A principios del mes de agosto, la multinacional de transporte urgente UPS decidió retirar el expediente de regulación de empleo (ERE) que presentó en febrero ante la Comunidad de Madrid para rescindir el contrato de 52 de los 94 trabajadores de su centro de Vallecas (Madrid). A continuación procedió a despedir a 18 empleados de modo individual, acogiéndose a la nueva modalidad de despido barato que recoge la reforma laboral presentada en junio por el Gobierno del PSOE. Esta reforma, aún en trámite parlamentario, contempla indemnizaciones por despido de 20 días por año, en lugar de los 45 que se venían pagando.

Se trataba del tercer ERE que la empresa ha presentado en dos años para tratar de liquidar la plantilla de su sucursal vallecana. Los dos anteriores intentos fueron rechazados por las autoridades competentes, pero la central de UPS no ha cejado en su idea de cerrar este centro. Éste tiene la particularidad de ser el único de los 1.800 que tiene la empresa en todo el mundo en el que no se ha aplicado aún el nuevo plan estratégico de la compañía. Este diseño de gestión de los recursos humanos se basa en la flexibilización de las condiciones laborales y la externalización de servicios, especialmente los de transporte. En el caso del centro de Vallecas, los transportistas disfrutan de un convenio que les incluye en plantilla, en lugar de incorporarles como autónomos, así como de unos sueldos que se encuentran “por encima del valor habitual de mercado”, según han reconocido empresa y sindicatos.

Según declaraciones de UPS recogidas en Cinco Días, el centro de Vallecas “está al margen de nuestro proyecto estratégico y presenta duplicidades y redundancias con Coslada y Alvento, más modernos y eficientes”. Desde el comité de empresa destacan que la compañía ha multiplicado por tres sus ingresos desde 2009, y señalan que “si creen que están mal organizados, es un problema suyo que no tendría por qué afectar a la plantilla”.