UN MACROPUERTO INDUSTRIAL EN LA PLAYA DE VIDRIO. Sus promotores aseguran que tendrá el doble de actividad que el mayor puerto del Estado. // Mataparda

El proyecto del Puerto Industrial de Granadilla se extiende sobre 6 kilómetros de costa virgen del sur de Tenerife y es tan sólo el principio de una planificación ultradesarrollista basada en un crecimiento indiscriminado que pretende convertir la isla en el Singapur del Atlántico, según palabras del Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, J. C. Mauricio. De ser así, Tenerife (con más de 2.000 kilómetros cuadrados), con la misma densidad demográfica que Singapur (683 kilómetros cuadrados), tendría 12 millones de habitantes: 15 veces su población actual.

Desde hace años, distintos sectores empresariales y administraciones políticas han reclamado la necesidad de este puerto como motor económico prioritario para la isla, argumentando, por un lado, que el actual puerto de la capital, Santa Cruz, está saturado y no admite ampliaciones, y, por otra, que el nuevo puerto está llamado a convertirse en la plataforma intercontinental que relanzará la economía canaria. Incluso se ha llegado a declarar su construcción como de interés público de primer orden.

Sin embargo, estas justificaciones se han ido desmontando con informes técnicos que dejan a las claras intereses especulativos y no sociales. Datos del propio Gobierno de Canarias demostraron que el puerto de Santa Cruz tenía aún una capacidad de crecimiento del 30% en el tráfico de mercancías. Asimismo, P. A. Meneses, anterior presidente de la Autoridad Portuaria, ha presentado en reiteradas ocasiones un proyecto de ampliación de la dársena norte que triplicaría la capacidad actual del puerto capitalino con la tercera parte del dinero que requiere sólo la primera fase del Puerto de Granadilla. Ésta tiene un presupuesto de partida de 600 millones de euros, la mayoría solicitados a los fondos europeos. Su construcción pretende justificar a su vez la supuesta necesidad de otras macroestructuras, asociadas a un modelo de desarrollo del que el puerto es la punta del iceberg.

Es el caso de la segunda pista del aeropuerto del sur de la isla, que soporta actualmente sólo una tercera parte de su tráfico potencial, pero que se presenta, según palabras de A. Plasencia (constructor y presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción), como una obra indispensable para obtener los 30 millones de metros cúbicos de material de relleno necesarios para el puerto. La compra de terrenos en la zona y su recalificación, el asentamiento de empresas pertenecientes a políticos relacionadas con la actividad portuaria o la reactivación de maquinaria de construcción en desuso aparecen como móviles especulativos frente al supuesto interés general de esta obra. Pero precisamente en el sur, área de mayor crecimiento poblacional de la isla, este interés general pasa mucho antes por la necesidad de infraestructuras de otra índole: un hospital público, centros de enseñanza, residencias para mayores, guarderías infantiles y un largo etcétera de verdaderas carencias en la zona.

Se habla de que este puerto sería el motor económico de la isla, pero antes bien parece lo contrario. El traslado a Granadilla de la actividad comercial portuaria dejaría a la capital sin su principal empresa, el actual Puerto de Santa Cruz, de la que viven algo más de 10.000 trabajadores. Igualmente, de ubicarse un puerto en el sur, principal núcleo turístico, la contaminación derivada del tráfico de buques asestaría un duro golpe al primer motor económico de la isla, el turismo. Incluso su rentabilidad económica es más que dudosa, ya que los fuertes y continuos vientos de la zona (meca mundial del windsurf) ralentizarían y encarecerían la operatividad en el puerto, según sostienen estibadores e informes técnicos.

Impactos ambientales

Si desde el punto de vista económico el puerto no parece justificable, por sus afecciones medioambientales éste representaría un atentado de consecuencias irreversibles. Su construcción sepultaría seis kilómetros de costa en perfecto estado de conservación, erradicaría diecisiete playas y haría desaparecer indirectamente otras siete, destruiría un espacio natural marino de importancia comunitaria (LIC Sebadales del sur) y afectaría irreversiblemente a otros dos (Montaña Pelada y Montaña Roja). Dos especies catalogadas de protección estricta, en peligro de extinción, la Piña de mar y la Tortuga boba, desaparecerían. La obstaculización de las corrientes marinas y eólicas que produciría el dique exterior del puerto interrumpiría la dinámica litoral y el aporte de arena a las playas y dunas de la zona. Por todo ello, el proyecto del puerto ha recibido decenas de informes técnicos contrarios a su aprobación.

Tanto la Secretaría General del Ministerio de Medio Ambiente como el Director General de Política Ambiental del Gobierno de Canarias denunciaron la incompatibilidad ambiental del proyecto y se opusieron a su realización. La Universidad de La Laguna emitió sus propios informes en el mismo sentido. Sin embargo, como denunciaron Greenpeace o el Sepca, la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, obvió estos informes y remitió al Ministerio de Medio Ambiente y a la Unión Europea otros encargados a posteriori a una empresa privada y firmados por ella misma (y no por un técnico), concluyendo la viabilidad de la obra y su poco significativo impacto ambiental. Con todo, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea rechazó en agosto de 2004 el proyecto al no ser conforme a las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE.

El Puerto Industrial de Granadilla ha pasado de ser mucho más que una amenaza económica y medioambiental para llegar a convertirse en un atentado a las bases de la democracia. A pesar de que cerca de 60.000 personas firmaron una propuesta de ley para proteger la costa afectada, la mayoría política del Parlamento de Canarias votó en contra de que tan siquiera se debatiera. El poder económico de Progresa Tenerife pagó cuadrillas que arrancaban o tapaban los carteles que convocaban a la ciudadanía a una manifestación contra el puerto y el desarrollismo. A la misma asistieron casi 100.000 personas, a pesar de que la televisión autonómica las ninguneara. La mayoría de medios de comunicación locales, en los que la voz oficial tiene carta blanca, boicotean las ruedas de prensa de los sectores sociales (universitarios, sindicales, ecologistas...) que ofrecen información alternativa, y se niegan también a publicar las cartas de respuesta a los ataques que reciben estos colectivos. Responsables políticos califican a los detractores del puerto como terroristas sociales al tiempo que rechazan toda invitación al debate público.

El proyecto del Puerto Industrial de Granadilla se ha convertido en un conflicto social que abre serios interrogantes sobre las grandes obras públicas en Canarias. ¿En beneficio de quién se recurre al concepto de "interés público de primer orden"? ¿Dónde queda la participación ciudadana cuando se desoye su voz? ¿Cómo se justifica que recursos naturales públicos acaben siendo fuente de explotación privada?