OPERACIÓN NAUTILUS. Policías italianos maniobran un barco apresado en aguas del Mediterráneo.

“La idea de Frontex es, por un lado, la de rescatar a esas personas que están en el mar, en ese sentido hay una parte humanitaria que no es negativa, pero por otro lado y sobre todo, actúa como un dispositivo de contención: las personas que tratan de llegar a Europa son interceptadas y no se les deja, no ya llegar a nuestras costas, sino salir de sus costas. Así las personas que necesitan protección no pueden tener acceso al derecho de asilo, porque se les impide llegar a un lugar seguro con todas las garantías. Por ello hemos presentado una demanda, el 29 de mayo, ante el Comisario Europeo de DD HH, sobre las políticas europeas y sobre todo españolas de externalizar las fronteras”, declaraba Amaya Valcárcel, secretaria general de la Comisión Española de Atención al Refugiado (CEAR). Y es que las críticas a la política migratoria de la UE y del Estado español son constantes por el abordaje principalmente policial. “En estos momentos, sólo se habla por parte del Gobierno español de endurecer el control migratorio y de expulsar a las personas que tienen una situación administrativa irregular, mientras que las alusiones a sus derechos humanos están cada día más ausentes de los discursos”, declaraba el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Una política decididamente asumida desde Bruselas. El 27 de abril, el Consejo de ministros de Interior europeos acordaron en Luxemburgo reforzar Frontex, el organismo conjunto encargado de la lucha contra la inmigración en las fronteras de la UE, aportando 116 barcos, 27 helicópteros, 21 aviones y 400 equipos (radares móviles, detectores de personas, etc.), e incrementado el presupuesto de dicho organismo de 19,2 millones de euros en 2006 a 34,98 millones (en 2005 eran cinco millones).

Militarización del control
En el Estado español, esta política de control se materializa en un despliegue policial en Canarias y sendos operativos con Mauritania y Senegal, que se suman al despliegue del Frontex en Cabo Verde. Despliegues que suponen la militarización del control de las migraciones.

El Ejercito español participa en el control de cayucos y pateras con dos patrulleras y dos aviones desde Canarias en el marco de la operación Noble Centinela. Además, a mediados de mayo, se anunciaba el despliegue, por primera vez, de un contingente militar fuera de territorio español para vigilar los flujos migratorios, con el envío a Cabo Verde de un avión y de un destacamento de hasta 20 militares, en el contexto de Frontex. Por último, el Ministerio de Defensa impulsa, en colaboración con el de Industria, un programa que prevé la construcción y el lanzamiento, para 2010, de dos satélites con cobertura directa sobre todo el territorio español y el norte de África. Este sistema de vigilancia, con 325 millones de euros de presupuesto, será de doble uso, civil y militar, y servirá sobre todo para controlar las fronteras frente a la inmigración ilegal y para la lucha antiterrorista.

Estas redes de control están teniendo un resultado relativo. Aunque la delegación del Gobierno insular informase, el 1 de junio, que la llegada de personas indocumentadas a Canarias se había reducido a un 36,8%, durante los cinco primeros meses de 2007 en comparación con el año pasado, los cayucos, pateras y barcos siguen arribando. En mayo, llegaron 1.253 personas. Y el esfuerzo no parece acompañarse de un similar despliegue para lograr un mayor respeto de los derechos humanos, como lo demuestran recientes episodios. El 26 de mayo, en el Mediterráneo eran rescatados 27 inmigrantes tras pasarse tres días y tres noches agarrados a una almadraba. Tras duras negociaciones, Italia aceptó finalmente rescatarlos y llevarles a un centro de internamiento.