DIAGONAL: ¿Cómo se materializa la defensa de los derechos humanos en la reforma de los organismos policiales?

CALIXTO ÁVILA: Es importante la reivindicación permanente de la defensa de los derechos humanos (DD HH), tanto en la función policial como en la sociedad en su conjunto. Y esto pasa por convencer a sus destinatarios: de nada sirve la teoría si no logras convencer a las personas de la necesidad de esos cambios, que es necesario tener una cultura de DD HH que dignifique al policía en sí mismo y que, al tiempo, dignifique a la sociedad.

La policía durante años ha vivido en condiciones humanas bastante precarias, lo que dificulta muchísimo el ejercicio de su función. Entonces se la dignifica y fortalece su autoestima, pero la mejora del nivel de vida se debe acompañar de un sistema disciplinario bastante sólido, que se aplique en todos los casos de corrupción y de delincuencia dentro de la policía. Es necesario un mecanismo de control y una disciplina muy férreos con un alto nivel de sanción, de lucha contra la impunidad, también en casos de infracciones disciplinarias, que permita mantener un proceso de depuración permanente.

El tema es cambiar el paradigma, de cultura. La propuesta en Venezuela pasa por un cambio en el modelo policial, no sólo es cambiar el componente humano de la policía, es un proceso a largo plazo, y no simplemente ornamental, exterior, sino profundo. Conjugando varios componentes.

El cambio de modelo está siendo acompañado por defensores de los DD HH que están trabajando en él desde su concepción. Por ejemplo, éstos fueron invitados a participar en una de las primeras iniciativas, la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol). Esta presencia durante el diseño y la implementación de las estrategias de cambio es una garantía de que el proceso puede dar buenos resultados. Ese tipo de participación es muy rara en los modelos latinoamericanos.

En Venezuela los defensores de DD HH han entrado a formar parte de las propuestas sin haber renunciado a la defensa de las víctimas de los abusos. Hay un proceso de formación bastante sólido, que es en lo que se está en este momento. Es importante que la formación pase por poner los derechos humanos en el centro, y eso pasa por desmontar permanentes ‘antidisvalores’, o valores contrarios a los derechos como el racismo, la homofobia o la violencia de género, que están muy presentes en la sociedad venezolana.

Otro ejemplo es el tema de la criminalización de la juventud. En este país, ser joven y pobre te hace más vulnerable a la violencia policial. Los nuevos programas, las líneas de trabajo, pasan por acercar a la policía a los sectores populares, a los sectores donde están los jóvenes e incorporarlos en sus actividades para desmontar todo ese modelo criminalizador que hay en las policías.

Los cambios pasan también por una propuesta nueva pedagógica que hace uso de las doctrinas de Paulo Freire y que considera que el modelo educativo es un modelo dialogante. Esto se ha reflejado en que, por ejemplo, no se ha hecho una escuela de formación de policías, sino que se ha hecho una universidad, la UNES, lo que expresa una ambición en términos de formación.

D.: Esto remite a la necesidad de una voluntad política firme...

C.A.: Ése es el gran riesgo, que lo que se implemente se vuelva a desmontar. No hay que olvidar que esta reforma se inició solo hace tres años por un gGobierno que ya lleva once en el poder. La Conarepol data de principios del 2000, y sin embargo no se logra materializar hasta finales de la década. Es evidente que ha habido una serie de obstáculos, y que éstos pueden persistir, lo que puede llevar a que este proceso caiga.

El diseño, la concepción de una reforma a largo plazo y ambiciosa que se pueda consolidar amerita un alto nivel de conciencia política. El consenso y la voluntad políticos son claves para poder lograr los cambios. Y la cantidad de recursos y de esfuerzos que se le destinen.

D.: Pero los esfuerzos por una reforma policial ¿siguen coexistiendo con un alto grado de impunidad?

C.A.: El problema de la impunidad en Venezuela es estructural. Los niveles de impunidad son altísimos. Son muy pocos los casos que terminan con sanciones a los responsables, y no sólo con sanciones, sino estableciendo la verdad de los hechos. Eso ha incentivado la violación de los derechos humanos por parte de los cuerpos policiales. Cuando sucedieron los hechos del "caracazo", en 1989, por ejemplo, la mayoría de los funcionarios policiales creían que, durante el estado de excepción “no pagaban los muertos”, que no deberían de rendir cuentas, que tenían licencia para matar.

