“El niño era muy guapo, le pusieron la ropita y me lo iban a dar, pero dijo la monja que se lo llevaban a la incubadora porque le faltaban 50 gramos. Nunca más lo vi. Nació el 9 de diciembre de 1977 en la clínica Monsalud de Barcelona y lo llevaron a la infantil Stauros. Pasaron nueve días y cuando fui a por él había muerto. No vimos el cadáver.

Cuando me volví a quedar embarazada, mi médico pidió el informe de mi hijo. Pero la clínica dijo que no constaba ese niño allí. Mi suegro me confesó entonces que cuando visitó la sala de incubadoras, estaba vacía. Siempre he creído que me lo robaron, no supe a dónde acudir. Éramos muy jóvenes”, cuenta Gemma M.V., madre de Roger, el bebé dado por muerto.

Después de leer la información publicada en el último número de DIAGONAL sus sospechas cobraron fuerza. Gemma se ha dirigido al abogado Fernando Magán que está al frente de la denuncia de otros casos similares. Un proceso judicial abierto en Madrid que continúa. El juez que lo instruye ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre las competencias para juzgar, por primera vez, estos crímenes.

Cruz Martínez, presidenta de la extinta Derecho a Saber, cifra en miles los bebés robados durante el Franquismo. Estos casos no se limitaron a Madrid o Barcelona, existen más en todo el Estado español. En Bilbao se articuló una trama organizada por Mercedes de Grass con curas y médicos. [ver DIAGONAL nº110]. “Estos hechos son delictivos y perseguibles porque se insertarían en el marco de los delitos del Franquismo, se cometieron por motivos políticos, y son imprescriptibles como crímenes contra la humanidad.

Aunque estos delitos no hubieran estado tipificados en España en el momento de su comisión, ya eran perseguibles según el Derecho Penal Internacional, y esta tipificación es válida según el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que sigue al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, que España ratificó en 1979. También es necesario atenerse al Auto de Garzón. Esto ya se ha aplicado en el Caso Scilingo”, reconoce la magistrada Garbiñe Biurrum, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco.

Pero el Estado español no ha iniciado todavía ninguna investigación. “En 1999 presentamos una proposición no de ley para que los adoptados en la Dictadura pudieran acceder a sus datos biológicos. No se aprobó. Los hechos salpican a la Iglesia y a familias con mucho poder”, dice Virtudes Hernández, quien fue sacada de la inclusa de Murcia (1957) y dada en adopción a una familia de Alicante. La gestión la hizo un cargo de la Iglesia. A su madre le dijeron que había muerto.

La excusa de las incubadoras
En los ‘60, las madres ya iban a los hospitales a dar a luz. A la maternidad de O’Donnell (Madrid) fue de parto la madre de Mar Soriano en 1964. Se llevaron a su hermana a la incubadora y no la vieron más. No les enseñaron el cuerpo y el doctor Villa certificó una muerte por otitis. Años después, cuando Mar tuvo a su primer hijo y lo llevaron a la incubadora, su madre le dijo: “No lo pierdas de vista”.

“Se sabía que se conseguían bebés a gentes con dinero. En O’Donnell en los ‘60 había un grupo de médicos ultraconservadores, como José Botella Llusía o Ignacio Villa Elízaga, entre otros. Sería necesario ver los niños registrados como feto o mortinato. La legislación permitía registrar como feto muerto al que fallece con menos de 24 horas. Era muy fácil engañar a la familia: ‘Su hijo nace mal, está en una incubadora’. A la vez, se ingresaba a la madre adoptiva por parto, un ginecólogo firmaba, y ésa era ya la madre legal y aparentemente biológica”, señala un médico de un centro madrileño que no quiere revelar su nombre. Ser madre soltera era un estigma.

Muchas mujeres sin recursos, incluso criadas violadas por el ‘señorito’, se veían obligadas a dejar temporalmente a sus hijos en las casas cunas con la promesa de las monjas de cuidarlos. Cuando volvían, los bebés habían muerto. Belén Estevan nació en 1952. Su madre se quedó embarazada soltera, y dejó a la recién nacida dos semanas en la inclusa de Astorga (León). Cuando volvió, había muerto. La niña vivía ya en Alicante con otro nombre. El nuevo padre era un dirigente de Izquierda Republicana, represaliado, pero con prestigio. “Mi padre hizo un favor a un franquista de León y éste le dijo: ‘Pídeme lo que quieras’.

Mis padres no tenían hijos y de la noche a la mañana llegué yo. Una matrona firmó el parto de mi madre adoptiva”, señala Belén. A los 16 años su novio le dijo que era adoptada, entonces fue a Astorga pero la monja nunca le dio los papeles. Años después un detective encontró a su familia en Asturias. “Llamé y pregunté a mi madre cuántos hijos tenía: ‘Tres y una niña que murió’. ‘Yo soy esa hija’, le dije, casi se muere”, relata Belén Estevan.

Las chicas con ‘posibles’ viajaban lejos. Carmen, que prefiere no revelar su nombre real, se quedó embarazada en los ‘70, era menor y su padre, militar en Canarias, le buscó un ‘arreglo’. Un cura diseñó el recorrido. De Canarias a Madrid, de ahí a Granada. Allí ingresó en la residencia de monjas Villa Teresita. La mayoría de las embarazadas que había dejaban a sus hijos, sin firmar consentimiento alguno. Carmen dice que el médico que las atendía le propuso quedarse con el bebé. Se negó. Entonces, fue trasladada a Valencia, a punto de parir, e ingresó en una clínica del centro. La durmieron y cuando despertó el bebé no estaba.

PADRES AFECTOS AL RÉGIMEN

Todos los datos apuntan a que los padres adoptivos de bebés robados tanto a presas republicanas, como a mujeres sin filiación política, eran afectos al Régimen. Los que manejaban las tramas también estaban en la órbita franquista. Muchos padres cómplices falsificaron documentos y pagaron importantes cantidades de dinero. Además, solían tener una buena posición económica y un único descendiente, el adoptado. Los recién nacidos iban a parar a militares, médicos, familiares de las monjas, recomendados de los curas, políticos e incluso jueces. El tiempo en las incubadoras servía para perpetrar el delito. Los hijos han descubierto esta maraña después, a los 40, 50 y 60 años en el mejor de los casos. Las madres biológicas se han llevado la duda a la tumba.

“ESTAMOS HABLANDO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”

M.J.E.P.

Fernando Magán representa a varias asociaciones de memoria histórica y a familiares que piden que se investiguen los crímenes del Franquismo, entre ellos los casos de niños robados. “Como persona, como abogado y actuando a favor de estas víctimas, creo que la Justicia tiene la obligación de investigar. Si se demuestra –continúa Magán– que estos hechos han sido masivos, que han tenido lugar en toda nuestra geografía, y que se han producido al amparo de la impunidad política de la dictadura, sólo podríamos estar hablando de crímenes de lesa humanidad.

Hay nuevos casos abiertos en Bilbao y Madrid, pendientes de mayor investigación. También en Barcelona. Otra localización importante en Cádiz y su entorno, donde se podría iniciar ya actuaciones judiciales”. A la pregunta de si el Estado debe exigir que se abran los archivos de la Iglesia donde se guarda la identidad de miles de adoptados, Magán responde afirmativamente. “Los archivos eclesiásticos son privados, y por encima de cualquier consideración, la Iglesia estaría obligada a abrirlos para esclarecer hechos que afectarían a los derechos elementales de las personas. Salvo peculiaridades, que se amparan en el culto, la Iglesia legalmente no tiene ningún privilegio especial”.