar a la opinión pública hablando de “ilegitimación” (un término teórico sin utilidad en derecho aplicado) en lugar de “ilegalización” de los tribunales franquistas. El premio a los principales defensores de los valores que alumbran (teóricamente) la democracia es la negación del derecho a la justicia, lo cual además lleva implícito su exclusión como beneficiarios de su igualdad y universalidad (los que tanto trabajaron por ella). L@s republican@s español@ s, según la nueva ley, no tienen derecho ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación, que son los tres pilares necesarios para la resolución de violaciones graves de derechos humanos en todo el mundo. El dinero ha decantado a la mayoría de fuerzas políticas y tenemos una Ley de Memoria Histórica de la que avergonzarnos como país. Y no sólo eso, tenemos una Ley de Memoria Histórica que, como la Transición y la impunidad del fascismo español, estamos tratando de exportar a otros países que han sufrido catástrofes de este tipo.
En cuanto a las oposiciones a la ley, venían tergiversadas por los mass media, situando a ERC y al PP como dos polos opuestos en contra de una ley que maquillaban de equitativa y democrática y que a ojos de los medios afines al poder sólo disgustaba a radicales de la izquierda y de la derecha respectivamente. Quiero resaltar la similitud entre este fenómeno y el del asesinato fascista de Carlos Palomino, que estos medios tildaban de pelea entre bandas rivales. Hablan de “bandas”, igualando a víctimas y verdugos. El punto de vista manipulado es otra estrategia más de desinformación, y en este caso marginaba las quejas (fascistas y engañosas) del PP enfrentándolas a las de ERC, a la que no dejaron informar del discurso de las asociaciones y movimientos memorialistas.
Favor a la derecha
El PP, pese al beneficio claro que
le hace esta ley, hecha por los vencidos
para los vencedores, ha radicalizado
su discurso, ha sembrado
de prejuicios el debate en la calle y
ha desviado el discurso de cómo
afrontar la responsabilidad al respecto
como país, hacia el catastrofismo
de volver a pensar en ello
(desde luego, para muchos apellidos
del PP y alrededores, el que conociéramos
su historia sería algo
catastrófico). A esta corriente hay
que sumar además el atontamiento
de las víctimas de los mecanismos
mediáticos de la derecha, que siguen
perpetuando los mitos, la historia,
la semántica, los miedos, los
valores y las mentiras dictadas por
el Franquismo.
Solo ERC, en la persona de Joan Tardá, permanecía fiel a sus principios y transmitía al Congreso el discurso que se mantenía desde las asociaciones memorialistas: un discurso de derechos humanos y aplicación del derecho y la jurisprudencia europea e internacional y una solución al modelo de impunidad del fascismo español, enfocado desde los ejes de la verdad, la justicia y la reparación. Pese a que el discurso de Esquerra hacía por primera vez llegar al Congreso de los Diputados las inquietudes de todo el movimiento memorialista, el olvido interesado mediático de las inquietudes de las asociaciones y el puente del 1 de noviembre (claro que no era casualidad que se aprobara cuando todos pensaban en vacaciones) echaban por tierra cualquier reacción social.
El procedimiento en casos como el alzamiento fascista español, su derivación en Guerra Civil porque éste no cuajó, y la posterior dictadura que implicó 40 años de secuestro de la democracia están contemplados por el derecho internacional, los tratados de la ONU y la jurisprudencia europea (a los que se acoge la Constitución). En el caso de las fosas comunes, por ejemplo, los militares españoles han participado en las labores de exhumación en Bosnia bajo los protocolos de Naciones Unidas. En su propio país, en cambio, hacen recaer la responsabilidad en unos cuantos voluntarios de unas asociaciones, obviando todos los derechos y toda la justicia que exigen para los otros. El caso concreto de las fosas tiene además la perversa posibilidad de que, al haber sido realizado sin participación jurídica, nada prueba su número, sus injusticias, sus crímenes. Ni tan siquiera su existencia. Además de para fosas comunes, existen protocolos que incluyen también los de reparación de víctimas y de la no impunidad de los agresores.
Protocolos a los que ha apelado este país para condenar a Pinochet y aparentar ser el adalid de la persecución de la ilegalidad internacional, cuando está detrás de muchos de los casos de impunidad internacional de los últimos tiempos como el apoyo del PP a la Guerra de Iraq.
¿LEY DE MEMORIA HISTÓRICA O DE IMPUNIDAD TOTAL?
La Ley de la Memoria viene a
ser la continuación de la Ley
de Amnistía de 1977, por la
que quedaban impunes los criminales
de la dictadura. Esta
nueva ley ni siquiera contempla
el acceso a los datos que
se conservan en los archivos
que han escapado a la destrucción
que acompañó a la Transición,
no condena al Franquismo
ni a sus tribunales
represores, no anula sentencias,
no reconoce la condición
de víctima del Franquismo, no
ilegaliza las formaciones fascistas,
no se estudia su historia…
la lista es interminable.
Un acontecimiento que había
sido esperanzador fue la condena
en España a Adolfo Scilingo
por el asesinato de más
de 600 españoles durante la
dictadura argentina.
Hasta el momento, la Embajada española en Argentina, solo reconocía a 13 personas asesinadas en ese período. Es un hecho crucial que en la justicia ordinaria española se aplicara el derecho internacional a favor de los españoles, y ha sentado un esperanzador precedente contra el blindaje que completaba la Ley de la Memoria. Casos como la condena del general retirado Gregorio Álvarez (actor clave del golpe de Estado cívico-militar de junio de 1973 en Uruguay y cabeza del último tramo de la dictadura que se prolongó hasta 1985, procesado y conducido a prisión) acababan recientemente con el modelo de impunidad uruguayo.
Para aspirar a la justicia que Europa lleva aplicando 60 años, tenemos que acabar con esa impunidad; o este sistema político y judicial será una mera derivación del Franquismo. El fin de esa impunidad deberá hacerse en contra de sus beneficiarios políticos y económicos y sus herederos ideológicos que, después de saquearlo, siguen influyendo en el país. Lograr esta necesaria justicia pasa por la información a la ciudadanía y la búsqueda de la aplicación del derecho internacional. Estos fueron los ejes de la actuación futura acordados por el Equipo Nizkor y el resto de movimientos memorialistas reunidos en Madrid.
Parte de estas asociaciones ya se habían reunido con la comisión interministerial y con la propia Fernández de la Vega. Con lo cual, el Gobierno conocía su opinión de que les parecía sumamente injusta esa ley y, pese a todo, la llevó al Congreso.
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