Luis Montes fue el principal acusado en la crisis del Severo Ochoa / Edu León

¿Cómo interpreta la entrega de las firmas?
LUIS MONTES:Conseguir 400.000 firmas es un hecho importante, un esfuerzo que se ha hecho por algo que, entiendo, es un clamor popular: la defensa de lo público. Por otra parte creo que tiene que servir para que el PSOE se ponga las pilas, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Creo que este partido se tiene que definir porque es aquí donde el proceso de privatización es ya obsesivo. Las últimas declaraciones de Tomás Gómez que planteaban que se podía privatizar un 15% o un 20% de la red pública, son lamentables. Yo creo que la entrega de las firmas puede ser un punto de inflexión para que se derogue una Ley que ya se sabe por dónde ha derivado: o se participa de esa derivación hacia la privatización o la derogan, porque ha funcionado francamente mal.

¿Cómo llegamos al momento previo a la libre elección y la eliminación de las áreas?
L.M.: Justo con el inicio de la crisis del hospital de Leganés entraron en lo que llamo la “demagogia sanitaria”: faltaba llamar a los ciudadanos y preguntarles si tenían una casa amplia para poner un centro de salud en la terraza. Ahora vuelven con otra mentira que es que para seguir con esa “equidad” hace falta la libertad de elección. La realidad es que necesitan esa libertad de elección para rentabilizar los centros privados. No veo en la oposición de Madrid un freno a esta locura ni que empiecen a llamar a las cosas por su nombre. Como contraste, lo que está habiendo es una respuesta ciudadana cada vez mayor. En cada centro, en cada barrio, en cada asociación de vecinos, en cada municipio se están creando alternativas, grupos que defienden la sanidad pública. Hay que esperar a ver qué surge de estas plataformas.

¿Y qué relación tiene esta deriva con su caso?
L.M.: Siempre hemos dicho que el Severo Ochoa fue parte de la cortina de humo inicial. El caso coincidió con la concesión a empresas privadas de la construcción de los ocho hospitales, uno de ellos totalmente de iniciativa privada, como el de Valdemoro. Sólo se habló de los 400 homicidios en el Severo Ochoa. En esos cuatro o cinco meses no se habló de otra cosa que de sedaciones irregulares, de sedaciones excesivas, de homicidios con premeditación y alevosía... Poco a poco todo se ha ido poniendo en su sitio. Primero fue el Auto de archivo, después fue el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid que planteó que del archivo se retirara cualquier referencia a mala práctica médica en la sedación de enfermos terminales. Luego fueron nuestras querellas, contra Lamela, contra la Cope, Tele5, TVE y diversas personas; y al final se obtuvo algo que era un clamor popular, por lo menos para los que hemos estado alrededor del caso, que es que Manuel Lamela no se fuera impune. No tenemos una conciencia ingenua, ni tenemos una bola de cristal, pero es la primera vez que una autoridad sanitaria se sienta en un banquillo como imputado, como declarante o aclarador. Personalmente creo que es un hito de la lucha ciudadana, que un político y ex consejero se siente en un banquillo por un tema que no sea el ladrillo.

¿Qué ha quedado del caso Leganés?
L.M.: Pienso que entraron con un tema muy sensible para la ciudadanía como el de la muerte, y lo trataron de una forma nefasta y creo que esto sensibilizó mucho a la opinión, por lo menos, la de la gente sensata y con madurez. La respuesta ciudadana ha sido claramente de apoyo, y además ha venido desde sectores inimaginables. El apoyo económico ha sido muy importante y además lo seguimos precisando. En lo sanitario creo que tuvo sus efectos colaterales: se empezó a tener mucho miedo en una práctica habitual como es la sedación terminal. Ahora se está recuperando el debate: se está volviendo a hablar de cuidados paliativos, la crisis del Severo Ochoa ha servido para abrir el debate sobre la eutanasia como derecho ciudadano.