El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobó, antes de Navidad, la polémica Ley Antiterrorista bajo “recomendación” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para continuar dentro del G-20. Esta ley supondría la duplicación de las penas por todas las acciones que se cometan para “aterrorizar a la población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Raúl Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, declaró al diario La Nación que “no hay ningún delito vinculado al terrorismo que no haya estado severamente penado desde siempre en el país, de modo que esta ley es un pretexto. El GAFI se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país”. Otros juristas consideran que la ley tiene conceptos demasiado abstractos y de alguna forma se aplicaría según la libre interpretación de los jueces.

A pesar del optimismo de algunos sectores oficialistas que aseguran que la ley no se va a usar, la mayoría de las organizaciones sociales y de derechos humanos condenaron y pidieron su derogación ya que la consideran una persecución y criminalización de la protesta social. “Esta ley abre la posibilidad de que se sancione como acto terrorista cualquier acción popular que pretenda modificar alguna decisión gubernamental”, sostuvo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Esta ley no coincide con la situación del país y amenaza la paz, porque la protesta social debe ser respetada” afirmó Nora Cortiñas, líder de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en declaraciones a la prensa también manifestó que “la urgencia con que se aprobó la ley antiterrorista y antidemocrática tiene que ver con las imposiciones de EE UU y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles”.