Hace pocos días Barham Salih, el viceprimer ministro iraquí, informaba que las nuevas prospecciones realizadas por “reputadas compañías internacionales” confirmaban que Iraq era el primer país del mundo en reservas probadas de petróleo: 350.000 millones de barriles, es decir, 100.000 millones de barriles más que Arabia Saudí. Sea cierto o no este dato, los millones de personas que en los primeros meses de 2003 se manifestaron en todas las ciudades del mundo contra la invasión de Iraq intuyeron acertadamente que el motivo esencial de la guerra era el control de esta ingente riqueza energética.

De todas las razones para explicar la ocupación de Iraq asociadas al petróleo, la más inmediata es la que puso en marcha el mecanismo de la guerra: los efectos no deseados del denominado programa Petróleo por Alimentos, inicialmente una triquiñuela impuesta al Consejo de Seguridad de la ONU por EE UU y Reino Unido para eludir el levantamiento del embargo vigente desde agosto de 1990, pero que muy pocos años después de su entrada en vigor indujo al Gobierno de Clinton a aprobar, en otoño de 1998, las primeras medidas para un cambio de régimen en Iraq.

La explicación es sencilla: gracias a este programa mal llamado humanitario, Iraq podía exportar petróleo en cantidades limitadas y comprar productos a los países que Bagdad eligiera, prácticamente su única prerrogativa. Así, en apenas dos años y pese al férreo control internacional, Iraq recuperó su papel de socio comercial esencial de sus vecinos árabes y de interlocutor energético del máximo interés entre países clave como Francia, Alemania, Rusia o China. De este modo, Iraq, al aliviar las presiones de los organismos financieros internacionales sobre los Gobiernos árabes, entorpecía el proyecto estadounidense de insertar a Oriente Próximo en la economía globalizada con Israel como eje, al tiempo que abría sus reservas energéticas a los competidores económicos de EE UU a largo plazo, países europeos y asiáticos que, uno tras otro, reabrirían sus embajadas –también la España de José María Aznar– en Bagdad. Iraq estaba sentenciado y la clave, claro está, no eran sus armas de destrucción masiva, sino la combinación de recursos y población, como ya anticipó Samir Amin. A día de hoy, el control del petróleo iraquí sigue sobre la mesa en un escenario que es ya el de la derrota efectiva de EE UU sobre el terreno y el de la abierta confrontación dentro del campo colaboracionista iraquí. La clave está en la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos y en cómo y quiénes han de dirigir el tránsito de una economía de gestión centralizada y pública de la riqueza petrolífera a otra de gestión local y con abierta intervención capitalista extranjera.

La Constitución aprobada en agosto de 2005 rompía el marco jurídico del Estado iraquí tanto en relación con el concepto de ciudadanía –derechos civiles y sociales comunes– como en relación con la gestión pública de los recursos, anticipando el contenido de la Ley de Hidrocarburos. La redacción del borrador original de esta ley se encargó a la empresa consultora estadounidense BearingPoint, que actuó bajo la supervisión de técnicos designados por los Gobiernos estadounidense y británico. Samuel Bodman, ministro estadounidense de Energía, habría mostrado las primeras versiones del documento a las principales empresas petroleras internacionales, al tiempo que el FMI exigía sancionar el texto, haciendo de la aprobación de una ley nítidamente liberalizadora condición para la cancelación parcial (no más del 6%) de la deuda externa del país. Tras todo ello, una primera redacción de la Ley fue aprobada en enero de 2007 por el Gobierno de Nuri al-Maliki, que a día de hoy está pendiente de ratificación por el Parlamento iraquí.

El reparto del petróleo
Así, la Ley de Hidrocarburos sanciona la gestión local de los recursos aún no explotados, que pueden alcanzar hasta el 78% de las reservas totales de Iraq, localizadas esencialmente –el 59%– en Basora. Ésta es la explicación de los violentos enfrentamientos de los últimos meses en Basora y Bagdad entre milicias y fuerzas paragubernamentales, todas ellas del campo confesional chií. Tras todo ello, más que una gestión descentralizada y más equitativa de estos recursos, está el favorecer que nuevas oligarquías locales asociadas a los ocupantes o a países vecinos –Irán e Israel– abran la puerta a la privatización del sector.

El procedimiento para ello son los denominados Acuerdos de Participación en la Producción (APP), “el sistema favorito de las grandes compañías petroleras”, al tratarse de contratos que, respetando la titularidad formal pública de la propiedad del recurso, favorecen durante décadas su control privado por parte de las empresas inversoras extranjeras. Se calcula que Iraq necesitará hasta 30.000 millones de dólares para volver a poner en funcionamiento el sector petrolero. 70 empresas extranjeras, entre ellas la española Repsol, compiten ya por los APP, mientras la Región Autónoma del Kurdistán, al margen del Gobierno central de Bagdad, ha firmado ya hasta 15 contratos de este tipo con una veintena de compañías internacionales.

Nadie sabe –al parecer ni los propios ocupantes– adonde van a parar los ingresos por los poco más de los dos millones de barriles diarios que exporta Iraq. El país ha de importar combustible para el transporte y el uso doméstico, al mismo tiempo que buena parte de su petróleo sale como contrabando. Para el pueblo iraquí, su riqueza se ha convertido en una maldición.