Durante los cursos de formación en la UNES antiguos agentes de la Policía Metropolitana, –afortunadamente disuelta– nos decían que no sabían “que no podíamos disparar contra la gente, que estaba prohibido y que tendríamos responsabilidades posteriores”. Su formación no les daba los elementos para entender. Lo estructural obedece a varios factores: un sistema judicial que no ha estado a la altura de las necesidades en Venezuela, y una mala cultura jurídica, de lo que percibe la gente como justicia. Esto se refleja en cómo ven cosas como la ‘limpieza social’ –la eliminación de las personas que viven en la calle, de los presuntos delincuentes–. La tortura no ha sido sancionada como delito, como establece la constitución de 1999, porque no ha habido voluntad desde el poder legislativo.

Y eso sucede con otros delitos graves. El único delito grave que ha sido sancionado, con una reforma del código penal, es el de desaparición forzada, pero otros hechos punibles no han sido incorporados como delitos en la legislación venezolana. No hay una real voluntad política desde el Estado, en particular desde el poder legislativo, de poner estos temas dentro de la prioridad legislativa.

D.: La reforma afecta sólo a las policías controladas por el gobierno nacional, ¿qué pasa con el resto?

C.A.: La reforma del modelo policial no puede limitarse a la nueva policía, la Policía Nacional Bolivariana. La apuesta es transversalizar el resto del aparato del Estado, por ejemplo la administración de justicia, que también tiene que ser modificada. De nada sirve modernizar los cuerpos policiales si el aparato de justicia no resuelve el problema de la impunidad y el problema de las cárceles. Éste ha sido incapaz de responder a las necesidades de las personas que se encuentran en prisión con un debido proceso en términos de celeridad y rapidez. Si la reforma no afecta al resto de los cuerpos policiales se van a continuar cometiendo las mismas violaciones. Por eso, por ejemplo, existe un programa de homologación de los cuerpos policiales. Por eso la UNES se está expandiendo en varios módulos por todo el país que se encargarían de atender las necesidades de formación y del cambio de modelo de las diferentes policías.

Otra cosa es lo que tiene que ver con los cuerpos militares. Para estos la apuesta es transformarlos en términos de cuerpos civiles, despojados de su pasado militarista. Se les formó como cuerpos militares pero encargados de controlar la seguridad en la ciudad, lo que deriva en graves violaciones a los derechos humanos.

D: ¿Cómo se compagina una reforma a favor de los DDHH con un contexto de tremenda inseguridad?

C.A.: El problema es, tanto a nivel regional como nacional, que se reacciona de manera coyuntural y bastante populista. Por ejemplo la Asamblea Nacional venezolana reformó el Código Procesal Penal porque había una especie de matriz de opinión, de clamor popular, a través de los medios de comunicación, de que estaban saliendo de las cárceles demasiadas personas. Los titulares en la prensa decían que salían o iban a salir centenares de delincuentes de las cárceles. La Asamblea respondió eliminando las garantías para los procesados y suspendiendo el principio de que las personas debían esperar el juicio en libertad. El resultado de estos cambios, que luego sólo fueron parcialmente revertidos, fue que las cárceles se llenaron. La Asamblea reaccionó desde un prisma bastante populista y olvidó que las reformas tienen que ser más estructurales.

¿Cómo responder a una sociedad que pide más seguridad? Creo que pasa por reconocer que el problema existe. Desde el Estado se ha tendido a no reconocer que existe un problema de seguridad, y por eso se han postergado las soluciones. Además de un problema de inseguridad, hay otro de percepción de esa inseguridad. Es necesario dar respuestas, pero no coyunturales, sino estructurales, que pongan en el centro los DD HH. Y al mismo tiempo, que se planteen programas coyunturales para una respuesta momentánea, pero que puedan ser desmontados. Por ejemplo, el programa ‘Madrugonazo al hampa’, que duró cerca de un año, y que significaba sencillamente presencia policial y militar en la madrugada en los barrios populares, y que terminó en graves violaciones de los derechos humanos. El Gobierno tuvo la capacidad de corregir y desmontar ese programa.