CARLOSPAN

Cuando todavía no hemos asimilado el recorte de las pensiones pactado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos más representativos, el Gobierno aprueba el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, “para el reforzamiento del sistema financiero” y nos anuncia que se van a inyectar, como mínimo, 20.000 millones de euros más a dicho sector. No deja de ser paradójico que en plena época de “reformas estructurales” y de recortes sociales destinados al ahorro en el gasto público, no falte dinero, sin embargo, para ayudar a los bancos.

Pero lo que me parece más contradictorio es el razonamiento que se esgrime en la exposición de motivos de esta norma para justificar la actuación: ayudar al sector financiero para que pueda cumplir su función principal de canalizar el crédito a la economía, las familias y las pequeñas y medianas empresas. Yo me pregunto, ¿cómo nos pueden intentar vender esta moto, cuando ya se han aprobado más de 100.000 millones euros en ayudas públicas, a este mismo sector y el crédito se recorta cada día más, asfixiando a miles de familias y empresas? ¿Acaso este Gobierno pretende engañarnos cree que no somos conscientes de que ese dinero se destinará a “lavar” las pérdidas de las entidades financieras? Si hasta los propios presidentes de estas empresas no tienen empacho en decir públicamente que “estas medidas pueden servir para salvar entidades, pero no para restituir los créditos y que mejore su circulación”. Si hubiera voluntad política de conseguir el objetivo de reestablecer los préstamos a la economía real, lo canalizarían directamente a través del Instituto de Crédito Oficial. Incluso, se podrían adoptar medidas para ayudar a los ciudadanos y a los bancos, a la vez. Por ejemplo, mediante el pago de las hipotecas de las familias a las que esas entidades de crédito desahucian cada día. El Estado podría adquirir, de esta forma, un importante parque de viviendas que alquilaría, con opción de compra, a esos mismos ciudadanos, y hacía efectivo así el derecho constitucional a una vivienda digna.

El crédito no fluirá además, porque disminuirá la competencia en el sector, al producirse una concentración desmedida del poder financiero en manos de menos agentes. Piénsese que la norma, en realidad, supone el desmantelamiento de las cajas de ahorro y su obra social, las obliga a convertirse en bancos o a ser compradas por los ya existentes. Las que no puedan cumplir los requisitos de reservas y liquidez serán ayudadas con dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que permite inyectar hasta 99.000 millones a este sector. No obstante, por más que se nos quiera vender que se hará mediante una “nacionalización transitoria”, leyendo el articulado de la norma, es muy probable que se trate de una medida para sanear este tipo de entidades y ponérselas en bandeja a los bancos a precio de saldo. Y ello, por las siguientes razones:

1ª. Porque es muy posible que ahora compremos las acciones de esas entidades a un precio muy superior al que luego se las venderemos a los bancos. No se exige que la reventa se realice, como mínimo, por lo mismo que se ha pagado. Piénsese que el precio de adquisición lo fijarán unos supuestos expertos “independientes” nombrados por la Comisión Rectora del FROB que, a pesar de gestionar dinero público, está formada, en su mayoría, por representantes de los bancos y del sector financiero. No hay nadie designado por el Parlamento, y el representante de la Intervención General de la Administración del Estado, que sería el único que podría velar por la legalidad y la justicia de las decisiones, sólo tiene voz, pero no voto y sus informes no son vinculantes.

2ª. Tampoco se puede hablar de “nacionalización” porque no somos nosotros, a través de nuestros representantes democráticamente elegidos, los que nos incorporaremos a los órganos de administración de las entidades a las que les concedamos el dinero público, pudiendo exigir, por ejemplo, que se concedan más créditos. Qué casualidad que las personas que allí se sienten, gracias a nuestro dinero, serán nombradas por esa Junta Rectora del FROB.

Pero, lo peor de todo es que no tenemos ese dinero para entregárselo al sector financiero. Tendremos que acudir, de nuevo, a la Deuda Pública para obtenerlo, con el consiguiente aumento del déficit. Seguiremos con la dinámica diabólica en la que nuestros propios dirigentes nos han metido: ese mismo sector financiero nos exigirá nuevos recortes sociales para comprarnos la deuda pública que hemos adquirido, precisamente, para ayudarlo. En definitiva, con estas nuevas ayudas aprobadas nos perjudicamos doblemente: le damos a los bancos un dinero que no tenemos y que, en todo caso, podríamos utilizar para otros fines sociales, y, al mismo tiempo, les permitimos que nos pongan de rodillas, otra vez, ante sus pretensiones privatizadoras, sin exigirles, al menos, que nos devuelvan lo mismo que les prestamos, que supriman sus filiales en los paraísos fiscales, que eliminen las cláusulas “suelo” de las hipotecas y los seguros leoninos sobre intereses de los préstamos, que paralicen los desahucios, que se salden las deudas con la entrega de los inmuebles, etc.

Por tanto, digo alto y claro: no más ayudas a los bancos con mis impuestos.