Uno de los mantras más repetidos desde que oímos hablar de Lehman Brothers es que Zapatero no supo anticipar la inminente crisis económica. Es probable que estemos ante una patraña más. Una de las evidencias de ello es la designación en abril de 2008 del responsable del Ministerio, desde entonces llamado de Trabajo e Inmigración. Parece que la elección no fue azarosa. Se trataba de una modulación de talante en la gestión de los asuntos migratorios. No en vano se eligió para el cargo a una persona que había mostrado con claridad su distanciamiento del gusto por lo ‘multikulti’, que en ocasiones se pregona desde ámbitos institucionales de la metrópolis catalana. No hubo sorpresas. Tras 19 meses en el cargo, el ministro ha sido el principal publicista del postulado xenófobo, según el cual en momentos de decrecimiento económico los migrantes tienen que ‘retornar’. Defendió la denominada ‘Directiva de la vergüenza’, ha impulsado el endurecimiento de la Ley de Extranjería que en estas semanas se aprueba en las Cortes, y no se ha opuesto al relanzamiento por parte del Ministerio del Interior de las redadas policiales contra los migrantes. Ha sido el diligente encargado de escenificar los nuevos tonos posttalante de la política migratoria. El ministro no desconoce que en un sistema económico caracterizado por bajas tasas de productividad, el crecimiento económico experimentado en el pasado reciente se ha asentado, ante todo, en la acelerada incorporación a los fenómenos migratorios contemporáneos. Sólo la hiperexplotación del trabajo vivo migrante ha permitido la flexibilidad productiva que ha sustentado el proceso de acumulación. Y todo hace prever que menores salarios, mayores jornadas, temporalidad, irregularidad o inserción en la economía sumergida de la fuerza de trabajo serán un ingrediente central del eventual crecimiento futuro. El ministro conoce una lección política singularmente postmoderna: gobernar significa, en gran medida, gestionar las ansiedades colectivas. El problema es que esa operación, aparentemente tan rentable para intentar reconstruir identidades comunitarias, tiene evidentes riesgos. En ningún lugar está escrito que la sociedad española sea inherentemente menos xenófoba que la danesa o la estonia. Las pulsiones discriminatorias contaminan ya de forma capilar todo el cuerpo social. Por otra parte, el éxito de la pornopolítica de UPyD es clara muestra de la profundidad de las ansiedades colectivas. Podría pensarse que para la descarga de las neurosis generales siempre hemos tenido a mano a las comunidades que reclaman un estatuto nacional. Pero eso no es garantía de que una sociedad demasiado mimada en su búsqueda de identidades supuestamente perdidas no esté encontrando en los migrantes a los enemigos apropiados. Es algo que desde una perspectiva antagonista debería tomarse en consideración en sentido fuerte. Mientras la izquierda institucional sigue indagando cómo hacer funcionar los relojes hacia atrás, el emergente antifascismo quizás debería considerar que la xenofobia no reside sólo en aquéllos que sobreactúan unos odios que entienden colectivos, sino en las masas anónimas que admiten con normalidad la existencia de un encarcelamiento étnicamente reservado.
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