La educación es un instrumento privilegiado para la confrontación ideológica y política, incluso cuando las diferencias son mínimas, y esta inestabilidad, construida sobre elementos secundarios (cambios arbitrarios de currículo, polémica sobre Educación para la Ciudadanía...), es artificial. Por otro lado, un sistema educativo estable es contradictorio con los objetivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la UE, que reclaman su reforma permanente para adecuarlo a las necesidades cambiantes de la economía. Este último aspecto explica el encadenamiento de leyes educativas en los últimos 20 años: LODE, LOGSE, LOPEGCE, LOCE, LOE, LRU, LOU, LOMLOU...

Una sucesión de leyes que encubre, sin embargo, una gran estabilidad interna. Desde la Transición sólo se han elaborado dos leyes educativas fundamentales: la LODE y la LOGSE. Las demás no han hecho sino desarrollar estas dos, adaptándolas a las nuevas directrices europeas.

Un pacto innecesario
Legislar a través de pactos ni es un principio político, ni es frecuente en el juego democrático, a excepción de la Constitución (para cuya modificación se necesitan dos terceras partes de los votos). Para hacer frente a los graves males de nuestro sistema educativo, como el fracaso y el abandono escolar, si hay propuestas racionales de mejora (más flexibilidad interna, atención temprana a dificultades, etc.), el Gobierno puede llevarlas a cabo con la mayoría política y social que logre aglutinar. Algunas de estas propuestas pueden ser eficaces. Las que realmente tengan como objetivo reconstruir una escuela de calidad, pública, gratuita y laica encontrarán, sin duda, un respaldo social y profesional mayoritario.

Un pacto inoportuno
El Pacto Educativo no viene solo. Sobre la mesa están el Acuerdo Salarial, el Pacto de Zurbano (medidas económicas), la revisión del Pacto de Toledo (pensiones), el acuerdo sobre la reforma laboral,etc. La experiencia nos dice que, en una situación de crisis, los pactos de “unidad nacional” siempre han servido para aplicar medidas impopulares a las clases populares. Así lo dicen también los que explícitamente piden “ajustes imprescindibles” para salir de la crisis.

La urgencia con que se presentó el Pacto Educativo se debe a la necesidad del Gobierno de encontrar un respiro para acabar su legislatura y al oportunismo de la oposición para desgastar a su adversario y así postularse como alternativa de Gobierno. Oportunismo político, en ambos casos. Gobierno y PP utilizan sin pudor la educación en busca de réditos electorales. Y, como ya sucedió con la LODE y la LOE, esta frivolidad favorece que el sector privado (confesional) encuentre nuevos beneficios.

Un pacto inconveniente
No todo pacto es negativo a priori. Puede ser positivo si una mayoría social empuja a las fuerzas políticas a hacerlo para asegurar nuevas conquistas democráticas. Sin embargo, ése no es el caso de la propuesta del actual ministro, con un Gobierno debilitado y una oposición crecida que cuestionan el papel de la escuela pública. En tales condiciones, la búsqueda de mayor consenso con la derecha hace suponer que el resultado se incline hacia más concesiones a la privatización y a la confesionalidad, a una mayor diferenciación del mercado educativo y a rebajar los niveles educativos accesibles a la mayoría, según las orientaciones regresivas de la OCDE y la UE.

¿AL MARGEN DE LAS IDEOLOGÍAS?

Este pacto se ha acompañado de un tópico: “dejar de lado las ideologías”. Ahora bien, la política educativa común a PP y PSOE tiene una ideología: la neoliberal. La aceptación por parte de ambos de las directrices de la UE (y de otras organizaciones como la OCDE, el FMI o el BM) suponen de facto un pacto tácito sobre elementos fundamentales del sistema educativo: subordinación de la educación a las necesidades del mercado, la doble red de centros (públicosconcertados) financiada por el Estado, el respeto a los intereses de la Iglesia y una estructura del sistema diseñada para regular el flujo de estudiantes hacia los niveles más bajos, entre otras cosas.