
El pasado 6 de febrero una “mala praxis” de Repsol en su planta de El Morell, Tarragona, provocó un derrame de 190 toneladas de líquidos tóxicos en el río Francolí. La vida acuática se quedó sin oxígeno y, horas más tarde, se recogían miles de peces muertos. El agua tenía un fuerte olor a gasolina por los fenoles cancerígenos del vertido. Una manguera de conexión sin las medidas de seguridad pertinentes, debido a la falta de vigilancia y de mantenimiento y a un “fallo” en el diseño del sistema de recogida de aguas residuales (con una conexión directa al río), fueron los causantes de esta nueva deuda de la industria con la población y el entorno.
Según el reciente informe de Greenpeace Contaminación en España, la industria reconoce que anualmente se vierten al agua 1.219.709 toneladas de contaminantes, un volumen de difícil visualización en la mente humana, la misma que provoca el envenenamiento de los recursos que nos nutren. Por otro lado, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud estima que 4.000 trabajadores mueren anualmente en el Estado por exposición a sustancias químicas, las mismas que producen 18.000 accidentes laborales y 36.000 personas enfermas al año. Los Gobiernos y las administraciones lanzan campañas para evitar los accidentes de tráfico y el consumo de drogas, pero se muestran permisivos ante las negligencias industriales que afectan a todo el entorno. Muchos de los accidentes serían evitables con un mayor control de la actividad industrial y con la aplicación de las leyes vigentes.
La Ley de Responsabilidad Ambiental aprobada en 2007 tiene grandes coladeros. Uno de los más importantes es que no incluye accidentes sucedidos fuera del Estado español aunque la empresa sea española. La Ley sólo es aplicable en casos internos como el derrame en el río Francolí, pero aún conociéndose ya las causas del accidente y habiendo recibido denuncias de la población y de instituciones reclamando una resolución, el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Medio Ambiente todavía no se han pronunciado.