
“El Consejo Superior de Deportes pasará a depender directamente de la Presidencia del Gobierno como órgano adscrito con rango de Secretaría de Estado”. Esta afirmación puede leerse en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones de 2008. Nada semejante aparecía en el del PSOE. Tras la crisis de Gobierno del martes santo, la Secretaría de Estado para el Deporte y el Consejo Superior de Deportes (CSD) han quedado adscritos directamente a Presidencia. “Es la manera más eficaz de apoyar al deporte español, donde cosechamos éxitos, y a la candidatura española a los Juegos Olímpicos”, explicó José Luis Rodríguez Zapatero.
Un premio de consolación después de que, en la recepción en Moncloa con motivo del triunfo en la Copa Davis, el presidente se comprometiera a crear un Ministerio de Deportes; otra ocurrencia que tampoco figuraba en el programa electoral. ¿Cosechamos éxitos? Hasta la fecha, el deporte había sido considerado, al menos formalmente, una pieza fundamental de la política educativa. No en vano, la vigente Ley del deporte establece que éste “se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud”.
De modo que, transferidas las principales competencias en política educativa y deportiva a las Comunidades Autónomas, la Ley dibuja al Ejecutivo central como el garante de la coordinación y la colaboración entre las administraciones territoriales y el responsable de velar por la armonización del asociacionismo –clubes, federaciones y ligas– y la lucha contra el dopaje. En las tres últimas décadas, en el Ejecutivo central las competencias en materia de deportes han estado atribuidas a los ministerios de Educación o Cultura, y a ellos ha figurado adscrito el CSD desde su creación en 1977. De modo que la decisión de integrar deportes en Presidencia constituye, cuando menos, una novedad. Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, apuntó que la nueva organización supone “un aval” y “un mensaje claro de apoyo”. Y recordó que en otros países de la UE, como Portugal e Italia, también se da esta circunstancia.
No recordó, en cambio, que el primer ministro italiano sigue siendo propietario del Milan AC y que su mezcla de intereses deportivos, empresariales y políticos le convierten sólo en paradigma del uso del deporte como instrumento de proyección populista. Dos ejemplos no aludidos aparecen también en la génesis del cambio: el protagonismo del ex primer ministro británico, Tony Blair, en su labor de lobby para llevar a Londres los Juegos de 2012, y la diplomacia deportiva desplegada por Barack Obama para convertir a Chicago en la sede de los Juegos de 2016. El deporte de élite, considerado como una oportunidad para la proyección exterior de la imagen del país y de su Gobierno, dependerá ahora del presidente, que se enfrenta al difícil equilibrio entre colgarse medallas ajenas y obtener éxitos en forma de sedes olímpicas y mundialistas. En la tentación de abrazar méritos ajenos se sitúan, por orden cronológico: la posible participación del Barça en la final de la Liga de Campeones, las previsibles finales de Rafael Nadal en el circuito de tierra batida e hierba, la condición de favorita de la selección española de fútbol en la Copa Confederaciones y la firme candidatura de Alberto Contador en el Tour de Francia.
La prioridad, los Juegos En la labor de ‘conseguidor’, la prioridad es obtener los Juegos de 2016. Una función que comienza el 2 de mayo, con la visita de la delegación del COI a Madrid, y concluye en Copenhague el 2 de octubre con la elección de la sede. Cinco meses para mostrar una suerte de pacto de Estado por el deporte. En caso de fracaso, el recambio se llama ‘candidatura al Mundial de fútbol 2018’, de la mano de Portugal. La Fundación Iberian, que comenzará sus trabajos en mayo, armonizará el esfuerzo de las federaciones de fútbol de ambos países. Un detalle para considerar: según la Encuesta de hábitos deportivos de los españoles 2005, “se incrementa el porcentaje de los que piensan que el deporte espectáculo recibe cada vez mayor apoyo oficial y tiene mayor nivel, y disminuye en más de la mitad los que creen que debería apoyarse más, sólo el 3%. En cambio, se incrementa el carácter mayoritario, el 61%, de los que defienden que es el deporte para todos el que debería apoyarse más (...)”.