Han tenido que pasar seis años para que la Audiencia Provincial de Málaga resuelva y condene al agente policial autor de la agresión. Una falta de lesiones que se salda con tres meses de prisión y 6.100 euros de indemnización. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que proporcionó la defensa al afectado para la acusación particular, denuncia el retraso indebido para el juicio y la escasa pena impuesta. El proceso podría haberse resuelto en seis meses, aseguran desde APDHA, y de ser el policía el agredido la pena hubiera sido de cuatro años de prisión por atentado y de 6 a 12 años por la lesión de un órgano principal como es el ojo. El funcionario no ha sido apartado ni sancionado por el Estado, lo cual será requerido por la APDHA.

Según la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, en 2009 se han documentado 81 denuncias por torturas y malos tratos en Andalucía. En los últimos 8 años han sido denunciados en el Estado español 5.334 funcionarios.

Por la naturaleza de estas agresiones cometidas por quienes debían de velar por la seguridad de la ciudadanía, es presumible un elevado número de casos que permanecen ocultos e impunes. Incluso el antiguo relator especial sobre la Tortura de la ONU, Theo van Boven, explicaba sobre el Estado español, que los casos de tortura y malos tratos no constituyen "una práctica regular pero, a su juicio, su ocurrencia es más que esporádica e incidental". Pero más preocupante aún es que los casos que salen a la luz sean tratados con semejante desidia, lentitud y tibieza por el sistema judicial.