Cola ante la comisaría de Aluche (Foto Edu León)

“¿No iban a bajarlo a dos años?”. La respuesta es idéntica detrás de la recepción de un local de una asociación de inmigrantes y la barra de un bar colombiano, ambos en el barrio de San Diego, en el distrito madrileño del Puente de Vallecas. Había pasado apenas un mes desde que el director general de Inmigración, Markus González, declarara que el nuevo Reglamento de Extranjería iba a bajar de tres a dos años el periodo en el que cientos de miles de personas esperan para presentar su solicitud de residencia en el Estado español.

El entonces ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, negó sólo un día después que el Gobierno tuviera cerrada esa posibilidad, pero el anuncio había dado en el clavo. Pronunciadas de modo informal en un encuentro no incluido en la agenda del gabinete de prensa del Ministerio, las palabras de González coincidieron con las celebraciones del día de la Hispanidad y con las esperanzas de las comunidades migrantes, necesitadas de buenas noticias en medio del año más duro de la crisis.

No resulta extraña, por lo tanto, la expresión decepcionada en el rostro de la propietaria del bar de San Diego, un negocio recién inaugurado en una zona repleta de locales con la leyenda “Se traspasa” en la puerta. Unos metros más allá, en el local ya limítrofe con el barrio de Entrevías, la recepcionista se mostraba sorprendida al conocer, de labios de un grupo de militantes, el mentís del ministro Corbacho. “A mí no me afecta, pero mucha gente viene a preguntarnos a la asociación para saber cómo sacarse los ‘papeles’”, afirmaba con un semblante más resignado que alarmado.

Meses después de esa mañana de domingo, el Gobierno sigue sin aprobar la normativa que desarrolla las disposiciones de la Ley de Extranjería, cuya última reforma cumplió un año en diciembre. Oficialmente, ninguna organización ha podido acceder a los borradores, lo que contrasta con las declaraciones parlamentarias de Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración, quien a finales de 2010 afirmaba que el Reglamento se encontraba ya “en fase de diálogo social”. Pese a que su aprobación es técnicamente posible en cualquier Consejo de Ministros, el Reglamento acumula un retraso de ocho meses con respecto al calendario previsto en su día por el Gobierno.

La teoría y la práctica

Este verano, Carmen Cócero, al frente del área de la Delegación del Gobierno de Madrid que revisa los expedientes de regularización conocidos como ‘arraigo social’, estimaba en un 80% el porcentaje de solicitudes denegadas en la provincia. El dato daba el contorno real de lo que está pasando en Madrid con el principal mecanismo previsto en la ley para obtener los ‘papeles’ una vez que se está en territorio español: un bloqueo administrativo que la funcionaria, en su exposición durante un curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, no tenía reparos en relacionar con la situación de crisis económica.

“Existe un pánico generalizado de que el Reglamento acabe tocando el arraigo”, afirma desde Sevilla la abogada Pastora Filigrana García, de la Oficina de Derechos Sociales (ODS). De hecho, en la provincia ya se está aplicando la política que, de trasladarse al Reglamento, instituiría el temido cerrojazo: desde hace un año, cada oferta de trabajo que acompañe a las solicitudes debe estar incluida en el servicio andaluz de empleo y no contar con aspirantes nacionales.

La última reforma de la Ley de Extranjería abría esta posibilidad, al confiar al Reglamento una redefinición del tipo de contratos que se pueden presentar con el arraigo social. Hasta ahora, dicho procedimiento se había mantenido libre de las limitaciones de la contratación hecha desde el país de origen, que debe estar ceñida a las ocupaciones de difícil cobertura, aquellas que rechazan los españoles.

Dicho catálogo, que se revisa cada tres meses, sólo incluía en su edición de enero de 2011 cinco especialidades en medicina como ofertas viables para toda la provincia de Madrid. De las 52 provincias del Estado español, sólo 13 han registrado ocupaciones de difícil cobertura en el catálogo vigente para este trimestre.

La reforma aprobada en diciembre de 2009 especificaba en el artículo 40 que el Reglamento debería definir si la vía del arraigo social continuaría siendo excepcional en ese sentido. En el contenido de esa letra pequeña se juega el futuro inmediato de la bolsa de sin papeles existente en el Estado español: apenas 300.000 personas, según los cálculos de la Secretaría de Estado de Inmigración; en torno al millón de personas, según un consenso que apenas ha variado desde la regularización extraordinaria de 2005.

