En marzo de 2009, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentó una Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tras muchas y sustanciales modificaciones –aunque según la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina (RNMA) estas son todavía insuficientes– fue aprobada en el Congreso en noviembre.

La anterior ley, que provenía de 1980, años de plena dictadura militar, estaba llena de carga ideológica de la Doctrina de Seguridad Nacional junto a limitaciones inaceptables, como la exclusividad de explotación de radiodifusión a sociedades comerciales. Sin embargo, esta ley fue sostenida y empeorada tras la caída de la dictadura. Durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se produjo una creciente monopolización y extranjerización de los medios de comunicación. Este proceso contó con la oposición de diferentes organizaciones sociales que exigieron su eliminación.

La nueva propuesta dividió aguas: o se estaba completamente en contra de todo lo que significara, por el mero hecho de provenir del Gobierno kirchnerista (papel asumido por la mayoría de la oposición y los monopolios mediáticos) o se estaba a favor de ella, sin reconocer sus problemas (papel del oficialismo y agrupaciones obedientes).

Aún así, en medio de este arco se podía encontrar a algunos sectores de la oposición y organizaciones como la RNMA. Esta última se desmarcó de la discusión maniqueísta e intentó mantener una postura propositiva y constructiva en torno a este debate.

No podemos obviar los avances que supone que por fin exista una Ley de Medios tras la dictadura militar. Algunos de sus artículos, en teoría, podrían servir como base para democratizar el espectro de los medios de comunicación, hoy dominado por multinacionales.

Algunas de las propuestas de la Red Nacional fueron integradas en el texto definitivo de la ley, como la de evitar la entrada de las compañías telefónicas a prestar servicios de radiodifusión, la definición de emisoras comunitarias, la inclusión de la consideración de los pueblos originarios como actor específico, etc. Sin embargo, quizás la más importante, la que garantiza el desarrollo de medios sociales –comunitarios, alternativos, libres– es la que no fue incluida, y sigue en el centro de nuestra preocupación.

Nueva división del espectro
La Ley de Medios fue presentada por el oficialismo como democratizadora. Su principal argumento para defender esta opinión es la propuesta de división del espectro radioeléctrico. El espectro se dividirá en tres grandes bloques: público, organizaciones privadas con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. A este último sector se le garantiza un 33% del espectro. Esta tercera parte, a priori, parecería un gran avance ya que considera que un tercio de los prestadores no deben ser empresas. Si bien la reserva de un 33% del espectro se plantea como una garantía para el desarrollo de los medios comunitarios, la RNMA considera que resulta insuficiente. Las grandes corporaciones también pueden verse beneficiadas con este espectro, gracias a las fundaciones que poseen.

De esta forma, se reducirían las oportunidades de los medios comunitarios que deberán competir “de igual a igual” por licencias contra monstruos corporativos como Fundación Telefónica, o varias de las iglesias no católicas, o las fundaciones del sector bancario o de los propios medios masivos como el grupo Clarín, etc. Cabe inferir que la pelea no será en igualdad de condiciones, en la medida en que todos entren en la misma categoría de “prestadores sin fines de lucro”.

Por lo tanto, la deficiencia más importante que tiene la actual ley es la falta de garantías y derechos diferenciados para medios comunitarios y alternativos, que son los que realmente hacen del sistema de comunicación algo más democrático, y los que hicieron, contra las ilegítimas leyes vigentes, que la comunicación en Argentina fuera un poco más plural durante todos estos años.

Como dice la declaración de la RNMA, se saben cuáles son los límites de esta democracia cuya institucionalidad se basa en la “representatividad” y no en el ejercicio del poder popular. Por ello, la pelea continuará para que lo potencialmente positivo de esta ley se utilice en beneficio de los sectores populares; para que se den las condiciones necesarias para el libre desarrollo de los medios que ven a la comunicación desde el lugar de la vocación y de la posibilidad de transformación de la sociedad misma.