Las trabajadoras y trabajadores del Estado español hemos padecido la presentación de dos documentos que contienen las medidas impulsadas por el Gobierno en torno a la reforma de las pensiones, medidas que suponen:

DESIGUALDAD. Si se aprueba la reforma avanzada por el Gobierno, quienes tienen empleos más precarios se verán obligados a trabajar durante más años.

REBAJAS EN LOS TIPOS DE COTIZACIONES. Se abre la puerta a la rebaja de las cotizaciones empresariales, además de anunciar la reducción de las mismas a las empresas que paguen cotizaciones más elevadas por sus trabajadoras y trabajadores. Por otra parte se quiere rebajar las cotizaciones de las mutuas con el argumento de su supuesta eficacia en la gestión.

REFORMAS EN LA PENSIONES DE JUBILACIÓN. El Gobierno pretende alargar la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años. Quiere que coticemos al menos 17 años para tener derecho a la pensión mínima en vez de los 15 actuales y pretende hacer una reformulación del cálculo de la cuantía de la pensión alargando, de los últimos 15 actuales a los últimos 25 años, dicho periodo de cálculo para obtener la cantidad que cobraremos.

ELIMINACIÓN Y/O MERMA DE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD, ORFANDAD Y VIUDEDAD. Se propone la creación de una reglamentación que permita a las empresas, a través de sus servicios médicos, definir las situaciones de bajas y altas en situaciones de enfermedad común con el control de sus propios inspectores, y solo subsidiariamente, de la Seguridad Social. Se pretende acabar con la pensión de viudedad a través de un pago único para nuevos beneficiarios, además de rebajar la cuantía de esta pensión a los perceptores actuales que se incorporen a trabajar. En cuanto a la pensión de orfandad, se busca establecer una cantidad única a distribuir entre todos los beneficiarios, independientemente de cuántos sean.

El Gobierno plantea una reforma en la que todas sus líneas, en bonificaciones, en control del absentismo, en cotizaciones empresariales, en incentivos a las contrataciones, aseguran al empresariado su planteamiento esencial respecto a este tema: la rebaja de los costes del contrato. La gestión eficaz de las mutuas, de la que se habla en uno de los documentos, se basa en el manifiesto desvío de infinidad de enfermedades profesionales y su reconocimiento como enfermedades comunes, con el consiguiente ahorro para estas mutuas y en detrimento de los trabajadores afectados, que no perciben las prestaciones a las que tienen derecho, y de los servicios públicos de salud, que hacen frente a gastos que no les corresponden. Otro despropósito de este apartado es pretender que, de manera normativizada, sean las mutuas y los servicios médicos de las empresas los que autoricen las bajas y altas medicas por enfermedades comunes desviando recursos de la Seguridad Social, mermando más su capacidad, y propiciando abusos por parte de las empresas, que son quienes las gestionarían.

CGT lleva años anunciando que esta reducción de las cotizaciones, tanto las realizadas como las propuestas, dan lugar a una importante reducción de los ingresos del sistema de Seguridad Social y, como consecuencia, a la entrada en déficit del mismo, mientras se intenta justificar una reducción de las pensiones para mantener el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social. Así, nos encontramos con un paquete de medidas que consiste en una reducción de las pensiones a través de las tres vías propuestas por el Gobierno: alargar de tiempo de trabajo, aumentar el tiempo necesario para generar la pensión e introducir unas bases cotizadoras de hace 25 años, que son mucho más bajas, para el cálculo de la cuantía.

No parece la mejor manera de asegurar un futuro digno a las personas trabajadoras pretender rebajar las pensiones en un país en el que la media por jubilación se sitúa en 874,97 euros mensuales y menos si hablamos de mermar estas cantidades a 20 años vista. Estos son los datos y de eso va este cuento. De recortes de derechos sociales y laborales, de despidos, de embargos de viviendas y subsidios de limosna, de pensiones de miseria y futuro incierto. Pero también de dividendos, de beneficios multimillonarios, de SICAV, de agrupación de capitales, de corrupción política, de manipulación mediática y sindical.

De nosotras y nosotros depende que esta dinámica no continúe y demos la respuesta frente a una agresión tan nociva y lastimosa en derechos que, inevitablemente, serán muy difíciles de reconquistar. Ahora más que nunca se hace necesaria una huelga general que haga visible en las calles nuestro contundente rechazo a ésta y todas las propuestas, leyes y gobiernos que continúen mermando el patrimonio social, nuestros derechos y nuestro futuro.