A finales de febrero la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Parlamento español (CMDM) presentó el borrador provisional de su informe sobre prostitución (ver DIAGONAL nº 49) y anunció el lanzamiento de un plan nacional de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. El plan que ultima el Ministerio del Interior incluye desarrollar instrumentos como la Ley de Testigos Protegidos o la prueba anticipada para intensificar la persecución de la trata.

Los colectivos en defensa de los derechos de las prostitutas han rechazado la medida porque desoye sus planteamientos y demandas. En el Parlamento, Esquerra Republicana fue el único partido que reclamó distinguir entre prostitución y trata, mientras el Grupo Socialista (GS) afirmó que industria del sexo, tráfico y trata están íntimamente relacionados y que la prostitución se halla bajo el control de las mafias transnacionales.

Según el GS, el 70-80% de las prostitutas son extranjeras en situación irregular, muchas viven en condiciones degradantes y están privadas de libertad. Numerosos colectivos de apoyo a prostitutas [ver recuadros] coinciden en que la mayoría son irregulares, pero aseguran que el porcentaje de prostitución voluntaria es mucho mayor y que el mejor caldo de cultivo para las mafias es su vulnerabilidad por ser extranjeras en situación ilegal y no tener derechos como trabajadoras. Marcela Torres, del servicio de atención a trabajadoras del sexo Àmbit Dona, ubicado en el barrio barcelonés del Raval, asegura que la cifra del GS “no es real ni coincide con nuestro trabajo de campo o estudios como el de la Guardia Civil de 2004, que afirma que el 80% de las inmigrantes que ejercen trabajo sexual lo hacen sabiéndolo previamente y sin coacciones”. Según el Colectivo Hetaira por los Derechos de las Prostitutas, que compareció en junio de 2006 ante la CMDM, el 85% de las mujeres que ejercen la prostitución en calles de Madrid lo hacen “por decisión propia, aunque obviamente condicionadas por su nivel económico, cultural y social y por ser, en su mayoría, inmigrantes en situación irregular; un 5% están claramente obligadas por mafias y un 10% tienen ‘amigos que las protegen’ y que probablemente las someten a algún tipo de coacción”.

Todo tráfico no es trata

Algunas investigadoras distinguen entre el tráfico irregular de inmigrantes, a cargo de redes familiares o comerciales que ayudan a migrar recibiendo un aporte económico y que por las leyes de extranjería derivadas de los Acuerdos de Schengen han pasado a ser ilegales, y la trata, donde mafias coercitivas (grupos de base étnica, pandillas delictivas y bandas organizadas) secuestran o engañan a mujeres y las fuerzan a prostituirse. Laura M. Agustín, autora del libro Tráfico y prostitución: experiencias de mujeres africanas, estudia redes de Brasil, Guinea y Nigeria desde los ‘80 y asegura que no todos los sistemas de cobro de deuda son extorsionadores o explotadores en extremo.

Dolores Juliano, antropóloga miembro de LICIT (Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes y Trabajadoras Sexuales) afirma que el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de la ONU de 1949 identifica prostitución con trata y “no contempla la trata para otros fines; mezcla peligrosamente una estrategia de lucro que viola los más elementales derechos humanos, como es la explotación y el engaño a las personas, con la prostitución, que puede ser ejercida voluntariamente. Esta confusión de ámbitos lleva a identificar a veces la legislación que sanciona la trata con la que prohíbe la prostitución”. Hetaira afirma que, tras su reforma debido a la Ley de Extranjería, el artículo 188 del Código Penal, que castiga a quien favorezca la entrada, estancia o salida de personas del territorio español para la explotación sexual, se está utilizando para criminalizar a redes familiares no coercitivas.

El Protocolo para reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, aprobado en 2003 y conocido como Protocolo de Palermo, sí contempla otras formas de trata, como el trabajo doméstico forzado o el matrimonio por arreglos comerciales. Entre otras cosas, recomienda a los gobiernos que dejen a las víctimas permanecer en el país de destino y estudien la posibilidad de darles asesoramiento jurídico, vivienda y servicios médicos. Entidades como la Plataforma Trabajo Sexual y Convivencia aseguran que el Estado español lo incumple limitando los permisos de residencia temporal a la colaboración con la policía y deportando a las detenidas.

