FOTO: Atilio Orellana.

El ex-jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Menéndez, fue condenado a prisión perpetua e inhabilitado indefinidamente. También fueron condenados el exjefe de inteligencia de la policía, Roberto Albornoz, y los expolicías Luis y Carlos de Cándido, carceleros y apropiadores de casas de los secuestrados. El primero recibió 18 años de prisión, y su hermano, tres de ejecución condicional.

Los cuatro fueron juzgados por la muerte y desaparición de 22 personas. En esta causa también estaba procesado Antonio Bussi, exjefe de la 5ª Brigada del Ejército Argentino y gobernador de facto entre 1975 y 1977, así como los represores Mario Albino Zimmerman y Alberto Luis Cattaneo, quienes fallecieron mientras se desarrollaba el proceso. El primero fue excluido del juicio por razones de salud.

Éste fue el primer juicio en Tucumán donde se investiga la existencia de un centro clandestino de detención. Además, se aportó una lista con los nombres de los 293 cautivos, confeccionada por los propios represores, de los cuales 195 figuran con la observación “DF”, abreviatura de “disposición final”, un eufemismo para indicar que fueron asesinados.

Los juicios, en los que hay 779 militares y civiles acusados, fueron cancelados en 1987 por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que promulgó Raúl Alfonsín, seguidas por los indultos decretados por Carlos Menem en los ‘90.

En 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “constitucionalmente intolerables” las leyes de amnistía, y en 2007 anuló todos los indultos, gracias a lo cual los juicios se reabrieron y tomaron impulso nuevamente.

Así, Argentina es el único país de Sudamérica que, actualmente, juzga a todos sus dictadores y represores de los años ‘70, a diferencia de las amnistías adoptadas en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Sólo en Chile se encuentran abiertos procesos judiciales contra exmilitares.