La nueva ley del aborto recogerá la posibilidad del personal sanitario de acogerse a la objeción de conciencia. El texto no regula de forma concreta la objeción pero aclara que será individual y sólo afectará a los profesionales directamente implicados en la intervención, como médicos, enfermeras o anestesistas. Para la presidenta de la Federación de Planificación Familiar (FPFE), Isabel Serrano, así se evitan “situaciones como las que se dan en algunos hospitales, cuando es un celador quien pide objetar”. La FPFE defiende una regulación de la objeción individualizada, con un registro de objetores secreto y confidencial, que sirva a la gestión hospitalaria para saber “quién compone su equipo”, y que se garantice el derecho a abortar, agrega la ginecóloga. Por su parte, la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), también está a favor de la objeción individualizada y apuesta por la regulación: “Objetar es un derecho y veremos cómo se registra, pero más vale prevenir que curar; hay que impedir que alguien pueda ser objetor por la mañana y que no lo sea por la tarde”, declara el presidente de ACAI, Santiago Barambio.

A FAVOR DEL ABORTO. Representación teatral realizada en Madrid criticando la objeción de conciencia de los médicos. Edu León

Hospitales que objetan

La Asociación de Mujeres Juristas Themis, considera que el límite del derecho a la objeción está en el derecho de las mujeres a abortar y reclama garantías de asistencia en los hospitales públicos para “evitar objeciones en bloque en hospitales que todos conocemos”, afirma su presidenta, Altamira Gonzalo. Se refiere a los hospitales de Comunidades Autónomas como Madrid, Navarra, La Rioja y Extremadura donde –subraya la presidenta de la FPFE– el sector público no incluye el aborto en su cartera de servicios. Para Isabel Serrano, la regulación de la objeción, ya sea en la propia Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en un texto de acompañamiento o mediante otra norma, tendría que contribuir “a unificar territorialmente el acceso de las mujeres al aborto, porque no es verdad que todos los ginecólogos sean objetores”, sostiene Serrano. A su juicio, es muy importante que los estudios universitarios de ginecología incluyan formación especializada sobre interrupción del embarazo porque “los factores generacionales ayudarán a normalizar” los abortos en la sanidad pública y a favorecer la igualdad territorial, aunque el proceso sea lento y “el 100% no se realicen dentro de la Seguridad Social de la noche a la mañana”. Respecto a la objeción en otros países europeos, Isabel Serrano resalta que en todos se respeta jurídicamente como un derecho, “pero a lo mejor una persona, si es objetora, no puede ser jefe de servicio en un hospital”. Themis considera que, al menos en parte, la objeción debe regularse dentro de la nueva Ley del aborto. Altamira Gonzalo insiste en que la objeción de conciencia no puede entrar en conflicto con los derechos de las usuarias, por eso no puede permitirse la “objeción colectiva” y se debe garantizar el acceso al aborto en cada hospital público. Ante el reto de reglar jurídicamente la objeción, el presidente de ACAI, Santiago Barambio, mantiene que, frente a todos los problemas “jurídicos y morales” que surjan a la hora de elaborar una norma, “al final, las mujeres abortan con ley o sin ley”, y recuerda que por esta causa mueren 60.000 mujeres al año en el mundo.