Los medios de comunicación han repetido una y otra vez que tras las elecciones vascas, por primera vez, los partidos “nacionalistas” ocupan menos escaños que los partidos “constitucionalistas” en el parlamento vasco. Y así, con esa repetición, utilizando esos términos, se consigue transmitir la idea de que los nacionalistas vascos han dejado de ser mayoría. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que parece. En las elecciones celebradas el 1 de marzo, 100.924 votos (el 8,84% del total) fueron declarados nulos. La inmensa mayoría de los votos correspondieron a las papeletas de Demokrazia 3 Milioi (D3M) y Askatasuna, los últimos partidos de la izquierda abertzale ilegalizados gracias a la Ley de Partidos, que habrían obtenido siete escaños si hubieran podido presentarse a las elecciones.
“Que seis años después de la primera ilegalización haya 100.000 personas que todavía estén dispuestas a ir hasta un colegio electoral a depositar un voto que va a ser anulado legalmente es un hecho probablemente inédito en Europa”, señala a DIAGONAL Iñaki Iriondo, corresponsal político del diario Gara. “Hay que tener además en cuenta que la opción que propugnaba este voto no tenía cabida en debates ni contaba con entrevistas en los medios de comunicación”. La exclusión electoral ha servido a los sectores cercanos a los partidos ilegalizados para poner en duda la legitimidad misma de las instituciones.
En declaraciones a Herri Iratia Donostia, el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, aseguró que “la mayoría social abertzale ha sido vulnerada a través de un mecanismo de apartheid asumido sin respuesta política por el Gobierno de Ibarretxe y el PNV”. Según Díez Usabiaga, “si antes teníamos un marco constitucional- estatutario agotado, ahora, además, tenemos unos parlamentos –Gasteiz e Iruñea– alevosamente mutilados y, por tanto, políticamente ilegítimos por no representar a la voluntad popular”.
Críticas desde la ONU
Reacia a la ilegalización de estas formaciones
se mostró la ONU a través
de su relator especial para la
Promoción de los Derechos
Humanos, Martin Scheinin. En su
informe sobre el Estado español,
presentado a principios de marzo,
recomienda al gobierno español que
“adapte las expresiones vagas que
aparecen en la Ley de Partidos
Políticos a los principios internacionales”.
Scheinin también aconseja que se mejoren las garantías procesales en las causas contra candidatos de partidos ilegalizados, especialmente, “cuando se trate de agrupaciones que se han creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas actuaciones anteriores, en consecuencia, no se tiene prueba alguna”, como es el caso de D3M. Aunque la última ilegalización de partidos de la izquierda abertzale puede obstaculizar la búsqueda de soluciones a los conflictos, el camino tampoco queda cortado del todo. Según Iñaki Iriondo, “no cabe olvidar que en esas condiciones de ilegalidad se abrió y mantuvo el último proceso negociador entre 2005 y 2007, con conversaciones entre el PSOE y Batasuna y el Gobierno español y ETA, que se prolongaron hasta finales de mayo de 2007”. Y también era ilegal Batasuna cuando Patxi López se reunió con Arnaldo Otegi.
Con 50.000 votos menos que hace cuatro años (EHAK obtuvo 150.000 en 2005) y un partido como Aralar crecido, a la izquierda abertzale “histórica”, como la define Mariano Ferrer, se la mira esperando una reflexión. “La izquierda abertzale sólo ha planteado una repetición de estrategias del pasado, impulsando una recogida de firmas y presentando una lista blanca”, explica a DIAGONAL Paul Ríos, coordinador de Lokarri. “Es necesario que se replanteen esta dinámica que no conduce a ninguna parte. El propio Arnaldo Otegi dice que no vale con resistir por resistir, que tienen que dar un paso más”.
No en vano, desde la ruptura de la tregua en los últimos días de 2006, se han hecho públicas ciertas discrepancias dentro de la izquierda abertzale, y también en el propio seno de ETA. “Tengo claro que una mayoría de la izquierda abertzale sociológica quiere el final de la violencia”, afirma Ríos. Y concluye: “el mayor problema es que ETA no ha hecho una lectura realista de la situación e impide que haya un debate constructivo sobre esta cuestión. Hay movimientos que no se traducen en un rechazo explícito a la violencia ni creo que los haya sin convencer a ETA de que es necesario parar”.
