
En efecto, el bilingüismo se ha logrado imponer como elemento diferenciador en las aulas. Pero no es la última medida segregadora de Aguirre. Unas semanas antes del 22M anunció la creación de un Bachillerato de Excelencia. Una ocurrencia electoral, que, aunque incipiente, ya es toda una realidad. Según explicaba en el prestigioso estudio Keeping Track, Jeannie Oakes, la segregación de alumnos, sobre todo los menos favorecidos, y la educación diferenciada y academicista, sobre grupos homogéneos, no es efectiva ni incrementa la eficacia de la escuela.
Del nuevo Bachillerato de Excelencia, que descontextualiza al estudiante frente al mundo diverso y lo prepara para su inmersión en una sociedad de mercado, queda excluido el Bachillerato de Artes. Para colectivos de defensa de la educación, esto supone un paso adelante en las prácticas del equipo de Gobierno de Aguirre para aplicar la zona única, cuyo único argumento es la libertad de elección de centro.
El camino hacia la eliminación de zonas y distritos de los centros educativos se hacía visible cuando, en febrero de 2011, la Asociación de Directores de Institutos Públicos (ADIMAD) denunciaba la manipulación de la Consejería de la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables de 3º de ESO. Estas pruebas se analizaron con técnicas y metodología que poco tienen que ver con las características del informe PISA, al no considerar el contexto del estudiante o las diferencias socioeconómicas de los barrios. Por el contrario, escondía la elaboración de un ranking de centros que promoviera la pugna y la competitividad, algo que vulnera la Ley Orgánica de Educación.
Un cambio legislativo en 2009 abrió la puerta de los centros infantiles a las empresas. Hasta ese momento sólo “cooperativas de trabajadores asociados sin ánimo de lucro” podían optar a la gestión de escuelas infantiles. La adjudicación, donde primaba el proyecto educativo, se sustituyó entonces por una subasta en la que la Administración fija un precio de salida por plaza escolar y las empresas, con sus ofertas, ofrecen precios inferiores. Clece, empresa multiservicios de ACS –la constructora de Florentino Pérez–, ganó tan sólo en la última adjudicación ocho nuevas guarderías. De 2003 a 2009, Clece multiplicó por diez su facturación, de 19 millones a 192.
De un total de 1.350 escuelas infantiles, 430 son públicas, 57 concertadas y 863 privadas. Pero ésta no es la única muestra de gestión indirecta en el sistema educativo público madrileño. En julio, la plataforma en defensa de la educación Soy Pública destapaba el último intento de privatización. Enmascarada como ONG, la fundación encabezada por Patricia Botín (Santander) Empieza por Educar, ha irrumpido en los centros públicos bajo el pretexto de acabar con el fracaso escolar. Entre los patronos de esta fundación, que además tiene convenios de colaboración firmados con el Ministerio, se encuentran Olaf Díaz-Pintado, el director general de Goldman Sachs en España, Rosa María García (Microsoft) o Sol Daurella Comadrán, ligada a Coca Cola.
De Javier Roglá, máximo exponente del equipo directivo, sólo se conoce su amplio currículo en altos cargos empresariales como The Boston Consulting Group, Endesa o KPMG. También Soy Pública alertó en junio sobre el nuevo Plan Refuerza, un programa de actividades extraescolares que asegura un trasvase de fondos públicos a manos privadas y da cabida a la subcontratación. A la vez, se asignará sin ningún tipo de criterio pedagógico.
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