Consejo de Ministros del 30 de diciembre / Foto: Juan Carlos Rojas.

Tras su aplastante victoria en las elecciones del 20N, el PP no quiso cerrar el año de su regreso a la Moncloa sin anunciar los que serán sus primeros recortes encaminados a reflotar las cuentas del Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acompañado de la número dos del nuevo ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, exponía el día 30 de diciembre el primer paquete de medidas que supondrán un ahorro de en torno a 6.000 millones de euros, anticipo del verdadero ajuste y de la reforma laboral que llegarán tras las elecciones andaluzas, en marzo.

Salario mínimo: otra congelación

Una de las medidas que más polémica ha levantado ha sido la congelación para 2012 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya de por sí uno de los más bajos de la zona euro. Para Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo, "la congelación debe entenderse en realidad como una reducción" puesto que, en un contexto de inflación en aumento, "la no modificación del salario implica que la retribución real al trabajador, por la misma prestación laboral, es menor".

A pesar de que se está presentando como una medida de escasa importancia por el relativamente pequeño número de trabajadores que cobran esta contraprestación mínima, la congelación del SMI tendrá una influencia negativa en la asignación de prestaciones sociales. En palabras de Guamán implicará "una disminución de las posibilidades de los trabajadores de acceder a beneficios sociales que se otorgan en función del salario mínimo, puesto que en realidad es necesario ser más pobre para acceder a ellas".

José Luis Carretero, también profesor de Derecho del Trabajo y miembro del sindicato Solidaridad Obrera, pone el foco en las consecuencias indirectas que esta medida tendrá en la situación laboral de una porción bastante más amplia de la clase trabajadora de lo que cabría esperar. "Lo que se busca es crear un escenario general de congelación salarial. El hecho de que se mantengan determinados sectores con un salario congelado hace que la patronal pueda forzar para empujar al resto a someterse a una situación similar". Esta estrategia será llevada a cabo a través de los convenios, con la amenaza de un salario mínimo congelado si no se llega a un acuerdo y con la potenciación de los convenios empresariales como herramienta con la que ejercer una presión más eficaz por parte del empresariado.

Empleo público: ampliación de las jornadas

El funcionariado comenzó a sufrir las primeras medidas de recorte con el anterior ejecutivo y todo apunta a que seguirá viendo sus condiciones laborales empeoradas en los próximos tiempos. Genaro Raboso, de CC OO, apunta incluso a una previsible "bajada de sueldo de un 10% en los presupuestos de 2012".

Hasta la fecha, el Gobierno del PSOE optó el 12 de mayo de 2010 por recortar en un 5% y congelar el sueldo de los trabajadores de la administración pública, mientras que las nuevas medidas del PP tienen como resultado el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales así como la reducción a cero de la tasa de reposición. Es decir, no habrá oposiciones para la administración en 2012 salvo para sanidad, educación y fuerzas militares y policiales.

Estas medidas vienen a continuar con la tendencia que se viene dando tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas y que ha provocado algunos conflictos de calado social como la lucha contra los recortes sanitarios en Catalunya o la del sector de la enseñanza, con una especial implantación en la Comunidad de Madrid.

Subida del IRPF: keynesianismo light

La mayor sorpresa para los analistas económicos ha sido el anuncio de una subida de impuestos, concretamente el IRPF, a pesar de que Rajoy rechazó esta posibilidad a lo largo de la tibia campaña electoral. Montoro viene defendiendo la medida como un "gravamen equitativo" al ser una subida proporcional al nivel de ingresos. Para el sindicalista Genaro Raboso, es un argumento que no se ajusta a la realidad "porque hay un porcentaje muy bajo de gente que gana por encima de los 300.000 euros. El grueso de la subida se centra en los asalariados".

Es un posicionamiento que también viene defendiendo un PSOE con una credibilidad en horas bajas y en medio de su particular via crucis desde la debacle del 20N. Es, en cualquier caso, una medida que ha dejado desconcertada a mucha gente. José Luis Carretero argumenta que "la izquierda se ha dedicado a defender medidas puramente keynesianas, nunca ha planteado medidas de ruptura, y en esta reforma en concreto el PP ha sido más keynesiano que el propio PSOE cuando, por ejemplo, hizo la rebaja de sueldo de los funcionarios".

Concentración ante la sede de CC OO en Salamanca / Foto: Victorino García

Escasas respuestas: poco optimismo

La posibilidad de que los sindicatos mayoritarios se movilicen es considerada remota incluso para sus sectores más combativos.

Estas reformas, que se aprobaron en el Congreso el día 11 de enero con el apoyo de CiU, se han tomado en pleno proceso de negociación entre patronal y sindicatos de concertación, que por cierto, han visto reducidas sus subvenciones anuales en un 20% con el nuevo paquete de medidas. Las negociaciones van encaminadas hacia una nueva reforma laboral que el Gobierno sacará a la luz tras las elecciones en Andalucía del 25 de marzo.

La posibilidad de que los sindicatos mayoritarios adopten una actitud beligerante ante los recortes que implementará el nuevo ejecutivo del PP es remota incluso para los sectores más combativos de dichas organizaciones. El mencionado Genaro Raboso prevé que "si se firma un acuerdo habrá rechazo de sectores minoritarios dentro de CC OO, como ocurrió con el acuerdo de pensiones, pero tener a los dirigentes sindicales negociando no ayuda a que las luchas parciales que está habiendo se generalicen". Para Raboso, el asunto central es la negociación colectiva y la pretensión patronal de acabar con los convenios sectoriales, lo que está llevando a una situación sin salida: "Los sindicatos aceptan sacrificios y reivindicaciones patronales para evitar que el Gobierno acabe con la negociación colectiva y les deje fuera de juego, pero eso les resta credibilidad y capacidad de movilización. Es una espiral de la que no se sabe có- mo van a salir".

Desde el sindicalismo de base las expectativas de que CCOO y UGT opten por pasar de la negociación a la movilización son bastante escasas. Manuel Galán, Secretario de Prensa de CNT-AIT Madrid, define la "negociación" como un "paripé en el que el tándem CCOO-CEOE- UGT escenifica una supuesta diferencia de posicionamientos que no es tal. El resultado será, tanto si pactan como si no, contrario a los intereses de la clase trabajadora".

En cuanto a la posibilidad de que sea el propio PSOE quien encabece una futura movilización, Carretero (Solidaridad Obrera) apuesta por que no se dará, puesto que "PP y PSOE dependen de los mismos intereses, que son los de los grandes poderes financieros que mueven la UE, y por tanto no es previsible que vayan a mover a los sindicatos a una convocatoria de huelga general".

Ante esta situación, el Gobierno parece decidido a no volver a mover ficha hasta marzo. El objetivo que se ha marcado a partir de esa fecha Mariano Rajoy es conseguir acabar con el déficit público (en torno al 8%), lo que exigirá un ajuste de unos 40.000 millones de euros. Esto supone que se requerirán medidas mucho más contundentes que las anunciadas a final de año por Montoro. Previsiblemente, el PP aprovechará su mayoría absoluta para sacar adelante un paquete de medidas por decreto, entre las que podrían estar una nueva subida del IVA y otra bajada de sueldo a los funcionarios, además de una dura reforma laboral a partir de lo negociado entre patronal y sindicatos.