Acciò Popular Contra la impunitat

“Todo Estado miembro está obligado a castigar la incitación pública a la violencia o al odio”. Es lo que acaba de recordar la Comisión Europea a las autoridades españolas.

En noviembre un eurodiputado de CiU había preguntado al ejecutivo comunitario, “con el fin de evitar que Valencia siga siendo un paraíso para los activistas neonazis”, si iba a adoptar medidas contra el Gobierno español por su “falta de firmeza ante la ola de violencia, intimidación y atentados”. A primeros de febrero, llegaba la respuesta comunitaria a través del vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Jacques Barrot. Éste afirmaba que el ejecutivo comunitario no tiene competencias “para actuar específicamente contra el extremismo o los partidos de ultra derecha” y añadía el suave tirón de orejas de que “las autoridades nacionales siguen siendo las responsables de que se respeten y protejan los derechos fundamentales”.

“Parte de la normalidad”
La iniciativa del eurodiputado de CiU, venía a dar voz a las denuncias de numerosos partidos políticos valencianos ante la impunidad de los ataques fascistas. Un mes antes, la comitiva del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) había sido atacada por medio centenar de ultras, el 9 de octubre, durante los actos oficiales del Día Nacional del País Valenciano, ante la pasividad de la policía y pese a haber pedido en días previos protección policial por las amenazas recibidas. Los altercados habían sido minimizados por Ricardo Peralta, delegado del Gobierno en Valencia y la más alta representación del Gobierno central: “Hay determinadas actuaciones que, nos gusten más o menos, forman parte de una normalidad”. Si a esto le sumamos los ataques con artefactos explosivos en 2007 contra la sede del BNV, el incendio de su local en Benicàssim, en Gandia, o las graves heridas que sufrió una concejal durante un boicot fascista a una manifestación, el Bloc tiene motivos para enfadarse. Pero no sólo este partido, sino prácticamente toda la izquierda y el nacionalismo valenciano. La sede del partido ERPV sufrió un atentado con explosivos en 2008 y fue atacada con un cóctel molotov en 2009, ambos todavía sin esclarecer. Por su parte el local de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha soportado ya 11 bombas en tres años sin que se haya producido ninguna detención. Y el Centro Social La Quimera ha presentado más de 20 denuncias ante la policía por agresiones y atentados. Ataques también a la organización Intersindical Valenciana, a locales de la izquierda independentista o hasta a la misma universidad, sitúan al País Valenciano en el primer puesto en agresiones ultraderechistas, con el agravante de que han quedado impunes.

Ante ello, diversas entidades y partidos se han agrupado en la plataforma Acció Popular Contra la Impunitat. Según un portavoz, “el discurso de las tribus urbanas ya no cuela en Valencia; sabemos que existe una impunidad sospechosa y todos estamos siendo víctimas de esta situación”. Y pone como ejemplo la desarticulación en 2005 del Frente Anti-Sistema (FAS), organización neonazi que vendía armas y se dedicaba a organizar ‘cacerías’. “Si no llega a ser por nuestra personación como acusación popular, el caso se hubiese archivado. Esto demuestra, desde 2005, una dejadez absoluta y una falta de interés sospechosa en un caso gravísimo”.