Noviembre 2005: en el segundo aniversario del Prestige, en Galiza sucede algo que hará que aquella gestión nos parezca un juego de niños. El día 14 la Guardia Civil (GC) asalta tres centros sociales gallegos, en Santiago de Compostela, Vigo y Ourense, detiene a 11 militantes de la Assembleia da Mocidade Galega (AMI), registra varios domicilios y puestos de trabajo de otros activistas y cierra dos páginas web del movimiento independentista gallego. La acusación vertida contra los detenidos es formar parte de una “asociación ilícita” cuyo nombre no es explicitado en ninguna parte. Después de largos interrogatorios sobre la organización de AMI, el movimiento social creciente en Galiza, y después de ofrecer explícitamente a los detenidos formar parte asalariada de los confidentes de la GC, se les deja en libertad con cargos.

Los Centros Sociales A Esmorga de Ourense, A Revolta de Vigo y el local de AMI inserto en el CSA Gentalha do Pichel de Santiago de Compostela, son objeto de un registro a fondo por agentes encapuchados que buscan información sobre los movimientos sociales y los activistas independentistas de Galiza. Asimismo son registrados los pisos en los que residen los detenidos y lugares de trabajo. Uno de ellos, diseñador gráfico, soporta cómo la GC requisa los ordenadores de su trabajo, con el consecuente desconcierto del encargado del mismo.

Durante estos registros desaparecen considerables cantidades de dinero y son sustraídos objetos personales (fotos, revistas, música, libros), cuya apropiación carece de importancia para la investigación. Se pueden constatar de la misma manera el robo del dinero de la Asociación Cultural A Fouce de Ouro, la hucha de apoyo a la organización CEIVAR del CSA Esmorga o la substracción de la caja de ahorros y la lista de socios del CSA Revolta.

No quedan aquí las detenciones: en diciembre es detenido el webmaster de la página de AMI cuando regresa a Galiza por navidad. Parece que en toda esta vorágine el primer objetivo policial es claro: detener a los miembros del Consello Nacional de AMI, organización política que desafía abiertamente el monopolio de la violencia del Estado. El segundo objetivo pasa por determinar el nivel organizativo y asociativo del independentismo gallego. Para ello, se utiliza la antigua táctica de sacarle el agua al pez, hoy en día especialmente en boga en Euskal Herria: se ataca al movimiento cuya reivindicación va más allá del nacionalismo, se ataca a la construcción político- social. Y no se encuentran responsables de esos movimientos, que funcionan horizontalmente, sino grupos de 50-100 personas que se mueven alrededor de la organización autónoma de cada centro social.

Mientras, el sumario de la causa sirve para mantener abierta una investigación contra los movimientos sociales e independentistas, un sumario que permite, como su propio nombre indica, ir sumando poco a poco información sobre la base social que sustenta el movimiento gallego, un suma y sigue que hace que hoy se mantengan abiertos cinco procesos, en manos de tres jueces. Uno de ellos, es el ya tristemente célebre Grande-Marlaska, que afirma que el nacionalismo gallego lucha por defender un “dialecto”. En fondo y forma la acción policial recuerda a la iniciada en 1998 en Euskal Herria, aunque allí el índice de represión, ataque y derribo a los movimientos sociales fue mucho mayor, proporcional tal vez a la mayor autonomía y construcción de alternativas a las instituciones estatales. Ya hemos visto que aquella ofensiva vio su desenlace en el juicio 18/98 realizado nueve años después. Esto nos da una pista fiable sobre la intención que puede planear sobre la Operación Castiñeira.