No se aprovechó la Ley Orgánica de Educación (LOE) -que acaba de entrar en vigor- para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado de la enseñanza pública, sino para reforzar la privatización del sistema educativo. Ahora, para regular el desarrollo profesional del Profesorado, viene el Estatuto de la Función Pública Docente, presentado en junio por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Se trata de un borrador de Estatuto que los Sindicatos de Trabajadores de Enseñanza hemos calificado como “inquietante, regresivo y jerarquizador”. El Estatuto Básico de la Función Pública (pactado con tres sindicatos mayoritarios), a trámite en el Parlamento, contiene las líneas maestras de esta propuesta que, de seguir adelante, pone en tela de juicio la imprescindible independencia del funcionariado respecto a los gobiernos de turno.

En teoría el Estatuto debería reflejar los derechos y deberes, y poner orden en una legislación dispersa. Pero en realidad viene a poner a todo el profesorado bajo sospecha y a intentar introducir en la gestión del sistema público de enseñanza métodos empresariales muy alejados de lo que es y debe seguir siendo el trabajo docente. Una propuesta que, lejos de promover el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, la autonomía y democratización de los centros, el aumento de las plantillas, la disminución de las ratios (número de alumnado por clase), una mayor capacidad de decisión de los órganos colegiados o la mejora de las retribuciones, establece una ‘carrera docente’ en el sentido literal del término: correr y competir para llegar primero, y obtener tal o cual mérito, que permita cobrar tal o cual retribución.

Las novedades del Estatuto se basan en la “carrera docente” y la carrera docente se basa en competitividad entre el profesorado y en la facultad de la Dirección de los Centros o/y de la Inspección de informar favorablemente o no de la evaluación a la que debe someterse todo el profesorado si pretende “ascender en el escalafón”. El profesorado puede ser degradado (pérdida de los grados adquiridos) como sanción ante determinadas faltas. Otro aspecto denunciable es el complemento de especial dedicación al Centro, que introduce un complemento de productividad en la enseñanza y es un ataque al trabajo en equipo. Como sabemos que el neoliberalismo instalado en algunas capas del MEC hace que entiendan la gestión de la enseñanza como la de cualquier empresa y su propuesta de Estatuto es reflejo de esa filosofía, los STES hemos decidido plantear al profesorado y al resto de sindicatos, la necesidad de hacer todo tipo de presiones para no sólo impedir que “nos degraden”, sino para que este Estatuto sirva para dignificar la tarea de enseñar y para mejorar nuestras condiciones de trabajo.

En nuestro vecino Portugal, todos los sindicatos del profesorado se han unido para mostrar su más enérgico rechazo a la política de personal que el Gobierno de José Sócrates ha diseñado para los docentes, una política similar a la que nos pretende imponer el MEC. Por ello, el pasado 5 de octubre empezamos una campaña de información y de movilización conjunta con la Federação Nacional de Profesores (FENPROF) a través de un comunicado dirigido a los gobiernos estatales de la Península Ibérica para exigir una política de personal que reconozca la importancia de la Función Docente.