El Gobierno ecuatoriano ha condenado a la multinacional española Repsol YPF por derramar toneladas de crudo en los límites del parque Yasuní, una de las regiones con mayor diversidad biológica del mundo. Además de por delito ecológico, la compañía ha sido denunciada por mentir: el petróleo derramado no se corresponde a cien barriles, como declaró, sino a unos 2.500 barriles (incluyendo el agua de formación). En este caso, la laxa legislación medioambiental ecuatoriana establece una multa irrisoria por falsa información e impacto ambiental: Repsol no pagará más de 50.000 dólares por el vertido. En otros lugares donde opera la multinacional, como la provincia patagónica del Neuquén, la contaminación del agua y sus implicaciones en la salud de los habitantes ni siquiera es tipificada como delito. Las denuncias a la petrolera conllevan ataques y amenazas de muerte.
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