Las elecciones al Congreso Estatal de Oaxaca celebradas el pasado 5 de agosto estuvieron protagonizadas por el altísimo nivel de abstencionismo. Mientras las primeras estimaciones hablaban de casi un 80%, las cifras oficiales del Instituto Estatal Electoral (controlado por el Gobierno) rebajaban esa cifra a un 63%, siempre referida a los inscritos en el padrón electoral y no a la población total con derecho a voto.

Los comicios han sido la causa de las diferencias internas que se han dado en el seno de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) desde que, en febrero, diferentes grupos plantearon la posibilidad de entrar en el juego electoral. El acuerdo según el cual las organizaciones que lo desearan podrían hacerlo pero sólo en nombre propio, nunca como APPO, no ha conseguido limar las asperezas, lo cual ha repercutido en una seria división interna dentro del Consejo Estatal (CE). Mientras el poder institucional reitera la legitimidad de un congreso que estará dominado ampliamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del gobernador Ulises Ruiz, y grupos defensores de la vía electoral, como el Frente Popular Revolucionario (FPR), sostienen que el abstencionismo fue debido al clima de represión creado por el Gobierno (el ataque de la policía del día 16 de julio o las bombas colocadas por el Ejército Popular Revolucionario días antes de los comicios y que muchos adjudican al propio Gobierno) la mayoría relaciona el alto abstencionismo a la nula credibilidad que generan los partidos políticos y el sistema electoral en general.

Divisiones

Para Cástulo López, portavoz de la APPO y defensor de la participación a través de candidatos populares elegidos en asambleas, “ante el descrédito de los partidos políticos, ante sus malas acciones de cacicazgo, debemos propiciar la generación de iniciativas de organizaciones, delineando el proyecto de gobierno popular”. En declaraciones a DIAGONAL, una integrante de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), desde donde se ha insistido en la necesidad de buscar alternativas de lucha al margen del sistema electoral, manifestaba que “ya no existe una credibilidad en ninguna institución, incluidas las electorales y los partidos políticos, (...) de ahí que no se esperen cambios profundos depositados en un solo voto y delegando responsabilidades de lo que se quiera construir”, por lo que lo importante “no está en darle o no importancia a las elecciones, sino más bien apostarle a la organización del movimiento social”.

Víctor Manuel Gómez, integrante del CE y del Partido Obrero Socialista, explicaba a DIAGONAL que “los sectores en lucha son cada vez más concientes de la descomposición de las estructuras de control del Gobierno”, de tal manera que “las clases sociales y en particular el grueso de la población trabajadora, afortunadamente, avanza en conciencia y les propinó un ‘madrazo’ que seguramente ahondará su crisis y su descomposición”.

El fracaso de la propuesta del “voto de castigo” a los derechistas PRI y PAN no ha cambiado sin embargo los planteamientos de ciertos sectores defensores de la participación electoral. Para Rubén Valencia, miembro del CE de la APPO y de VOCAL, “los ‘electoreros’ oportunistas no replantearán su posición, al contrario, seguirán tratando de negociar en lo oscurito las candidaturas municipales”. Y al parecer así es, dado que, según se desprende de un documento interno del PRD al que DIAGONAL ha tenido acceso, esos grupos han estado ya negociando, en nombre de la APPO y a espaldas de su Consejo, candidaturas a los ayuntamientos para las próximas elecciones municipales de octubre de este año.