Ilustración: Isa

Es la intervención social un dispositivo de control o una herramienta de transformación social? Manida pregunta que, en su polarización, evoca dicotomías poco interesantes –puristas/ posibilistas– y achata el problema. No obstante, torciéndola un poco y preguntándose qué posibilidades de transformación hay desde la intervención social, nos parece fundamental el contexto: tanto la intervención social como el trabajo social se insertan en un conjunto de dispositivos de gobierno de las poblaciones, cada vez más marcado por la lógica neoliberal. Para que ahí suceda ‘otra cosa’ no bastan las buenas intenciones. Analizar las condiciones estructurales y las axiomáticas de poder que subyacen al trabajo y a la intervención social constituye el punto de partida para dilucidar si hay estrategias posibles que rompan con estas dinámicas desde abajo, en la alianza entre profesionales de lo social y destinatarios de las políticas de lo social.

En este sentido, quizá uno de los rasgos más importantes del gobierno de lo social, en el neoliberalismo, es que su función pasa cada vez menos por garantizar una teórica redistribución de los recursos existentes para corregir –parcialmente– las asimetrías generadas por el modelo económico y ofrecer cierta protección contra el riesgo a las poblaciones trabajadoras. Por el contrario, los dispositivos de gobierno neoliberales se orientan más a una gestión de las poblaciones que toma la desigualdad, no como algo a eliminar, sino a gestionar. Se limitan cada vez más claramente a localizar y acotar los puntos de inestabilidad y asegurar, de esta forma, que los problemas sociales, aunque existan, no rebasen los ‘límites tolerables’ y se extiendan al conjunto de la sociedad. Dentro de esta nueva lógica, las funciones de los profesionales de lo social se ven necesariamente alteradas: el monitoreo continuo de la realidad, la detección de problemas, y la contención de los mismos pasan a convertirse en tareas prioritarias. Para su consecución, los dispositivos móviles externalizados, cada vez más en auge, se revelan como los más adecuados, ya que permiten una penetración e intervención más eficaz en lo social, en función de necesidades y riesgos coyunturales. Sobre todo si se los compara con la rigidez propia de la estructura funcionarial de los servicios sociales.

Tensiones que torpedean
Este contexto carga el trabajo del profesional de lo social con una serie de tensiones que torpedean las posibles intenciones de transformación de algunos trabajadores aislados o, incluso, de proyectos más estructurados –cooperativas, ONG, etc.–. La primera de ellas deriva de las funciones de seguimiento, control y contención que se ven obligados a ejercer. Así, a los trabajadores se les exige la elaboración continua de memorias e informes que, en muchas ocasiones, incluyen juicios sobre la vida de las gentes con las que trabajan. Juicios especialmente problemáticos cuando se trata de procesos de seguimiento en los que hay en juego temas decisivos: la custodia de un hijo, la concesión o mantenimiento de una prestación, el informe de arraigo social para obtener los papeles, etc. El trabajador se convierte así en juez, controlador y vigilante de la vida del otro, lo que impide la creación de relaciones horizontales entre unos y otros. Máxime, si se tiene en cuenta que esta dinámica de control obliga al ‘otro’ a desplegar estrategias para defender sus intereses: no son pocos los que se ven abocados a recurrir a la picaresca y el engaño, lo que acaba derivando en una sensación de alerta y desconfianza continua de los trabajadores que dificulta aún más la construcción de una relación entre iguales.

La segunda tensión surge de las necesidades de flexibilidad en la gestión de lo social, imprescindible para penetrar en sus poros y garantizar actuaciones precisas allí donde se detecta un riesgo de desborde. Esta tendencia ha ido derivando en una estructura externalizada y muy precarizada, donde los recursos aparecen y desaparecen en función de necesidades coyunturales y donde los trabajadores cambian sin cesar. A veces porque desaparecen con el recurso. Otras a resultas de la enorme precariedad de sus contratos. Difícil crear relaciones a largo plazo dentro de esta dinámica.

En la mayoría de los casos, los trabajadores se encuentran con una sobrecarga de trabajo y, además, ante la tensión de gestionar ‘presupuestos mínimos’ que, inevitablemente, instauran una lógica de la escasez. Hay muy pocas prestaciones universales y, dentro de las prestaciones ‘diferenciales’, que abundan más, tampoco hay para todos los que objetivamente entran en el ‘perfil’. Así, ante un determinado cupo de personas que cumplen los requisitos para acceder a una prestación, el trabajador se ve en la complicada posición de decidir a quién irán finalmente destinadas, en la mayoría de los casos sin criterios objetivos a los que agarrarse. Convertido en árbitro y elevado así por encima de las personas con las que trabaja cada día, contribuye asimismo a dividirlas. Tercera tensión pues: la del arbitraje.

Podríamos pensar que los trabajadores que no gestionan ayudas ni recursos con plazas limitadas, los que hacen un tipo de intervención social más integral dentro de espacios abiertos –parques, plazas...– o de las pocas infraestructuras públicas ‘universales’ –centros educativos, centros de salud...– están exentos de esta última tensión. Sin embargo, al igual que al resto de trabajadores sociales, les afecta otra y es aquélla directamente relacionada con la propia profesionalización del trabajo social: cuando la definición y la solución de los problemas que tiene un determinado cuerpo social dependen de un técnico –en la mayoría de los casos externo en el sentido más amplio y profundo de la palabra: por formación y biografía, por clase social, porque los saberes que maneja son ajenos y se han formalizado en otro terreno, con otras prioridades y problemas–, se expropia a la población de la posibilidad de definir sus problemas y ser parte de sus soluciones. Y, en consecuencia, por más que se la ‘dinamice’, invite a ‘participar’ y dar su ‘opinión’, en la medida en que no tiene posibilidad de decidir los quiénes, los cómos, los cuándos, los dineros, ni, sobre todo, el sentido de esa ‘activación’ que se le propone, acaba estableciendo una relación de consumodelegación con los dispositivos/servicios/dinámicas que se le ofrecen, de la que luego, el trabajador- técnico se lamentará, sin darse cuenta tal vez de que él mismo es parte del problema.

Con todo, muchos dispositivos y recursos de lo social no dejan de ser un punto de contacto entre diferentes sociedades cada vez más segregadas. Por ejemplo, frente a las brechas que genera la Ley de Extranjería entre autóctonos e inmigrantes con diferentes estatus, los trabajadores de los dispositivos de intervención con inmigrantes son de los pocos que ven, día a día, con sus propios ojos, los brutales efectos que la política de fronteras tiene. Así pues, la pregunta clave no es tanto control vs. transformación, sino cómo es posible potenciar la capacidad crítica y rebelde desde este punto de contacto tan problemático y cargado de tensiones. Y qué hacer con ella, hacia dónde dirigirla para alumbrar mundos mejores.