Las huelgas, en cuestión de semanas, han relegado a un segundo plano informativo una actualidad dominada por las expulsiones. La represión contra los sin papeles no ha dejado de intensificarse. Los controles en las empresas son más frecuentes, y el acceso al empleo cada vez más difícil. Y los despidos por no tener permiso de trabajo son cada vez más numerosos: “El primer despido en mi empresa fue en 2007”, explica M. Traoré, que trabaja en Veolia desde hace diez años. “Si no nos movemos rápido, nos barren”.
Las huelgas han adquirido una gran repercusión nacional gracias al peso político de los sindicatos: “las asociaciones pueden proteger a los sin papeles como excluidos”, opina Maryline Poulain, coordinadora del grupo Sans Papiers et Travailleurs del colectivo Uni–e–s Contre l’Immigration Jetable. “Pero los sindicatos tienen legitimidad para defender sus derechos como trabajadores y mostrar que ya están integrados en la sociedad”. En resumidas cuentas, la acción a través de la herramienta sindical los hace aparecer como sujetos de otra naturaleza, de un punto de vista objetivo y subjetivo. Hasta ahora el movimiento de los sin papeles se apoyaba, para exigir la regularización, en el discurso de los derechos humanos, las huelgas eran de hambre y los locales ocupados eran iglesias.
La nueva campaña sindical pone de relieve hechos no conocidos más que por una minoría: la práctica totalidad de los inmigrantes sin papeles trabajan, y no necesariamente “en negro” o en la economía informal, por lo que sus empleos “ilegales” abren a pesar de todo la posibilidad de adquirir derechos sociales. Su antigüedad en la empresa puede ser alta. Tampoco tienen por qué quedarse en los escalones más bajos, y muchos se benefician de vacaciones pagadas. Sin embargo, estos “derechos” se encuentran supeditados a su condición objetiva de sin papeles, y por tanto a la buena voluntad del empleador de turno. La lucha actual es para muchos trabajadores sin papeles la oportunidad de descubrir derechos que les pertenecen por el hecho de disponer de un empleo: salario mínimo, descanso semanal, días festivos, indemnización por despido, derecho a reclamar salarios impagados o a llevar al empleador ante la justicia. Los huelguistas no se presentan como ‘sin derechos’ sino como asalariados que tienen derechos y que quieren todo lo “demás”. Estos derechos abren también la acción colectiva.
Los poderes públicos pueden desalojar una ocupación de un lugar publico, pero el derecho laboral los limita fuertemente en un caso de ocupación de empresa: “El primer día de ocupación, nuestro patrón llamó a la Policía”, nos cuentan los del restaurante Chez Papa. Llegaron 20 policías y teníamos mucho miedo. Pero los delegados sindicales nos explicaron que teníamos derecho a ocupar nuestro lugar de trabajo y que hacía falta un mandato judicial para poder desalojarnos”. Descolocados por la intensidad de la movilización, ciertos empleadores se han declarado solidarios con los huelguistas, invocando la penuria de mano de obra en sus sectores respectivos y las cualificaciones de sus propios trabajadores. Los sindicatos patronales de la hostelería y la restauración han reclamado la regularización de los sin papeles contratados antes de julio de 2007. Los de la construcción y de la limpieza se han mostrado más discretos.
El conjunto de la patronal francesa se ha quedado callada. Es difícil evaluar políticamente el resultado de las movilizaciones, aún en curso por otra parte. Por el momento, sólo cien de ellos han obtenido una regularización de su situación, aunque supeditada a su condición de “asalariados”. Si en un momento dado la relación salarial se disuelve, o con motivo de un cambio de sector de actividad o simplemente de empleo, no hay nada que les garantice una renovación de sus permisos de residencia. De alguna manera, y a pesar de la importancia cualitativa de los desplazamientos operados, la dialéctica de la lucha no consigue salir de la retórica de la ‘inmigración–de–trabajo– escogida’ tan apreciada por el presidente Sarkozy. Sin embargo, al anunciar rápidamente la regularización de huelguistas –aunque fuese “caso a caso”–, por temor a una generalización del movimiento, el Gobierno ha evidenciado su apuro y dado esperanzas a miles de sin papeles. Se abre una brecha, que se puede ampliar.
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