Haciendo un balance de la evolución de la respuesta represiva sobre el movimiento 15M, y en honor a la verdad, no podemos hablar de un modelo de violencia inusitada; los movimientos sociales “anteriores al 15M” pueden dar buena cuenta de ello. Hemos asistido, sin dudarlo, a una pauta cambiante de intervención policial, caracterizada en un primer momento por una cierta “tolerancia” durante la etapa de las acampadas, y cargas policiales constantes desde que se suceden las movilizaciones por el centro de la ciudad, con especial intensidad durante los fastos de la visita papal. Estas fueron cargas duras, con numerosas personas lesionadas, y que han tenido la virtud de ser rápidamente visibilizadas, suscitando consensos escandalizados en amplios sectores de la ciudadanía, que es quizás lo que marca el punto de inflexión con respecto a los ciclos represivos previos.

Entendemos que las órdenes de interacción con los manifestantes cambian, desde agosto, por varios factores, entre los que cabe destacar el adelanto de la convocatoria electoral. La consecuencia más visible es el cambio en la titularidad de la cartera de Interior: Camacho no hace campaña como candidato, por lo que puede asumir el lastre de la represión sobre ciudadanos pacíficos. La llegada del verano, y la errónea suposición desde Interior de que un movimiento de personas paradas y precarias se iba de vacaciones, aceleraron las decisiones de desalojos y cargas; frente a la “pasividad” de la que acusaba la oposición, se imponía la necesidad de mostrar cierta contundencia y desincentivar la vuelta a las plazas en septiembre. La presión se incrementó ante la llegada inminente de hordas de peregrinos a quienes hay que mostrar un centro despejado y una ciudad normalizada. Y a ello cabe añadir los intentos de criminalización mediática, tampoco nuevos en la historia de los movimientos sociales, en los que siempre ha habido un momento en que –ante la posibilidad de empoderamiento de los mismos– se intenta convertir las actuaciones aisladas (y a veces inexistentes) de unas pocas personas en modus operandi colectivos.

En conjunto, muchos tiros, demasiados, que salen por la culata, a los que se suman las quejas de los sindicatos policiales, el pataleo de las bancadas populares y la creciente visibilidad de los efectos de la “mano dura”.

Frente a este tipo de represión más evidente, está empezando a tomar cierto protagonismo otra línea punitiva, previamente centralizada a través de los órganos legislativos del Estado, (por ejemplo, la ley “Corcuera”), que ha empezado a descentralizarse, dotando de protagonismo a los municipios a través de las ordenanzas municipales. La limitación que, a través de esta vía, se hace de derechos fundamentales (nos referimos a obstáculos al derecho de reunión, manifestación y libertad de expresión en las asambleas populares) no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, y, lo que es más importante, es inadmisible en un Estado de Derecho.

En este mismo orden de cosas, y de manera particular, se está intentando “criminalizar” en términos administrativos actividades de desarrollo del propio movimiento 15M, como las Asambleas de Barrios y Pueblos (véase la Ordenanza Municipal recientemente dictada por parte del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, Madrid), prohibiéndose su celebración e imponiendo importantes multas pecuniarias a través de procedimientos sancionadores a quienes las celebren. El modelo instaurado es igualmente represivo, ya que la posibilidad de sanción limita la capacidad tanto individual como colectiva para convocar y acudir a una asamblea.

Nos encontramos, por tanto, ante un modelo de represión reglamentada, que antepone derechos enmascarados bajo la cobertura de interés público, cuando en realidad son decisiones políticas encubiertas y perfectamente dirigidas. Como colofón a este agitado mes de agosto, nos hemos encontrado con el comportamiento absolutamente discriminatorio en esto que llaman “Estado aconfesional”, al que se ha dirigido claramente la postura tanto del Gobierno como de la oposición. En definitiva, muestran que lo único que les importa es el mantenimiento del Estado de bienestar de unas pocas personas.