MADRID. Candidatos a rector de la UCM. Foto: UCM.

El debate sobre la Universidad no cesa. Tras el informe Bricall, la LOU, la LOMLOU y Bolonia, asistimos a una renovada ofensiva de sectores empresariales para someter la Universidad pública a sus intereses. En estas circunstancias es muy importante que los sectores progresistas defendamos un modelo social de universidad, que la considere un bien público para toda la sociedad. Hay que defender los éxitos conseguidos en las últimas décadas, a la vez que plantear nuevos retos e introducir correcciones en los errores detectados, con propuestas alternativas a las mercantilistas.

Como siempre, esta defensa y profundización del modelo social comprende desde la concienciación y movilización de la comunidad universitaria, hasta el acceso a los órganos rectores y en particular a los equipos rectorales. Sin apoyos institucionales es difícil organizar y difundir debates colectivos sobre el futuro del modelo social.

Gobernar según principios

Junto a las palabras, los hechos. Hay que gobernar con un escrupuloso respeto a principios que marcan distancias en un gobierno progresista: transparencia, criterios objetivos y públicos, respeto a los derechos y garantías personales, etc.

En el mismo sentido, tenemos que ser fieles a nuestra concepción de la universidad como un servicio público. En la docencia, combatir las barreras económicas para el acceso. En la investigación, priorizar temas de interés colectivo. En general, nuestro compromiso debe incluir políticas transversales en temáticas como la atención a minusvalías, la cooperación al desarrollo, la sostenibilidad, la divulgación del conocimiento, la participación en los debates de interés público, la igualdad de género o la cultura de la paz.

Todo ello desde el rigor científico y la exigencia de dedicación y eficiencia. Todo ello, junto a una rendición de cuentas a la sociedad. Y entre dichos principios, la defensa de un gobierno participativo, con electividad de los cargos unipersonales y colegialidad en la toma de decisiones, frente a las tendencias jerárquicas y absolutista cada vez más descaradas.

Sabemos de las dificultades que todo sistema parlamentario presenta y en particular de las lagunas en nuestro actual funcionamiento. Pero también sabemos que el rendimiento de la universidad, como el de cualquier otra organización de profesionales, se basa en la convicción y el voluntarismo de sus integrantes, junto a la corresponsabilización con los objetivos y las decisiones de la institución.

A la hora de diseñar nuestros planes y del balance final, hay que tener en cuenta que este modelo participativo hace que la capacidad de Gobierno no esté totalmente concentrada en los órganos rectores. No queremos decir con ello que la capacidad de transformación desde los órganos de Gobierno sea desdeñable y mucho menos, como interesadamente se pretende hacer creer, que el rector se vea prácticamente incapacitado para cualquier iniciativa.

Lo que queremos decir es que dependeremos en buena medida de contar con la colaboración activa de la comunidad universitaria.

Los agentes externos

La otra cara de la moneda son las relaciones externas, de las que también depende en buena medida la capacidad efectiva de transformar nuestra Universidad. Es evidente que una parte del poder efectivo reside en la Administración a través de, por ejemplo, el ordenamiento jurídico y las provisiones presupuestarias ordinarias. También este reparto de poder es lógico de acuerdo con nuestros principios de servicio público. Incluso sería exigible una mayor implicación de los poderes públicos en temas como el mapa de titulaciones o las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria.

Nuestra voluntad de compromiso nos debe llevar a buscar otros colaboradores como administraciones locales, organismos públicos de investigación, sector productivo innovador o entidades sin ánimo de lucro, que canalicen esa tan manoseada “tercera función”. Estas parcelas de poder compartido pueden acrecentar nuestra capacidad para impulsar iniciativas de cierta envergadura.