LAMAR SMITH, en el centro de la imagen, es uno de los máximos promotores de la Stop Online Piracy Act. Foto: Talk Radio News Service.

Versión de la SOPA presentada por el senador Smith el 12 de diciembre.

Desde finales de octubre, el Senado de EE UU ultima los detalles para refrendar la Stop Online Piracy Act, más conocida como SOPA. Bajo la excusa de regular el intercambio de archivos protegidos por copyright en internet, esta propuesta de legislación federal pretende establecer un mecanismo rápido para bloquear sitios web a petición del Departamento de Justicia, sin mediación de un juicio. En principio, el proyecto preveía que los propietarios de los derechos supuestamente infringidos tuvieran potestad para cerrar webs, pero la movilización de activistas y, sobre todo, de empresas del sector ha convencido a quienes cocinan la SOPA para modificarla. El texto definitivo se conoció el lunes pasado y se someterá a votación de los senadores a finales de esta semana.

Con la SOPA, si un propietario de copyright sospecha que un sitio web viola la licencia de su producto, enviará una carta al dueño del sitio para que lo elimine en un plazo de cinco días. Si consigue que la carta la envíe el Departamento de Justicia, la petición será de cumplimiento obligatorio y también las proveedoras de conexión a internet y de nombres de dominios (DNS) tendrán que bloquear el acceso. La primera versión de la SOPA establecía que los anunciantes y las intermediarias de pago como Visa o Paypal cortaran el grifo a las webs presuntamente infractoras simplemente con la queja del propietario de los derechos. Sin embargo, las críticas han conseguido que la congelación de ingresos no se pueda hacer sin un dictamen judicial.

La asfixia financiera fue sugerida por la consejera de políticas públicas de Google, que acudió como experta al Senado y citó el ejemplo de Wikileaks como caso de éxito: “Si ustedes pueden conseguir que la industria en conjunto ahogue su publicidad y paralice los pagos a estos sitios, sería eficaz sin tener que introducir daños colaterales como la libertad de expresión o la propia arquitectura de internet”. No obstante, según SOPA, Google también tendría que eliminar de los resultados de su buscador las páginas sospechosas a petición del Ministerio Fiscal. En cualquier caso, todas las proveedoras de servicios tendrán inmunidad respecto a posibles demandas de webs afectadas, que sólo podrían exigir responsabilidades a los dueños de los derechos si demuestran que les denunciaron de mala fe.

Los apagones no sólo afectarían a las webs de EE UU porque este país concentra la mayor parte de la infraestructura de la red, que por tanto está bajo su jurisdicción. En territorio norteamericano se encuentran numerosas empresas que albergan en sus servidores contenidos de todo el mundo y también la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organización sin ánimo de lucro que guarda el registro de nombres de dominios. Es más, la SOPA establece que el fiscal general de EE UU podrá exigir un mandamiento judicial para bloquear aquellas páginas extranjeras que “roban y venden innovaciones y productos americanos”.

Amenaza para la participación

Defensores de la cultura libre como las fundaciones Free Software, Electronic Frontier o Wikipedia levantaron la alerta en cuanto se conocieron los primeros detalles de la ley. En un comunicado emitido por Creative Commons se califica de “amenaza” porque otorga a los titulares de los derechos “una vía rápida para cerrar páginas web enteras”, por crear conflictos entre los servidores DNS que facilitan ataques cibernéticos y porque “promueve la censura a nivel global”. No en vano, la técnica de bloqueo de DNS es la misma que practican los gobiernos de China e Irán para ejercer censura política. Además, según esta organización, la SOPA aumentará drásticamente los costes y riesgos de la creación de plataformas para el intercambio y la colaboración, por lo que pondrá en peligro la continuidad de las comunidades de software y obras libres.

