ALAMEDA DE HÉRCULES. El 17 de octubre unas mil personas se concentraron contra la represión policial en La Alameda, uno de los barrios más hostigados.

Cuando a principios de septiembre Virginia recibió una multa del Ayuntamiento de Sevilla casi no se lo podía creer. El Consistorio le obligaba a pagar 100 euros por “charlar en el lugar reseñado en el silencio de la noche”. El “lugar reseñado” era la Alameda de Hércules y la “noche”, la madrugada del pasado 19 de julio. “Eran las dos y media de la mañana”, relata a DIAGONAL la afectada, “estábamos cuatro personas en mitad de la plaza, lejos de las viviendas. Entonces vimos cómo la Policía Local echaba a la gente, pero nosotras decidimos quedarnos porque no estábamos haciendo nada. Nos dijeron que nos fuésemos, por la ‘ley antibotellón’, pero nadie estaba bebiendo, así que les dijimos que no lo entendíamos. Entonces nos pidieron la documentación”, indica Virginia. Una semana más tarde, otros cinco jóvenes fueron penalizados por “hablar en voz alta”. En ambos casos los agentes aplicaron la Ley 7/2006 de Andalucía, que en su artículo 3a) prohíbe la “permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana”.

Estas “otras actividades” van desde los actos vandálicos hasta charlar en la calle, destaca el Grupo 17 de Marzo, una asociación andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos que, tras realizar una comparativa de las leyes antibotellón, concluye que la andaluza es la más restrictiva de Europa.

La 7/2006 fue aprobada en el Parlamento andaluz con los votos de la mayoría del PSOE, y desde entonces, se ejecuta, con mayor o menor intensidad, en municipios de toda la región. “En Sevilla se aplica a rajatabla”, aunque sólo en algunas zonas como la Alameda o el casco histórico, aseguró a este periódico Luis de los Santos, abogado y miembro del Grupo 17 de Marzo. Cada noche, pero especialmente los fines de semana y durante el verano, patrullas de la policía municipal vigilan estos barrios y, a partir de las dos de la mañana, cuando los establecimientos hosteleros están obligados a cerrar, vacían sus plazas y calles de corrillos de personas. “En vez de proponer un tipo de ocio alternativo o medidas educativas, los gobernantes han optado por la represión pura y dura para conciliar el derecho al descanso de los vecinos y el ocio. Pero los conflictos sociales no se solucionan con leyes represivas”, sostiene el letrado, que resalta el hecho de que en los últimos meses han aumentando ostensiblemente las quejas contra la policía local. Para el colectivo de juristas, la ejecución arbitraria de la ‘ley antibotellón’ genera inseguridad jurídica en la ciudadanía y el riesgo de que se vulneren derechos básicos como el de reunión.

Por ello, además de solicitar la derogación del polémico artículo 3a), anima a los vecinos a denunciar posibles conductas abusivas de la policía, tal y como hizo un profesor de Derecho Penal de la universidad, que fue detenido por no llevar DNI el 21 de enero de 2007, en el marco de una concentración silenciosa contra esa ley. Los policías nacionales, tras retorcerle el brazo, lo condujeron a comisaría, donde fue so- metido a vejaciones para luego ser puesto en libertad sin cargos a la mañana siguiente.

Pero además de la norma antibotellón, en Sevilla se está aplicando la llamada Ordenanza Cívica, aprobada hace unos meses a iniciativa del PSOE e IU, en el Gobierno municipal. Esta norma, suavizada en sus aspectos iniciales más restrictivos por la gran oposición que generó, mantiene una medida que también está generando polémica: la persecución de los llamados gorrillas (aparcacoches) que están siendo hostigados por los agentes municipales. Ante lo que consideran deterioro de las libertades, numerosos ciudadanos se han unido en la “asamblea por el libre uso del espacio público” La Calle es de Todxs. La plataforma, muy activa desde hace meses, organizó el pasado 17 de octubre una concentración contra la represión policial y por el uso responsable de los espacios públicos en la Alameda, a la que acudieron un millar de personas. Además de oponerse a la ley antibotellón, en estos momentos lucha contra la proliferación de cámaras de videovigilancia en el casco histórico porque consideran que atenta contra la intimidad de los viandantes.