Los EE UU en plena guerra contra el primer sandinismo y las fuerzas insurgentes en El Salvador y Guatemala, se parapetaron bajo territorio hondureño con el fin de destruir la experiencia nicaragüense. Así, se crearon bases militares como Palmerola y Puerto Castilla desde las que impulsaron la estrategia contrainsurgente.
El grado de servilismo de su oligarquía no tiene parangón. Sirva como ejemplo la votación para instalar la base de Puerto Castilla: a favor los 44 diputados del Partido Liberal y los 34 del Partido Nacional. Así, el entonces presidente Roberto Suazo Córdova y el general Gustavo Álvarez obtuvieron una suculenta recompensa. Acabaron por asentarse en el poder político y dejar atrás la etapa de gobiernos militares, promulgando una constitución a su medida. El fantasma de los golpes de Estado, después de un siglo de intentonas, alzamientos y Gobiernos afincados en la doctrina de la seguridad nacional se difuminaba.
Si habían sido escasos los momentos de reformas democráticas, ahora se avecinaba un tiempo de estabilidad institucional. En el recuerdo quedaba la experiencia del entonces presidente Villeda Morales (1957-1963), un liberal derrocado por el coronel Oswaldo López Arrellano bajo el pretexto de “la siniestra amenaza que representa la infiltración de agitadores y guerrilleros comunistas”.
La nueva alianza entre la oligarquía, las fuerzas armadas y EE UU era más sólida. Presentaba menos fisuras. Se luchó sin tregua por evitar la emergencia de cualquier propuesta democrática, aplicando los criterios de guerra preventiva, sin importar el costo en vidas humanas y en armamentos. No hubo tregua. Incluso hoy vemos sus repercusiones. El actual ministro asesor, capitán Guillermo Joya Améndola, nombrado por el Gobierno de facto de Micheletti, dicho sea de paso, 28 años presidente del Congreso, fue el principal responsable del batallón 3- 16 encargado de asesinar, torturar y desaparecer a los militantes de la izquierda en los años de Guerra Fría. Acusado de crímenes de lesa humanidad, se refugió en España. Hoy goza de total impunidad.
Igualmente, en el ámbito regional, dieron rienda suelta a la ‘contra’ para hostigar al Gobierno constitucional del FSLN en Nicaragua. EE UU se mostraba encantado con el grado de sumisión y acatamiento de las políticas diseñadas en el Pentágono y la Casa Blanca. Para dejar constancia de su agradecimiento, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial otorgaron un mayor volumen de dólares encubierto en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986.
Así emergía un régimen político donde los militares pasaban a segundo plano en beneficio de una élite política entregada a la militarización de la sociedad. Se sacudían de la noche a la mañana el sambenito de ser un país propenso a golpes de Estado. Y no podía ser menos. En el siglo XX, entre las tres primeras décadas hasta la dictadura de Tiburcio Carias (1933-1948) se sucedieron 14 gobiernos y 159 acciones de guerra civil. Mientras tanto, en el siglo XIX se habían producido 98 cambios de gobierno y computados 213 acciones de guerra civil.
Régimen constitucional vigilado
Ahora, la gobernabilidad venía de la
mano de procesos electorales y de
un poder civil que conocía los límites
de sus reformas. Mientras duró la
Guerra Fría todos tenían claro su cometido.
La existencia de un régimen constitucional vigilado era funcional a los dos grandes partidos, liberales y nacionales. Aunque desde las filas liberales hubiesen voces descontentas que pedían a gritos un cambio. La solución era perfecta haciendo funcionar un sistema en el cual los gobiernos se sucedían sin poner en cuestión las estructuras oligárquicas ni afectar los intereses de los terratenientes y grandes empresarios. Y lo mas destacado, sin tocar la estructura de las fuerzas armadas ni sus códigos de actuación. Su rol de vigilancia sobre la sociedad civil y los gobiernos se mantiene impoluto.
Durante la Guerra Fría, aumentaron los índices de miseria, enfermedades sociales, la desnutrición y el hambre, tanto como las empresas de maquila, el narcotráfico y el poder de las oligarquías terratenientes aliadas al capital transnacional, en un país con economía de enclave.
El sucesor de Suazo, el liberal José Azcona Hoyos, no se ruborizó al justificar el papel que cumplía Honduras en la estrategia diseñada por EE UU diciendo que “un país pequeño como Honduras, no puede permitirse el lujo de tener dignidad”. Tales palabras parecen corroborar la idea de que Honduras es una república bananera. La pérdida de soberanía y la renuncia a ejercer el derecho de autodeterminación sobre su territorio escoció a los hondureños demócratas tanto como la frase pronunciada en 1929 por el entonces presidente de la Cuyamel Fruit, empresa más tarde anexionada a la United Fruit, Samuel Zemurray, refiriéndose al valor de los diputados hondureños a la hora de comprar sus servicios: “Un diputado en Honduras cuesta menos que una mula”.
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