
El Tribunal Supremo español ha ordenado la reapertura, por unanimidad, de la investigación por la muerte en Iraq del cámara de televisión José Couso. La decisión viene tras el recurso interpuesto por su familia a raíz de la decisión de la Audiencia Nacional, que dictó el sobreseimiento del caso en octubre de 2009.
Javier Couso, hermano de la víctima, no escondía su alegría. “Estamos muy contentos, es la segunda vez que el Tribunal Supremo nos da la razón por unanimidad. Pensamos que tanto la Fiscalía General del Estado como esos magistrados que quieren torpedear el caso deben obedecer de una vez la sentencia del Supremo”, indica a DIAGONAL.
Enrique Santiago, abogado de los Couso, critica también el papel de la Fiscalía en estos más de cuatro años. “Ha actuado claramente como abogado de los militares norteamericanos. No ha presentado ni una sola acusación ni ha defendido a las víctimas, que es lo que dice la ley que tiene que hacer. Todos los escritos que ha propuesto han sido eximiendo de responsabilidad a los tres soldados y pidiendo el archivo del caso. Ha sido escandaloso”, concluye el letrado.
Los amigos y hermanos del cámara esperan ahora continuar con el proceso judicial y están a la espera de leer los términos de la sentencia. En teoría, el caso volverá al Juzgado de Instrucción que lo llevaba. Los Couso esperan que Santiago Pedraz, el juez que solicitó la orden de detención internacional contra los militares, intente procesar de nuevo a los tres imputados.
Enrique Santiago ve improbable que la Audiencia Nacional vuelva a archivar por tercera vez el proceso, pero no lo descarta al cien por cien. “Si eso ocurriese probablemente nos dirigiríamos contra la propia Sala, ya que esto significaría que está más que contaminada”, señaló el abogado. Javier Couso valoró la posibilidad de un nuevo carpetazo al caso e indicó, en caso de que eso ocurriese, la posibilidad de acusar a la segunda sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de prevaricación por “desobedecer a un tribunal superior”, añadió.
La posibilidad de que Estados Unidos acceda a extraditar a los militares acusados es prácticamente nula, pero si los soldados fuesen detenidos en otro país serían inmediatamente extraditados al Estado español y, al ser un caso de lesa humanidad, no prescribiría nunca.
“Nosotros estaríamos muy satisfechos con que no pudieran salir de EE UU en su vida”, añadió Javier Couso. Un proceso difícil y largo El caso se remonta a octubre de 2005, cuando se abrieron diligencias con una orden internacional de detención contra tres militares estadounidenses.
El sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolrdford y el teniente coronel Philip Camp fueron acusados de disparar desde un tanque contra el hotel Palestina en Bagdad. La detonación acabó con la vida del cámara José Couso y del periodista de Reuters Taras Protsyuk el 8 de abril de 2003. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado solicitó en marzo de 2006 el sobreseimiento de las actuaciones y la Audiencia Nacional dio por válida la versión de los hechos de los mandos militares estadounidenses. En su fallo, añadió que “el disparo del tanque norteamericano se dirigió contra una unidad erróneamente identificada como combatiente y, consecuentemente, fue dirigido contra un objetivo militar”. El juez Santiago Pedraz aseguró que el disparo se produjo sin que constara indicio alguno de que hubiese ningún francotirador en el hotel Palestina.
Nueve meses después el Tribunal Supremo desautorizó a la Audiencia Nacional y ordenó por primera vez reabrir el caso. Santiago Pedraz reactivó entonces la orden de detención internacional contra los tres soldados. Javier Couso, hermano de la víctima, señaló en aquel momento: “Ellos mismos –los militares– se declararon culpables, pero no descartamos que la orden haya partido del general que coordinaba las acciones de la Tercera División de Infantería en el corazón de Bagdad, y que a nuestro entender fue el que ordenó atacar la prensa”. A pesar de todo, la Audiencia Nacional, con el aval del fiscal general, archivó de nuevo la causa alegando esta vez que no se habían logrado datos relevantes que permitieran seguir con la tramitación del proceso. La nueva reapertura del caso por el Tribunal Supremo da renovadas esperanzas a los familiares y amigos de Couso.
El caso del cámara de Telecinco no fue el único en la guerra de Iraq. El 7 de abril de 2003 un misil iraquí alcanzó al fotógrafo Julio Anguita Parrado. El reportero iba empotrado con la Tercera División de Infantería del Ejército de Estados Unidos, la cual fue responsable de los disparos contra el hotel Palestina. Por otro lado, Ricardo Ortega, periodista de Antena 3, fue asesinado en Haití el 28 de febrero de 2004. En un primer momento se dijo que la bala que lo mató procedía de partidarios del ex presidente Aristide, aunque testigos presenciales afirmaron después que el disparo provino de un carro blindado norteamericano.