El proyecto de reforma de la Ley de Extranjería prevé aumentar a 60 días el tiempo de internamiento de las personas inmigrantes retenidas en los CIE, aunque ampliable a 14 más –es decir un máximo de 74 días– en tanto se tramite una petición de hábeas corpus o “el extranjero solicite asilo”. Y aunque se continúa hablando de una “medida cautelar de detención e internamiento”, la realidad confirma que la política migratoria del Gobierno se aleja cada vez más de los derechos humanos y se acerca a la vinculación inmigración/ delito que la Italia de Berlusconi ha logrado imponer.
Se fija un nuevo derecho, el de “entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes”, un punto sobre el que todas las organizaciones consultadas parecen tener reservas, ya que dependerá de cómo se garantice para hablar de un paso hacia el fin de la opacidad de los llamados “Guantánamos europeos”. Hace diez años la orden ministerial sobre CIE fijó que se facilitaría “especialmente la colaboración de las instituciones y asociaciones dedicadas a la ayuda de los extranjeros”, una década de papel mojado.
Además queda por ver qué se entiende por ese “entrar en contacto” vayan a fiscalizar y denunciar lo que allí pasa? O, por el contrario, ¿irán ONG acólitas que con su trabajo avalen y garanticen transparencia al sistema cada vez más represivo que se intenta imponer? El proyecto crea un procedimiento de expulsión “ordinario”, aplicable a determinados y reducidos supuestos, y que permitirá al inmigrante un “plazo de cumplimiento voluntario” que oscilará entre 7 y 30 días para que se regrese a su país, sin tener que pasar por el CIE.
Hasta ahora eran las situaciones de arraigo las que “podían” impedir el ingreso al CIE, pero desde diferentes movimientos sociales se ha denunciado que este derecho se avasalla con asiduidad: inmigrantes con hijos e hijas españolas, que llevaban viviendo en España más de 20 años, personas empadronadas y con lazos de familia y amistades aquí, han pasado por el CIE e incluso han sido deportadas. Resta ver, entonces, los reales alcances de ese procedimiento ordinario. Incluso en un razonamiento más elemental que político, cuesta pensar que una familia inmigrante pueda dar un cambio radical a su vida y en el plazo de un mes deshacerse de sus cosas y volver a un país donde quizá vendió todo para cumplir el sueño de venir a España.
“Preocupa a esta institución comprobar la acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial de los centros, en claro detrimento de las condiciones de vida de los internos y del mantenimiento de sus derechos no afectados por la privación de la libertad deambulatoria”, denunció recientemente el Defensor del Pueblo en su informe sobre el CIE de Murcia, una sentencia que a la luz de los testimonios –como los recopilados por la Plataforma Cerremos los CIE en el centro de Aluche en Madrid– podría aplicarse al conjunto de centros del Estado español.
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