Pero no sólo afectaría a las prácticas colaborativas y horizontales en red, sino también a la innovación empresarial. Gigantes como Google, Facebook, Twitter, Yahoo, LinkedIn e Ebay se han posicionado en contra porque sus servicios se verían perjudicados y supondría trabas al desarrollo del comercio electrónico. Hasta la Business Software Alliance cambió de idea y decidió dejar de apoyar la SOPA porque “va demasiado lejos”. Quizá por estas presiones, el proyecto de ley definitivo repite la frase "dentro de lo técnicamente factible y comercialmente razonable" tras cada medida de bloqueo que decreta y deja abierta la posibilidad de que las empresas afectadas se defiendan si consideran que les supone demasiado gasto económico ponerlas en marcha.

Entre quienes la han apoyado desde el principio están lobbies de la industria cultural como RIAA (discográficas) y MPAA (cinematográficas); las mayores desarrolladoras de software Apple, Microsoft y Adobe y farmacéuticas como Pfizer. La industria del copyright se ha opuesto a reformulaciones garantistas propuestas por algunos senadores, que han tratado sin éxito de introducir en la norma a otras entidades reguladoras y más vías de defensa para las webs.

‘Game over’ para la privacidad

En la práctica, los mecanismos de control que exige la SOPA supondrían el fin de las tecnologías que permiten la navegación anónima (Tor), burlar el bloqueo de DNS (proxies) o el intercambio distribuido de archivos (las redes peer to peer, o P2P). Incluso los proveedores de internet podrían verse forzados a espiar los correos electrónicos para asegurarse de no ser corresponsables del tráfico de material protegido. Además, según la organización Public Knowledge, la redacción del proyecto es tan ambigua que el hecho de que un consumidor norteamericano utilice una página web “da inmediatamente potestad a EE UU para actuar contra ella”.

Aún menos digerible es la PIPA (Protect Intellectual Property Act), que fue promovida por el Senado en mayo. Este proyecto ya sufrió un varapalo cuando, en junio, varias de las entidades de capital de riesgo que invierten en la Web 2.0 firmaron una carta conjunta que aseguraba que “acabará con la inversión en servicios de internet y hará daño a la competitividad americana”. Se quejaban de que los usuarios buscarían alternativas fuera de EE UU. Después fue reformulada en la E-parasites (Enforcing and Protecting American Rights Against Sites Intent on Theft and Exploitation Act), parecida a la SOPA pero con más instrumentos para actuar sobre webs extranjeras. Su desarrollo sigue su curso y podría ser el plan B de los lobbies industriales en caso de que la SOPA no prospere.

El ACTA, telón de fondo

Estas regulaciones se encuadran dentro del tratado internacional conocido como ACTA, que tiene como objetivo armonizar los mecanismos que garanticen la propiedad intelectual a nivel mundial.

Bajo la óptica del ACTA, el presunto criminal a perseguir será el usuario, para lo que será necesario monitorear toda conexión a internet y controlar qué páginas visita y qué información envía y recibe. Para ello, el ACTA pretende que todos los países involucrados impongan estas labores a las empresas proveedoras de conexión. La actividad diaria en internet será así observada por entidades privadas, que buscarán los momentos en los que se envíen o descarguen contenidos protegidos con copyright.

La implantación del ACTA en la Unión Europea se espera en los próximos meses. Sin embargo, el acervo legal europeo no está preparado para este tipo de regulaciones. El Tribunal de Justicia de la UE ha recordado en una sentencia reciente que el derecho a la propiedad intelectual no puede aplicarse en términos absolutos, sino que tiene que ponderarse con otros derechos como los de protección de datos personales, información y comunicación y libertad de empresa. La sentencia afirma que ningún Gobierno europeo puede obligar a los proveedores de internet a que vigilen si sus clientes utilizan P2P. Así ha acabado el litigio que una empresa belga comenzó en 2004 cuando su Gobierno pretendía que cortara el servicio a sus clientes infractores.

Esta sentencia podría dejar obsoletas leyes como la Hadopi francesa, que establece la monitorización para que, cuando se detecte que una persona intercambia archivos protegidos, se le amenace con cortarte la conexión. Así, la Comisión Europea se vería obligada a cambiar su opinión, hasta ahora favorable a que la firma de ACTA se traduzca en una legislación parecida a la SOPA.