Las compañías militares privadas se han consolidado como un nuevo actor en los conflictos bélicos. Una muestra de ello es la presencia masiva de contratistas privados en Iraq junto a las tropas de ocupación norteamericanas. Para el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Francisco Javier Quel López, la aparición de estas empresas “se enmarca en un proceso de privatización iniciado a principios de los ‘90 que afecta a la salud o al sistema penitenciario”. Así, se produce “la externalización de los servicios básicos del Estado en relación a la Defensa” que supone “un cambio de estructura de los ejércitos”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce que “los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias, entre otras cosas, fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial”.
El suboficial de la Armada española en la reserva y presidente de High Security Solutions, David Rivas reconoce en un artículo publicado en la revista digital Athena Intelligence que “se trata de una industria muy compleja a nivel legal, administrativo, logístico y operativo, lo que requiere profesionales con años de experiencia en el sector y sólidas redes internacionales de apoyo, basadas en la confianza del cliente, mayoritariamente gobiernos democráticos legalmente establecidos”.
Externalización de servicios
Rivas opina que “la externalización
de servicios por parte del Ministerio
de Defensa en España es un hecho
relativamente reciente y se ha caracterizado
desde sus inicios por la reticencia
a admitir personal civil que
trabaje con el militar, y especialmente
dentro de instalaciones militares”.
“Los Estados son reacios a regular
estos asuntos”, afirmó el catedrático
Francisco Javier Quel López durante
su intervención en las IV Jornadas
de Seguridad y Defensa celebradas
en la Universitat de València. “España
no ha entrado a regular esto”,
añade. “Es preciso que determinados
servicios no se privaticen”, puntualiza.
“El ánimo de lucro hace poco
eficaz a estas empresas y además
en la práctica no se ha probado que
sean más eficaces que los ejércitos
regulares”, explica. El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos pidió en
una resolución en 2003 a todos los
Estados “que ejerzan el máximo de
vigilancia contra todo tipo de reclutamiento,
entrenamiento, contratación
o financiación de mercenarios
por empresas privadas que ofrezcan
servicios internacionales de asesoramiento
militar y de seguridad, y que
prohíba concretamente que tales
empresas intervengan en conflictos
o acciones armadas para desestabilizar
los regímenes constitucionales”.
Entre las ventajas de la utilización
de estos ejércitos privados,
Darío Azzellini, autor de El Negocio
de la Guerra, señala el vacío legal
al respecto: “Formalmente son
civiles, no pueden ser juzgados por
la Justicia militar. Al mismo tiempo,
en sus contratos se les asegura
que no pueden ser sometidos a la
justicia civil de los países en los que
actúan. Prácticamente se crea un
campo de impunidad”.
HALLMARK SECURITY SOLUTIONS S.L., DE IRAQ A MÉXICO
High Security Solutions es la marca comercial de Hallmark Security Solutions S.L., una empresa de capital mayoritario español, dedicada a los servicios de protección en viajes y transportes (generalmente a países conflictivos), protección de instalaciones (seguridad aeroportuaria y marítima, industria del petróleo), servicios de defensa y seguridad nacional e inteligencia. También ofrecen formación y servicios a gobiernos. Para ello buscan personal de entre 25 y 40 años, con al menos tres años de experiencia militar en unidades operativas, buen nivel de inglés o francés, de nacionalidad española (o de otro país de la UE), australiana, canadiense o estadounidense y sin antecedentes penales. Con oficinas en Venezuela, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile y Kurdistán iraquí, Hallmark Security Solutions (HSS) es una de las principales compañías militares privadas del mercado español. Sus oficinas centrales están situadas en la calle Antonio López de Santander. Constituida en 2006, la empresa afirma que su equipo directivo “está formado por personal procedente del sector militar y relaciones internacionales”. Su presidente es David Rivas, un suboficial en la reserva de la Armada española que ha participado en diversas operaciones en Jordania, Iraq y Haití con la empresa norteamericana Hike Stalk Shoot International Inc., de la cual fue director de operaciones en Latinoamérica. Según los datos que constan en el Registro Mercantil, el 8 de Junio de 2006 fue nombrado administrador único de Hallmark Security Solutions S.L. Rodrigo Humberto Monroy Frausto.
Código ético
Según su “declaración de
principios éticos y legales”,
la empresa “no prestará servicios
de alta seguridad, protección,
inteligencia o defensa
a aquellos gobiernos, instituciones,
organizaciones
públicas o privadas o particulares
que estén condenados
por delitos relacionados
con el narcotráfico, el
terrorismo, crímenes
contra la humanidad,
racismo o xenofobia,
delitos contra la libertad
religiosa o de pensamiento,
falta de respeto
a las libertades y derechos
fundamentales de
las personas, delito de
traición, espionaje político
o malversación de
fondos públicos”. También
añade que la
empresa prestará “servicios
de Defensa sólo a
gobiernos legalmente
constituidos y reconocidos”.
