
A pesar de las reservas declinantes en muchos de sus campos, el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, en ningún momento escondió su sonrisa en la reciente junta de accionistas. Incluso cuando dos representantes de Intermón Oxfam exigieron a Brufau que su empresa cumpla los tratados internacionales y respete el derecho de los pueblos indígenas a pronunciarse sobre los proyectos que afecten a sus tierras. El mismo Brufau también sonreía días antes, cuando en una abarrotada plaza Murillo de La Paz, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmaba que “Repsol es una empresa responsable “. El abrazo sellaba “una noche de amanecida en las negociaciones “. Ahora dos países “con sus respectivas empresas (sic) trabajarían juntas “. Se había consumado el traspaso de 1% de las acciones de Andina para que Bolivia tenga el control de la filial de la empresa de capital español y norteamericano Repsol YPF. Capitulaba así la pesadilla boliviana para Repsol. Con la renovación y firma de todos los contratos por el Congreso, la compañía y su presidente pueden dormir tranquilos. Atrás quedaban, entre otros, los delitos de contrabando de millones de barriles por los que fueron apresados dos directivos de Repsol en 2006, la muerte de una familia de pescadores en el pozo Surubi o las auditorías practicadas a diez compañías, entre ellas Repsol y Andina, en las que se demuestra técnica y económicamente que estafaron a Bolivia.
¿Un buen año para Repsol?
No fue mal año de negocios. La empresa
presumió en la junta de un beneficio
neto de 1.212 millones de euros
en el primer trimestre del año,
un 36,5% más que en 2007, debido al
incremento del precio del crudo y a
la buena marcha de la filial argentina
YPF, de la cual vienen más de la
mitad de sus beneficios. La caída del
dólar ha reducido estos números.
Según la empresa, si presentara sus
cuentas en dólares, el beneficio neto
del grupo crecería un 62%.
Sobre el terreno, Repsol mantiene el control de 359 bloques con una superficie neta de 354.480 km2. De estos, 109 están en Argentina, 79 en EE UU y se adjudicó 71 bloques en las costas de Alaska asociada a Shell y ENI. A principios de año, consiguió 93 bloques más en el mar de Chukchi, beneficiado por la apertura que ha hecho Bush de la exploración petrolera en el Círculo Ártico. En cuanto a sus reservas, el último año, Repsol se anotó nuevos megayacimientos en Libia, en asociación con NOC, la compañía estatal; en aguas profundas de Brasil, asociado con Petrobras; y en Bolivia y en Perú. Además de la entrada en producción del megacampo Genghis Khan, en aguas profundas del golfo de México estadounidense. A pesar de estos logros, sus reservas probadas en los últimos años han pasado de 3.485.275 barriles a 1.400.000 barriles, menos de la mitad.
¿Un buen año para
los países donde opera?
Las reservas mundiales describen un
comportamiento declinante en la
mayoría de los pozos. Repsol YPF es
una de estas empresas que se ven
apretadas por una demanda creciente
que tiene que atender, especialmente
en los países donde, a través
de la privatización de sus empresas,
ha capturado en el monopolio a millones
de personas, reducidas a la
condición de consumidores cautivos.
Argentina sufre una enquistada crisis energética que provoca cada invierno desabastecimiento y que obliga incluso a cerrar industrias en determinados períodos. El megayacimiento de Loma de la Lata –conocido por sus pasivos ambientales que han intoxicado a la población– ha registrado una acelerada declinación, como la mayoría de campos en las provincias de Neuquén y Mendoza.
El diésel también ha escaseado en Argentina y Bolivia, poniendo en juego la producción agrícola, mientras Repsol exporta el crudo y el gas de estos países para venderlo a precio internacional. La estrategia de la compañía de exportar mucho y explorar poco ha provocado la caída de las reservas en pocos años.
Algunos autores describen este comportamiento como “vampirización de la economía “: no sólo succionan los recursos naturales trasladando a los Estados los importantes pasivos ambientales, también venden caro estos recursos a sus antiguos dueños parasitando su débil economía. Argentinos y bolivianos también han sido decepcionados por la anunciada “argentinización “ y “nacionalización “ de sus respectivas empresas estatales, privatizadas la pasada década. En el primer caso, Repsol vendió un 14% de YPF al grupo Petersen, supuestamente argentino, aunque el grupo tiene capitales españoles. En Bolivia, la “nacionalización “ de sus antiguas empresas estatales sólo ha consistido en un contrato de traspaso de acciones firmado entre YPFB, que tendrá el 51%, y Repsol YPF, que compartirá la administración de Andina. En las regiones petroleras, los anhelos de recuperación de los recursos han movilizado de nuevo a la población, tras dos años de expectativas.
En Camiri, antigua capital petrolera de Bolivia, una pueblada obligó al Gobierno a negociar el pasado marzo, después de una violenta represión, la entrega de un pequeño campo de Andina al pueblo de Camiri. Ello constituyó la primera expropiación auténtica que realiza Bolivia a una empresa petrolera desde la nacionalización de la Gulf Oil en 1969.
La indignación por sus políticas ambientales se han visibilizado este año con el vertido y ocultación de miles de barriles de crudo en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), el derrame de fenoles cancerígenos en el río Francolí o las denuncias de contaminación del agua de red en Añelo (Argentina).