Según los Principios Directrices sobre Derechos Humanos y trata de personas del Alto Comisionado de la ONU para los DD HH, no se debe supeditar el apoyo y los cuidados a víctimas de trata a que éstas puedan o estén dispuestas a cooperar con los procedimientos judiciales. De hecho, la organización Anti-Slavery International ha detectado que los países con “períodos de reflexión o permisos de residencia breves no supeditados a que la víctima coopere han logrado una alta eficacia en el enjuiciamiento de los tratantes”. El Convenio del Consejo de Europa de 2005 para la Acción contra la Trata fija 30 días como período mínimo de recuperación y reflexión para las víctimas. Éstas también pueden acogerse a las leyes de refugio: tras los encierros masivos de inmigrantes, la Delegación del Gobierno en Cataluña firmó los Acuerdos de Barcelona de 2001, que incluyen la persecución o explotación sexual como motivo para recibir asilo político. Dos años después abrió expediente de expulsión a dos travestis argentinas que habían solicitado asilo por esta vía al encontrarlas ejerciendo la prostitución.

Colectivo Hetaira

“Tal y como hemos manifestado las asociaciones que tenemos conocimiento directo del tema, la lucha eficaz contra la trata de mujeres con fines de comercio sexual sólo es posible si se diferencia claramente la prostitución voluntaria, que debe ser reconocida legalmente, de la prostitución forzada, que debe ser perseguida. Así lo reconoce también el informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de 2004. Las conclusiones de la CMDM están altamente prejuiciadas e ideologizadas y no tienen en cuenta la realidad concreta de las personas trabajadoras del sexo. Nos preocupa que un sector del feminismo en nombre de la dignidad de las mujeres en abstracto niegue la de las que quieren seguir ejerciendo voluntariamente la prostitución e invisibilizándolas”.

Asociación AFESIP

Para Actuar para las Mujeres en Situación Precaria (AFESIP, de sus siglas en francés), “la única forma de acabar con este acto de violencia y desigualdad hacia las mujeres es la abolición de la prostitución y la inmediata implementación de legislaciones que criminalicen al cliente o prostituidor y beneficien económica y socialmente a la mujer prostituida que, en ningún caso, debe ser criminalizada. En los países en los que se ha legalizado la prostitución bajo el supuesto de “mejorar las condiciones de vida” de la mujer prostituida ha aumentado la trata, el proxenetismo, la prostitución infantil y la situación de las mujeres no ha mejorado ya que el estigma social no desaparece y muchas mujeres prostituidas no se dan de alta en la seguridad social ni quieren registrarse”.

Àmbit Dona

Desde el programa dirigido a trabajadoras del sexo en Barcelona de la ONG Àmbit Dona, sostienen: “Nos parece una ironía. En la macrorredada realizada en Barcelona contra las mafias el pasado noviembre no se respetaron los derechos de las mujeres. A la mayoría les abrieron un proceso de expulsión, que se paralizó posteriormente porque Rumanía entró en la UE. La aplicación del Protocolo de Palermo y el respeto a sus derechos se condiciona a que las mujeres denuncien. Y hay un doble discurso: ¿dónde estaban durante la macrorredada las organizaciones abolicionistas que dicen defender los derechos de las mujeres traficadas? Aterra que, tras años de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, las que están en el poder están ejerciendo las mismas prácticas que antes criticaban”.

Juristas

Para Gema Nicolás, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), “en las macrorredadas las más perjudicadas son ellas, que reciben orden de expulsión y son internadas. Las que han vivido situaciones de explotación sexual no tienen un dispositivo de ayuda, sólo las testigos más concretas. Se debe implementar mejor el Protocolo de Palermo, dar alojamiento anónimo y un dinero a las mujeres que declaren, apoyo jurídico y psicológico y darles la residencia en cumplimiento del artículo 59 de la Ley de Extranjería, que fija que las víctimas de mafias explotadoras tienen derecho a permiso de residencia y trabajo”.