Algunos clientes contrastan con el código ético de la empresa. Es el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Especiales del Ejército jordano o del Grupo Cisneros, conocido por su implicación en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el gobierno democrático de Hugo Chávez en Venezuela (cabe señalar que la empresa cuenta también con clientes de la órbita del gobierno en Venezuela como la Policía del Estado de Carabobo o el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, éste último dependiente del Ministerio del Poder Popular). HSS asegura que “todas y cada uno de los servicios relativos al sector Defensa realizados a terceros países deberá en su caso ser autorizado y/o aprobado por el Gobierno español”.
Según dicen, su lista de clientes incluye a la policía española, la Ford en Brasil, los Marines norteamericanos, el Departamento de Estado y la DEA, la policía y el ejército en República Dominicana o el Grupo Especial de Respuesta Inmediata en México, entre otros.
SGSI, UNA EMPRESA ESPAÑOLA DE “SEGURIDAD GLOBAL”
“¿Mercenarios? Sí. A mucha honra”. Con estas palabras se reafirmaba el portavoz de Servicio Global de Seguridad y de Inteligencia, una de las mayores empresas del sector en España, con presencia en países como Iraq, Israel, Nigeria o Guinea Ecuatorial.
Inteligencia (SGSI), una empresa de origen español, fue fundada en 1995. Según la propia compañía, se trata de “la primera compañía militar privada ibérica”. Su portavoz, Víctor González, afirma en una entrevista que “para no crear ningún tipo de problema y no herir susceptibilidades encontramos que Gibraltar está al lado de casa y estamos muy cómodos”. También afirma que “la legislación en materia de consultoría y de seguridad es más amplia y concreta en el marco del Reino Unido que en España”. Y es que SGSI es una de las cerca de 70.000 empresas concentradas en los 6,5 kilómetros cuadrados que ocupa el peñón de Gibraltar (desde junio de 2000, Gibraltar figura en la lista negra de los 35 paraísos fiscales identificados por la OCDE).
González sostiene que “no provocamos conflictos ni trabajamos fuera de la ley o sin el conocimiento beneplácito de los gobiernos afectados que nos contratan”. Además, “el sello nuestro es que no participamos nunca en política, no nos interesa”, añade. Cuentan con un “comité ético” y reconocen mantener “de manera más o menos bilateral una comunicación con el Gobierno español”.
A su portavoz, que también es director de operaciones, no le importa ser denominado mercenario: “¿Mercenarios? Sí, a mucha honra. La nómina es nuestra patria. Ni más ni menos que ningún otro profesional de la seguridad”. Según explica, “entre el personal que conforma la empresa hay profesionales que durante mucho tiempo han estado comprometidos con la lucha contra el terrorismo en España”. En relación a la colaboración de SGSI con el CNI y otros servicios de inteligencia, González afirma que “siempre que se puede se coopera participándoles información que como servicio privado podamos obtener en función del partido que puedan sacar y desde luego que no perjudique los intereses de nuestra clientela”.
La empresa, que cuenta con un total de 411 trabajadores contratados de manera directa, ha sufrido tres bajas en Nigeria, explica González. Según dicen, trabajan para empresas como Exxon o Agip en Nigeria y para gobiernos como el de Angola, el de Guinea Ecuatorial o el de Ghana. “Ahora nos estamos abriendo a zonas nuevas como el África subsahariana”, añade el portavoz de SGSI.
SGSI en Iraq e Israel
Este periódico ya reseñó el trabajo
de SGSI Group en Iraq en materia
de protección de líderes de la Unión
Patriótica del Kurdistán llevado a
cabo durante el mes de agosto de
2007 (ver DIAGONAL nº60). También
se relataban las visitas, organizadas
por SGSI, de grupos de escoltas
españoles –ex miembros de
las Fuerzas Armadas o militares en
excedencia– a un complejo de entrenamiento
en Cesarea, una exclusiva
localidad turística israelí de
4.500 habitantes a mitad camino
entre Tel Aviv y Haifa, administrada
actualmente por una organización
privada, la Corporación para
el Desarrollo de Cesarea. De hecho,
el portavoz de la empresa, Víctor
González confirmaba en una entrevista
en Radiocable.com los lazos
con el sector militar privado israelí
hablando sobre los inicios de su
empresa: “Acudimos a un par de
cursos en Israel porque teníamos
muchas ganas de profesionalizarnos
más y, qué duda cabe, que
aquélla es la cuna de la seguridad”.