Uno de los partidos que más se podría haber beneficiado electoralmente de la ilegalización de D3M y Askatasuna es Aralar, que ha pasado de los 28.000 votos y un escaño en 2005 a los 62.000 votos y cuatro escaños en 2009. “El núcleo fundador de Aralar salió de Batasuna. Hoy hay una mezcla heterogénea de voto proveniente de aquel núcleo inicial, del entorno de Elkarri y también de una cierta izquierda progre que se había refugiado en Ezker Batua”, explica Iriondo. “No cabe olvidar que en Euskal Herria siempre ha habido un espacio político para un partido que se decía de izquierdas y abertzale pero que, al evitar el conflicto con el Estado, ofrecía una militancia y un voto más cómodo que el de Herri Batasuna. Ahí estuvo en su día Euskadiko Ezkerra. Aralar intentó ser Batasuna sin ETA, pero ha derivado en otra cosa”.
La condena de la violencia
La declaración de
Anoeta, en 2004,
supuso una apuesta
de la izquierda
abertzale por las
vías políticas y un
cierto desmarque de
la estrategia de ETA. La
pregunta que muchos se
hacen es por qué entonces
cuesta tanto condenar los
atentados de ETA. “Las ilegalizaciones
están consiguiendo
cercenar el debate sobre el
fin de la violencia”, explica
Paul Ríos, de Lokarri. “Ante la
presión del Estado, la izquierda
abertzale reacciona
uniendo las líneas.
Las personas
que apuestan por
abrir el cauce de
la política tienen
poco margen de
actuación en estas condiciones”.
Iñaki Iriondo, de
Gara, repregunta “¿Por qué el
Sinn Fein no condenó nunca
la actividad del IRA? Si la
izquierda abertzale condenara
a ETA lo único que se lograría
es una fractura interna del
movimiento que en nada contribuiría
al logro de la paz”.
EA y EB, en caída libre
Las grandes perjudicadas
de la izquierda
vasca en las
pasadas elecciones
fueron Eusko
Alkartasuna (EA) y
Ezker Batua (EB),
ambas compañeras de
Gobierno del PNV. Tras la
obtención de un sólo escaño,
EA se enfrenta ahora a un
debate interno tras la dimisión
de su presidente, Unai
Ziarreta. La ejecutiva guipuzcoana
de EA criticó la estrategia
electoral de Ziarreta al
tiempo que Rafael Larreina,
de la vizcaína, aseguraba
a ETB que Ziarreta
es “un capital
político”. EB
consiguió un 40%
menos de votos
que en 2005 y
Javier Madrazo fue sustituido
por Mikel Arana como
coordinador general (el primero
no afiliado al PCE).
Oskar Matute, del sector crítico
Alternatiba Eraikitzen, afirmó
en el consejo político que
“no es posible la regeneración
de lo denostado y apartado
por la sociedad”.
¿Un lehendakari del PSE?
Los resultados electorales
abren un escenario
político incierto
e inédito en el
que todo apunta a
que el PSE conseguirá
colocar a Patxi
López como Lehendakari
con el apoyo del Partido Popular,
que saca pecho tras perder
dos escaños con respecto
a los resultados de 2005. La
posibilidad de que el PP
pueda decidir aspectos importantes
de la política vasca
causa recelo entre quienes
buscan soluciones al conflicto.
“El PP representa
un modelo de solución
del problema
vasco que es
antagónico al
defendido por la
mayoría de la sociedad”,
explica Paul Ríos.
“Los partidos que defienden
el final de la violencia, el
diálogo, el acuerdo y la participación
ciudadana representan
una mayoría clara. El
PP apuesta por la exclusión,
el recorte de libertades y la
ausencia de diálogo”, concluye
Ríos.
Delicious
Menéame
