Políticos a sueldo de Marina D’Or

A finales de 2003 se detectó que el entonces alcalde de Castellón, José Luis Gimeno (PP), compartía a su jefe de gabinete, Juan Enrique Mas, con la empresa constructora Marina D’Or. Este cargo de confianza que actuaba como funcionario de empleo en el Ayuntamiento, cobraba alrededor de 45.800 euros brutos al año, sueldo al que hay que sumar complementos de productividad y horas extras. Según la Ley de Incompatibilidades el personal contratado por administraciones públicas “no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas (...) sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento (...) donde estuviera destinado”. En febrero de 2004, el diputado del PP en el Congreso, Juan José Ortiz, no informó al Ayuntamiento de Oropesa sobre la inclusión en el presupuesto de 2003 de la regeneración de las playas de Oropesa, mejora de la que sí dio cuenta a Jesús Ger. El diputado popular usó información del ministerio de Medio Ambiente para redactar una carta dirigida a Ger en donde le informaba sobre el estado del proyecto. Este escrito, con membrete del Congreso de Diputados, fue utilizado por el empresario para “convencer” a sus clientes de la ejecución de próximas obras en la playa.

Intereses inmobiliarios 3, vecinos 0

Jesús Ger manifestaba su agradecimiento a los “concejales del PP, PSOE y GIO (agrupación independiente de Oropesa) por apostar por una opción de futuro que nos permitirá construir la mayor ciudad de vacaciones y ocio de Europa”. Las irregularidades en la adjudicación fueron muchas: sus competidores habían presentado ofertas hasta un 50% más económicas y al presentar su candidatura Marina D’Or ni siquiera tenía como objeto social el desarrollo urbanístico ni la presentación o gestión de propuestas de urbanización, según datos que constan en el Registro Mercantil. Las asociaciones de vecinos de los pueblos afectados, ignoradas en el proceso, solicitaron que se descartase cualquier propuesta que “por sus dimensiones, implicase un excesivo riesgo y no fomentase la participación de los pequeños y medianos promotores”, que no contemplase la preservación del patrimonio natural y que no respetase las viviendas consolidadas en la zona. Nada de esto se ha cumplido.

Apropiación indebida de terrenos públicos

El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Oropesa aprobó en la comisión de Urbanismo iniciar los trámites para legitimar la concesión de suelo público (casi 10.000 metros cuadrados) donde se ubican unas pistas de tenis y pádel que el grupo Marina D’Or explota desde hace cinco años. La comisión desarrolló con posterioridad un estudio de viabilidad del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de pistas deportivas con elementos terciarios. Marina D’Or cobra por el alquiler para el uso de las pistas pero, hasta ahora, no ha pagado ningún canon al Ayuntamiento por la ocupación de este espacio. Resulta paradójico de que el estudio de viabilidad considere “idóneo” unas parcela sobre la que ya se desarrolla el uso que ahora se pretende legalizar.