Para Hassan Ardoun, un marroquí treintañero que reside en el barrio de Doña Carlota (Puente de Vallecas, Madrid), la respuesta a su solicitud de arraigo se prolongó siete meses. Según señalan algunas asociaciones de inmigrantes y las asesorías legales, no es una excepción. Hace tan sólo un año, en Madrid la respuesta típica demoraba apenas dos meses. Este licenciado en Historia, bilingüe en árabe y francés, con un español más que correcto, vio cómo su solicitud con un contrato de servicio doméstico fue rechazada. En marzo habrá pasado un año desde que presentó los papeles, y todavía no sabe si podrá acceder a la tarjeta de trabajo con la que podrá respirar tranquilo al salir a la calle y cotizar mínimamente a la Seguridad Social. Su recurso a la denegación espera respuesta desde noviembre.

Lo que no sabían ni Hassan ni los abogados de la asociación donde milita, es que los contratos de servicio doméstico con más de un empleador están siendo rechazados sistemáticamente por la Delegación de Gobierno en Madrid. Así lo reconoció Cócera en su charla del Colegio de Abogados. Ante las preguntas de los asistentes, la funcionaria sólo precisó que esta política obedecía a “instrucciones”.

“Al menos en Málaga esos criterios no se están aplicando todavía”, precisa Amanda Romero, abogada de la ODS-Coordinadora de Inmigrantes de Málaga. Todavía basta con que los empleadores presenten una declaración de IRPF que demuestre su solvencia económica. No obstante, este criterio se está exigiendo también a los demás tipos de contratos, circunstancia que no se daba en la provincia hasta los últimos meses. “Este requisito se exige para el caso de las solicitudes de las autorizaciones B iniciales, pero en ningún caso para solicitudes de arraigo, no viene ni en la actual Ley ni en el actual Reglamento”, recuerda Romero.

Bloqueo desigual

Con diferentes ritmos e intensidades, el endurecimiento del acceso a los papeles se está produciendo en todas las provincias ya desde antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería. El abogado Adolfo Gutiérrez refería en un informe para la red Ferrocarril Clandestino cómo la práctica administrativa suele anticipar los cambios legales. “Esta práctica [...] ya la hemos visto en el caso de las reagrupaciones de ascendientes menores de 65 años. El año pasado [en referencia a 2009, nota del redactor] se denegaban una gran mayoría de las reagrupaciones de ascendientes que no tuvieran más de 65 años argumentando ‘que no se demuestran las razones que justifican la estancia en España’.

Poco después en la modificación de la Ley de Extranjería se impuso el límite de los 65 años para los ascendientes reagrupables” señalaba Gutiérrez, quien planteaba abiertamente la posibilidad de que el Gobierno busque un cambio radical –un cerrojazo– en la política de extranjería. Los controles de identidad, que en 2010 no aumentaron las cifras de expulsiones, invitan a pensar en una dramatización gubernamental de esta nueva línea en política de extranjería. Una puesta en escena que adquiere rasgos grotescos con testimonios como el de Ardoun que narra cómo la web del Ministerio Administraciones Públicas –a través de las que se solicitan on line las citas para presentar los papeles– sólo activa ese formulario entre las 00:00 y las 00:05 de la noche.

Oscurantismo oficial

¿Qué pasará, entonces, con el Reglamento? Carlos Gómez Gil, director del Observatorio de Inmigración de la Universidad de Alicante, prefería no hacer previsiones, pero no ocultaba su escepticismo sobre la posibilidad de que se apruebe una rebaja en el período para poder solicitar la tarjeta: “A estas alturas, es dificil creerse nada de este Gobierno”, remachaba. Al final de la cadena, una administrativa de una comisaría de policía da su visión. “Se siguen aprobando miles de tarjetas en los sectores de hostelería, limpieza y cuidados”, dice esta funcionaria, por cuyas manos pasan las solicitudes de arraigo ya aceptadas, listas para el proceso final de identificación. “España se pararía si estos sectores dejaran de disponer de mano de obra”, aventura.

Desde esa perspectiva, relacionar los arraigos con los actuales catálogos de difícil cobertura condenaría a decenas de miles de personas a trabajar en negro prácticamente de por vida. ¿Es ésa realmente la apuesta del Gobierno? Desde el grupo de asociaciones que en diciembre denunciaron el oscurantismo con que se está cocinando el Reglamento –Ferrocarril Clandestino, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid–, se espera que la reforma acabe con la fórmula del arraigo laboral, escasamente utilizada, y que replantee los criterios de selección de los catálogos de dificil cobertura.

En Italia, una de las últimas vueltas de tuerca de la política de extranjería vino acompañada de una regularización a pequeña escala. A esperas de que se conozcan los primeros borradores del Reglamento, la versión española del cerrojazo ‘a la Zapatero’ bien podría incluir una amnistía para los inmigrantes que han perdido sus tarjetas por haberse quedado sin empleo, a la vez que se cierra la puerta a todos los demás. Hasta el próximo ciclo de crecimiento económico.