El chiapaneco Mariano Abarca fue detenido el pasado 17 de agosto por un comando policial de agentes encapuchados que viajaban en coches sin placas ni distintivos. Los policías no llevaban identificación ni orden de detención. La presión social hizo que a las 24 horas se informara de dónde estaba detenido, aunque por las irregularidades policiales y judiciales no se sabe de qué se le acusa. Abarca pertenece al municipio de Chicomuselo, una zona donde las concesiones mineras de empresas canadienses devastan tierras y acuíferos. Él es un luchador social reconocido en Chiapas, perteneciente a la Red de Afectados por la Minería, que iba a celebrar en su pueblo, a los pocos días, su segundo encuentro. Sus vecinos se han organizado para exigir su libertad y responsabilizan de su detención a los gobiernos municipal, estatal y federal y a la minera canadiense Black Fire.

Casos como éste se dan con frecuencia en México: la maquinaria político-judicial-militar, amparada en la llamada lucha contra el narcotráfico, reprime la protesta social con total impunidad. Recientemente, en el Estado de Guerrero, seis camiones de Ejército mexicano repletos de soldados entraron en la comunidad Puerto de las Joyas, municipio de Petatlán, y según relatan integrantes del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), dijeron que iban “en contra de campesinos revoltosos”, amenazaron a los lugareños con quemar sus hogares y acabaron llevándose a varios.

En ese Estado del sur mexicano han sido asesinados ocho militantes de organizaciones ecologistas en los últimos dos años, y actualmente más de 100 se encuentran en prisión por acusaciones fabricadas desde el poder. La directora adjunta de Amnistía Internacional, Kerrie Howard, considera que la región guerrerense de Ayutla es “un peligro constante para las personas que defienden los derechos humanos de las comunidades indígenas más marginadas”. Pero esto no es una excepción, ni en Guerrero ni en el resto del país.

Militarización y narcotráfico
México está militarizado. La presencia de soldados, camiones y tanquetas es constante, y se producen abusos y violaciones de los derechos de la población con total impunidad. Además, como reconoce Gustavo Castro, coordinador de la organización Otros Mundos Chiapas, “ha empeorado la situación, el narcotráfico ha invadido el aparato gubernamental y al mismo Ejército. Policías, autoridades, funcionarios que combaten supuestamente la delincuencia organizada están pagados por el narcotráfico que está mejor armado que las policías”, por lo que la violencia es constante. El país parece estar en guerra, aunque “la guerra real es contra los de abajo, por sus tierras, los recursos naturales y para obtener el silencio que necesita el sistema para seguir avanzando”, precisa un integrante de La Otra Jovel, una coordinadora de organizaciones. Este resalta que además “del robo de las transnacionales y la corrupción de las autoridades oficiales”, hay otros agentes, como la industria del turismo que necesita esas tierras para tener infraestructura y los recursos naturales para privatizarlos.

El presidente de los EE UU, Barack Obama, de visita el pasado agosto en México, recalcó su confianza en el Gobierno mexicano y en la lucha conjunta contra el tráfico de drogas. La administración norteamericana ha dado luz verde a seguir con la Iniciativa Mérida (o Plan México) con la que su gobierno apoya económica y logísticamente al Ejército mexicano y ha desbloqueado la totalidad de estos fondos, a pesar de que esta colaboración militar estaba supeditada al esfuerzo en la defensa de los derechos humanos del Gobierno mexicano. Poco después de la visita de Obama fueron hechos públicos documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) que describen el apoyo del Ejército de México a los grupos paramilitares en Chiapas, entre 1994 y 1999, como práctica habitual de contrainsurgencia aprobada por las altas instancias del Gobierno. Estos documentos, encontrados en Washington por la investigadora Kate Doyle, son una muestra clara de la guerra sucia contra la rebeldía chiapaneca y del protagonismo de las autoridades en la masacre de 45 indígenas desarmados en Acteal. Además, el reciente testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia confirma que el Ejército mexicano planificó, organizó y apoyó, desde que lanzara en 1995 su ofensiva contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a grupos paramilitares en tres regiones de Chiapas.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de liberar a 20 acusados de la masacre de Acteal es interpretada por la izquierda mexicana como el siguiente paso de la represión: la impunidad.

“Todo eso se sabe, por eso estamos tan indignados al ver que la Corte intenta limpiar el expediente y quitar responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad a los presidentes, funcionarios y mandos militares de esa época. Quieren limpiar la cara al régimen que gobernaba entonces, que es el mismo que está regresando”, afirma contundente Raúl Vera, quien en esa época era obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, junto a Samuel Ruiz.

A la pregunta de cómo hacer para seguir luchando ante tanta represión, Gustavo Castro, que también participa en la Red de Afectados por la Minería, responde: “No dejar de luchar y manifestarse para no ceder a la criminalización legalizada que hace el Gobierno del movimiento social, de los sindicatos o cualquier derecho a la manifestación publica y pacífica. La denuncia pública es importante así como hacer visible la impunidad a nivel internacional”.

Plan Mérida

A mediados de agosto el gobierno de EE UU anunció que iba a liberar el 15% de las ayudas destinadas a México a través del Plan Mérida que el Congreso de EE UU había bloqueado en 2008 hasta que hubiera avances en el respeto a los derechos humanos en este país. Ya el pasado junio la cámara estadounidense había aprobado la entrega de un paquete de 420 millones de dólares como parte de ese Plan, fondos que se suman a los 700 ya autorizados anteriormente. Así, sólo restan 280 millones de dólares para alcanzar los 1.400 millones prometidos a México en 2007 en material y equipamiento para sus fuerzas de seguridad.