México atraviesa por una crisis sin precedentes, no sólo económica, sino sobre todo de gobernabilidad. Una crisis que es consecuencia del supuesto combate al narcotráfico. Sin embargo, ¿esta crisis es en verdad el costo que se debe pagar por la supuesta lucha contra el crimen organizado (narcotráfico, secuestros) como pretenden hacer creer las autoridades en México?

Modelo importado

En realidad, el Gobierno mexicano pretende ganar con ello una legitimidad que no ganó en las controvertidas elecciones de 2006. Las anomalías y la opacidad con la que se declaró ganador de las elecciones al candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN) no sólo dejaron un país enormemente dividido, sino sobre todo una crisis de legitimidad para el Estado mexicano. Ante este escenario, la manera en que se ha propuesto el Gobierno recuperar la legitimidad perdida, para tener un mínimo de gobernabilidad, ha sido emprender una lucha contra el crimen organizado, siguiendo el ejemplo del Gobierno colombiano, como lo han declarado abiertamente varios funcionarios del PAN. Una política que no ha resuelto en lo más mínimo los problemas sociales que aquejan a Colombia, pero que le han dado una enorme popularidad a Álvaro Uribe.

Fiel oposición

Es por eso que el Gobierno mexicano ha sacado al ejército a las calles, para, supuestamente, combatir a uno de los cánceres más profundos del país, el narcotráfico, un cáncer que ciertamente surgió a la sombra de los gobiernos del Partido de la Revolución Institucional (PRI), pero que sólo fue posible por el silencio cómplice de su fiel oposición, el PAN, que además jugaba el papel de adversario político para mantener la apariencia del juego democrático. Pero si bien es cierto que el efecto político ha sido favorable para el Gobierno mexicano, que goza en las encuestas de altos niveles de aprobación entre la clase media –cada vez más conservadora y asustadiza–, sin embargo, el costo social ha sido mayúsculo. Pues no sólo la violencia ha ido en aumento, si no que se ha extendido a todo el país, llegando cada vez más a los espacios públicos que comúnmente no eran escenario de la violencia. Además, las cifras por muertes violentas relacionadas con el narcotráfico se han disparado en los últimos años: 2.800 muertes en 2007 y 5.031 en 2008. En lo que va del primer semestre de 2009 se han contabilizado 2.644 muertes, es decir, casi 30 muertes por día, mucho más de las que se producen en Iraq.

Preguntas incómodas

Es por eso que cabe preguntarse si éste es el costo necesario que se debe pagar para combatir al narcotráfico. La respuesta de un número cada vez mayor de analistas políticos críticos dista mucho del optimismo gubernamental. Por una parte, si se revisa la política norteamericana de combate al crimen organizado, se observa que una de las premisas básicas en su política interior es nunca utilizar al ejército para combatir al narcotráfico, pues esto significaría exponer a las fuerzas de defensa del país a niveles de corrupción incontrolables. Entonces, ¿por qué EE UU fomenta en México y América Latina el uso del ejército para el combate al narcotráfico? Porque, mediante el adiestramiento de las fuerzas armadas de países como México, no sólo pretenden controlar el flujo de drogas a su país, sino además, mantienen maniatados a los gobiernos locales y controlados a los movimientos sociales, a un bajo costo económico y con buenas ganancias para la industria armamentista de los EE UU. Industria de donde provienen las armas que utilizan los carteles de la droga o las bandas de secuestradores, pero además, las mismas que utiliza el ejército mexicano.

Empleo

Por otra parte, porque los militares no están capacitados para realizar labores policiales, exponiendo con ello a la población a la violencia, ya no únicamente del crimen organizado, sino del mismo ejército. Y, como siempre, es la población la que paga los costos más altos. El informe de Human Rights Watch de este año denunció que en México los abusos de militares a la población civil no sólo van en aumento, sino que son cada vez más cruentos. Ahora bien, el aumento de personas que se dedican a negocios ilícitos en México es también consecuencia de la imposición de un modelo económico –el neoliberal– que no sólo ha devastado al mercado interno, sino que ha provocado un número cada vez mayor de pobres en el campo, quienes se ven en la disyuntiva de migrar a EE UU –lo que es cada vez más difícil por la política antimigración del país del norte– o morir de hambre –lo que es una realidad cada vez más frecuente–, o integrarse al jugoso negocio del narcotráfico, que lamentablemente parecer ser el único que realmente crea empleos en este país.

Estado de temor

Aún así, el Gobierno se empecina en continuar con esta estrategia. Sin embargo, surgen muchas otras preguntas sobre la efectividad de la estrategia o sobre si es la única posible. Por ejemplo, ¿por qué el Gobierno mexicano no investiga a empresas y funcionarios públicos que desde el Departamento de Seguridad de Norteamérica (DHS) se han señalado por probables vínculos con el narcotráfico?, ¿por qué no cortar el poder financiero del narcotráfico que circula libremente?, o ¿por qué no atacar el problema de raíz procurando un sistema más justo y equitativo para que la gente tenga acceso a los niveles básicos de vida que los haga menos susceptibles a incorporarse al crimen organizado? Recordemos que la pobreza suele ser la madre de la ignorancia, y la ignorancia la de todos los vicios y excesos. Tal parece que hay demasiados intereses en este turbio negocio, intereses que el Gobierno mexicano no puede y, quizás, no quiere tocar, pero lo que sí puede hacer es mantener a la población en un perpetuo estado de temor, que no sólo legitime al Estado, sino que haga de él un mal necesario.