El periódico Proceso nació en el año 2001 como un espacio para el debate y la discusión en un momento de profundos cambios políticos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela. En el año 2006 el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI) reconoció su labor informativa –en especial durante los días del Golpe de Estado de 2002– con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo.

DIAGONAL: ¿Por qué y para qué nació Proceso?

ROSA DI FALCO: En 2001 Venezuela estaba pariendo una nueva arquitectura política y una nueva configuración legal. Ya la actual Constitución estaba en vigor y se aprobaron 49 leyes habilitantes por la vía presidencial. Fueron 49 leyes detonantes del quiebre de las relaciones de poder vigentes hasta ese momento, en especial dos de ellas: la ley de hidrocarburos y la ley de desarrollo agrario. Esta ruptura impulsó la agenda política para un golpe –que se concretaría un año después–, la derecha estaba en pleno apogeo, y en ese mismo año salimos a la calle, marcados también por esa agenda, para reventar a la derecha y facilitar herramientas de debate político-ideológico a las bases. Iniciamos este proyecto comunicativo porque creemos que es fundamental desarrollar este frente como frente político de batalla en la lucha por una nueva hegemonía. Está clarísimo en el proceso latinoamericano y específicamente en el venezolano, pero ni es fácil ni sencillo. No se trata de dos polos –izquierda y derecha–, sino de múltiples bloques de poder que sustentan las distintas formas de comunicación política que hemos aprendido.

D.: ¿Cómo son las relaciones entre el Gobierno bolivariano y los medios alternativos?

R.F.: El MINCI no tiene una política coherente hacia los medios comunitarios y alternativos. Hay esfuerzos para construirla, pero con un nivel de dispersión impresionante. En múltiples ocasiones convocamos al Ministerio a la mesa de la CANTV, una de las iniciativas más interesantes de los últimos años. Se trata de una mesa de articulación entre el Estado (en este caso la empresa de telecomunicaciones que fue renacionalizada en 2007) y los medios alternativos, que nació hace dos años. Está concebida para estructurar una nueva relación –hasta entonces casi inexistente– entre ambos actores. El proceso constitutivo fue políticamente muy enriquecedor y abrió debates necesarios que plasmaron la gran diversidad de los medios alternativos. Finalmente el MINCI se sentó a la mesa, pero cuando se plantearon propuestas para que la financiación no generara una relación clientelar con el Estado, para que las relaciones con los medios alternativos se dieran desde otro enfoque, se levantó y se fue. Afortunadamente ha vuelto a reincorporarse.

D.: ¿Qué balance haces en estos diez años de las políticas de comunicación del gobierno bolivariano respecto a los medios alternativos y comunitarios?

R.F.: Mi balance general es de cierto fracaso, porque aunque ha habido experiencias muy interesantes, éstas han sido puntuales y no han incidido en una política pública coherente. La cuestión comunicacional es profundamente política, y el qué comunicar es una acción política que debe sumar en dirección al proceso. Por ello el objetivo es convertirnos, entre todos, en los directores colectivos que le den coherencia a esas políticas.