El pasado 12 de octubre, mientras medio millón de personas participaba en Madrid en el Festival Viva América, los pueblos originarios de Colombia alzaban de nuevo sus voces a través de unas movilizaciones que, bajo el apelativo de Minga (“trabajo común y de apoyo mutuo” en la región andina), se ha convertido en práctica habitual de la lucha indígena en el departamento del Cauca. Dos días antes, Álvaro Uribe había declarado el Estado de “conmoción interior” a raíz de la huelga del sector judicial colombiano.

El corte de la vía Panamericana en las cercanías de la comunidad de La María, Piendamó –declarada en 1999 por el movimiento indígena Territorio de Paz, Convivencia y Diálogo– fue respondido por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios y el Ejército con la ocupación de la comunidad, usando tanquetas, explosivos y fuego real. Los manifestantes, pertrechados con piedras y con los tradicionales bastones de mando de la Guardia Indígena, sufrieron la pérdida de una vida y más de 100 heridos. Acusada por Uribe de “terrorismo” y de mantener vínculos con las FARC, la Minga decidía marchar, a partir del día 21, hacia la ciudad de Cali, exigiendo una reunión con el mandatario. Durante el camino, dos indígenas más fueron asesinados en la comunidad de Villarrica.

La aparición en diversos medios de comunicación de imágenes que probaban el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas públicas, así como la presión internacional, obligaron a Uribe a reconocer que se había disparado contra los manifestantes y a aceptar un encuentro con ellos. Unas conversaciones que la Minga no consideraba negociaciones, y que girarían en torno a cinco puntos: violación del derecho a la vida y los derechos humanos, agresión y ocupación territorial, adopción de la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, la llamada “Legislación de Despojo” (que incluye los tratados de libre comercio) y los acuerdos incumplidos por parte del Gobierno. Asimismo, se exigía a Uribe rectificar en lo que se refiere a sus acusaciones de terrorismo.

Las movilizaciones, que se habían extendido a 16 de los 32 departamentos del país, aglutinaron a diferentes sectores sociales, levantados también en estas fechas. Este es el caso de los corteros de caña, quienes tras más de mes y medio de paro han sufrido 33 heridos y la detención de cinco de sus integrantes. Así, los alrededor de 15.000 marchistas que salieron de La María, se convirtieron en casi 40.000 a su llegada a Cali, tras cinco días de caminata. El encuentro debía realizarse el 26 de octubre en esta ciudad. Durante todo el día, la Minga esperó al mandatario en las inmediaciones del Centro Administrativo Municipal, mientras éste esgrimía razones de seguridad para no trasladarse al lugar y se mostraba ante los medios con el ex congresista Oscar Tulio Lizcano, que acababa de huir tras ocho años secuestrado por las FARC. Cuando ya atardecía y la Minga se retiraba del lugar, apareció el presidente colombiano de imprevisto y, desde un puente y megáfono en mano, se dirigió a los presentes en lo que Rodrigo Quiró, coordinador general de la Guardia Indígena del Cauca, denunció a DIAGONAL como “un ejercicio de montaje”.

Finalmente, Álvaro Uribe accedió a acudir a La María, en donde el 2 de noviembre se realizó, ante 5.000 personas, un debate entre el Gobierno y el colectivo indígena. El discurso continuista de Uribe, que se mantuvo firme en sus políticas territoriales, económicas y de Seguridad Democrática, fue rechazado por la Minga, que decidió continuar con las movilizaciones.