“Aunque en Valencia el sistema de gestión privada de los hospitales públicos ya ha cumplido diez años, la oposición a la política de Zaplana y Camps comienza ahora”, explica Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes. En los últimos meses se han inaugurado hospitales bajo la forma mixta de gestión privada de los servicios no sanitarios en Torrevieja, Denia y Manises. Además existen otros dos en proyecto: Torrente y Elche. Una lista que se puede alargar si los que están previstos para los próximos años también continúan la misma tónica. Y las consecuencias comienzan a hacerse evidentes. Según Albiol, “se destina la mayor cantidad de dinero a la privatización y lo que queda del sistema público está degradado y desarticulado. Según los informes anuales de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, el Paìs Valenciá ocupa el último puesto desde 2004, sólo en 2006 subimos un puesto”.

Este proceso se puso a prueba en Alzira. Una experiencia de ida y vuelta. Entre su inauguración (el 1 de enero de 1999) y el momento de su rescate por la Administración pública (2002) la Unión Temporal de Empresas (Adeslas, 51%; Bancaja y CAM, 45%, ACS-Dragados, 2%y Lubasa, 2%) registró unas pérdidas de 5,24 millones. La comunidad empezó pagando un canon por habitante y año de 204 euros y terminó abonando 225 euros. Tras la recuperación y saneamiento de las cuentas, la gestión de los servicios no sanitarios salió a subasta pública. El resultado: Adeslas, Bancaja, CAM, ACS y Lubasa volvía a administrar el hospital. Además fueron recompensados con 13 centros de salud y un canon anual inicial de 379 euros por persona y año, a lo que se sumaba la compensación por retirarle la anterior concesión de 70 millones de euros. Para conseguir este nuevo acuerdo este consorcio tuvo que desembolsar 72 millones.