Acreditaciones, conferencias, márketing, ejecutivos, ministros, rejas, dispositivos de seguridad por X millones de liras. Del 16 al 22 de marzo se celebró el V Foro Mundial del Agua en Estambul, un foro de las élites comandado por el Consejo Mundial del Agua (Banco Mundial, European Water Partnership, Water Integrity Network, Aquafed…) desde 1997 para intercambiar y decidir cómo gestionar la crisis hídrica y medioambiental alrededor del mundo a través de los partenariados privadopúblicos o la eficiencia del “saber hacer” de lobbies técnicos. El nombre del Foro fue Bridging divides for water, y el precio de la entrada, cien euros al día. La primera jornada se saldó con 16 encarcelados, 20 heridos y dos deportados.

“Esto nos prueba lo lejos que estamos de la democracia en la Turquía actual”, señala Beyza Ustun, ingeniera de la Universidad Politécnica de Estambul y coordinadora de la plataforma turca Non Comercial Water Forum. “Las corporaciones financieras están viniendo al país a comerciar con el agua, recortan las facilidades agrícolas para el arroz, construyen grandes represas hidroeléctricas, privatizan los sistemas de distribución y tratamiento de los municipios o almacenan el agua para transportarla allá donde su precio sea mayor. A cien kilómetros de Estambul, en Melan, los acuíferos se han sobreexplotado, ya no queda agua, ha sido utilizada para abastecer a la ciudad. Nadie habla de eso”, señala.

La agenda del foro oficial estaba decidida. Las grandes corporaciones, organizadas en torno al CEO Water Mandate (Coca-cola, Nestle..) o a Aquafed (Suez, Veolia) y el director de gestión hídrica del Banco Mundial, Abel Mejía, llevaban la batuta de mando. Según estos altos directivos, la privatización “no existe”, pero según los estudios del PSIRU, el Departamento de estudios de la Internacional de Servidores Públicos, el sector privado, no elegido por nadie, “controla más del 75% de los debates”, y lo hace bajo un lenguaje de gobernanza, manejo de riesgos, ahorro y eficiencia. Las migajas en los debates fueron para ONG que amortiguan el impacto social y medioambiental de las políticas de privatización a través de programas de microcréditos a las comunidades o contratos por prestación de servicios medioambientales. Las declaraciones de intenciones quedan para los ministerios de Medio Ambiente, que se saldaron con una división en torno a la inclusión del derecho al agua en la declaración del Foro. EE UU, Francia y Brasil vetaron su inclusión frente a Bolivia, Venezuela y Uruguay.

La diplomacia del Foro excluyó los debates incómodos y concretos, como la construcción de represas hidroeléctricas, las políticas de embotellamiento de agua o los costes sobre la población civil de la concesión de acuíferos a las grandes corporaciones industriales (sobreexplotación de aguas subterráneas, pérdida del hábitat, contaminación, enfermedades, desplazamientos de población). También se silenció a algunos activistas que lograron hablar en las conferencias apagando los micrófonos o dando órdenes a los traductores de no hacer su trabajo.

“Cuando el movimiento de damnificados por las presas quiso introducir el debate sobre las hidroeléctricas en el programa le fue negado con la excusa de que ya estaba cerrado”, señala Ercan Ayboga, activista de Initiative To Keep Hasankeyf Alive y de Otro Manejo del Agua es Posible, “así que nos condujo a crear nuestros propios debates y propuestas”.

Entre las propuestas destacó el juicio del Tribunal del Agua al Estado turco y a las sociedades de inversión europeas por las demandas interpuestas por la construcción de grandes represas.

Foro alternativo

Más de 170 organizaciones confluyeron en el Foro Alternativo, entre ellas Council of Canadiense, Democracy Now, la Red Sindical Internacional de Servicios Públicos (SPI), Instituto Polaris, Attac, Food and Water Watch o la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba. De ellas, algunas deseaban entrada y voz en el foro oficial, otras esperaban fuera para debatir sobre los partenariados público- públicos, sobre la articulación del agua como “bien común”, la resistencia ante los transgénicos o ante los biocombustibles o la coordinación de un movimiento internacional contra las hidroeléctricas que se celebrará en México en el año 2010. “No somos un mismo grupo”, señala Richard Girard, investigador del Instituto Polaris, “aunque muchos ya nos conocemos por nuestra presencia crítica en los pasados foros de México 2006 o Kyoto 2003”.

El Tribunal Latinoamericano del Agua, por su parte, comparte algunas premisas con el Foro Alternativo, pero no quiso formar parte de él para preservar su independencia y seguir cumpliendo el “debido proceso” jurídico. Según Javier Bogantes, su director, “es significativo cómo la globalización y los Tratados de Libre Comercio han priorizado el beneficio económico ante cualquier consideración sobre el entorno, lo que ha llevado a los límites del crecimiento y a una crisis de legalidad”.

EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL AGUA EN TURQUÍA

El Tribunal Latinoamericano del Agua y la Fundación Heinrich Boell, del Partido Verde alemán, llevaron a cabo un juicio medioambiental y extraoficial los días previos al Foro Social del Agua. Los acusados eran la Dirección General de Trabajos Hidráulicos de Turquía (DSI) y ministerios como el de Energía y el de Medioambiente, así como bancos europeos como Deka- Bank, Societé General y Unicredit, y la Comisión Nacional de Agua de México. Los denunciantes, asociaciones de los valles turcos del Ilisú, Curuh y Munzur, que ven peligrar el ecosistema, el patrimonio y el modo de vida en sus tierras ante la construcción de grandes represas hidroeléctricas de hasta 300 km2. En la mayoría de los casos no existe un informe de impacto medioambiental, los procesos de la justicia ordinaria han naufragado y no se ha escuchado a la sociedad civil, a la que se recomienda “entrar en la modernización”. “La verdad es que creemos que el Estado turco no escuchará este proceso”, señala Hasan Sen, activista del movimiento por la preservación del valle Munzur, “ya que es un Estado que no cumple ni sus propias leyes, pero este tipo de experiencias sirven para consolidar el movimiento local y compartir experiencias a escala más internacional”. El jurado llegó a la conclusión de que si Turquía arregla su sistema de distribución energética, en el que se despilfarra un 20% de la energía producida, ni siquiera necesitará del voltaje generado en las grandes represas. Además, concluyó que la construcción de represas en el valle del Tigris podía afectar las relaciones con Iraq y Siria. En el proceso se encontró como telón de fondo el hecho de que dos de los valles en peligro eran habitados por minoría kurda, criminalizada en todo momento por el Estado central de Turquía. El Tribunal Latinoamericano del Agua es una entidad independiente. Se fundó en los años ‘90 en Costa Rica, y ya había llevado a cabo varias audiencias en Guadalajara (México) y Guatemala. “Los miembros del jurado”, explica su director Bogantes, “son elegidos por su trayectoria ética y competencias profesionales. Siempre se avisa a las partes implicadas y se tienen en cuenta las pruebas científico- técnico presentadas”.