“A partir de ahí surge la posibilidad,
asociándonos con un experto
en seguridad israelí, de ir sacando
esto adelante”, añade.
La trama empresarial
SGSI Group forma parte del Grupo
Hyzanami. Efectivamente, según el
Registro Mercantil español, existe
una empresa llamada Hyzanami &
SGSI Group 2007 S.L cuyo domicilio
social está situado en la avenida
Ramón y Cajal de Fuengirola (Málaga).
Su principal accionista y administrador
único es el abogado
Sergio Ruiz Martín, que también
ocupa el cargo de administrador
junto a Fernando Núñez Martín en
F. Núñez & S. Ruiz Abogados S.L.,
(constituida el 5 de abril de 2005).
Esta empresa comparte domicilio
social con Hyzanami & SGSI Group
en Fuengirola. Ambos abogados
también son administradores de
una empresa dedicada a las actividades
inmobiliarias (Pastmartcon
S.L, constituida el 15 de junio del
2005) con domicilio social en la calle
San Pancracio de Marbella.
Núñez Martín figura como firmante
de un manifiesto por la libertad de
“los presos de conciencia” en Cuba
impulsado por la fundación FAES
del Partido Popular.
“Comercio al por mayor”
Los datos del Registro Mercantil
denotan un hecho de lo más curioso.
Hyzanami & SGSI Group 2007
S.L. tiene como objeto social la “comercialización,
importación y exportación
de productos de alimentación
y artesanía, típicos del país
de origen, y materias primas de carácter
mineral, obtenidas por cualquier
método de extracción”. Su
actividad sería, por tanto, “el comercio
al por mayor de materias
primas agrarias, productos alimenticios,
bebidas y tabacos”. Sin embargo,
con un simple click en
Google, encontramos un anuncio
de Hyzanami que ofrece servicios
de seguridad en un portal de
Internet. En este caso dan una dirección
(autovía de Castelldefels,
138) y un teléfono móvil de contacto.
Teléfono móvil idéntico al que
proporciona la página web de SGSI
Group. Por si fuera poco, también
indica una dirección de correo electrónico
de la empresa de Gibraltar.
La conexión con
Guinea Ecuatorial
Pero lo que resulta, sin duda, más
sorprendente de este entramado
empresarial es que el administrador
único de Hyzanami, el abogado Sergio
Ruiz Pastor es, a su vez, el representante
en España de Manuel Rubén
N’dongo, “líder político y presidente
ejecutivo de la oposición moderada”
ecuatoguineana afincado
en París, que en los últimos meses
ha alabado al presidente Obiang por
la liberación de algunos presos políticos,
lo cual ha encolerizado a otros
sectores de la dividida oposición en
el exilio. En la página web del político
opositor (que se reclama del centrismo
liberal y de la democracia
cristiana) figuran varios artículos de
opinión del abogado malagueño y
administrador único de Hyzanami.
El portavoz de SGSI, Víctor González,
explicaba la relación de su
empresa con el régimen dictatorial
de Teodoro Obiang dando su particular
visión sobre la antigua colonia
española: “El Ejército de Guinea
Ecuatorial, a instancia de su jefe de
Gobierno, se encuentra ahora en
una fase de reestructuración, modernización
y desarrollo, tanto
potencial como logístico, muy necesaria
para el país, sobre todo a tenor
de las continuas amenazas por parte
de intereses bastardos que alientan
a personas implicadas en la política
de oposición desde el extranjero
a atentar contra el actual, y legitimado
por las urnas, gobierno de su
excelencia Teodoro Obiang”. “En
este ámbito se han dado las directrices
de cómo conseguir los recursos
humanos necesarios para la correcta
defensa del país”, especifica González
en referencia a las actividades
de su empresa en el país tropical.
Por otra parte, el pasado 15 de octubre
el diario ABC relataba los rumores
falsos que circularon entre
ciertas formaciones políticas del exilio
ecuatoguineano en el Estado
español, según los cuales Obiang
habría muerto. Un portavoz de los
grupos opositores aseguró que el rumor
era fruto de una intoxicación
vertida desde el entorno del propio
Obiang. Además explicaba que la
fuente que habría sugerido el rumor
de la (falsa) muerte de Obiang narraba
que el dictador habría sido
“envenenado por miembros de una
empresa de seguridad, con sede en
Gibraltar y que pertenece a un hispanoisraelí,
relacionada con el
Gobierno [ecuatoguineano]”.
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