Badajoz, Salamanca o Cádiz han sido algunas de las últimas universidades en recibir la visita de sacos de dormir y esterillas. Durante estas últimas semanas del mes de diciembre se ha vuelto a demostrar la oposición de un importante número de estudiantes y profesores ante el proceso de Bolonia y el nerviosismo con que rectores y Gobierno están viendo las protestas. Y es que el plan de ruta del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene fecha de caducidad: 2010, y todavía queda mucho por hacer. Especialmente, convencer a la comunidad universitaria que protagoniza las protestas por toda la geografía española.
Una de las reivindicaciones más importantes “es la paralización de la implantación de este proceso, para la celebración de un referéndum vinculante”, explica Olga Arnaiz de la comisión de prensa de la Asamblea de Estudiantes contra Bolonia de Madrid. En la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el 14 o 15 de enero se paralizarán las clases por parte del rectorado para que se produzcan debates en todas las facultades, “nosotros queríamos que en la misma semana se realizara el referéndum, pero ese compromiso no lo hemos conseguido”, lamenta Arnaiz. A pesar de esta cesión del rector Carlos Berzosa, el Consejo de Dirección y la Conferencia de Decanos y Directores de Centros de la UCM mostraba su rechazo, el 16 de diciembre, “a cualquier tipo de negociación o pretensión de acuerdos bajo una situación de presión ilegal como la que se ha producido”, en relación a los encierros que ha albergado la Complutense desde octubre.
Un debate al que, por ejemplo, el rector de la Universidad de Sevilla “se ha negado y se ha limitado a hablar en el claustro. Y, cada vez que puede, recuerda los incidentes de 2002, por los que fueron expulsados cinco estudiantes. Quiere volver a criminalizarnos”, explica Ricardo Martín, de la Universidad de Sevilla Una situación que ha llevado al rectorado a cerrar su propio edificio “desde el 13 de noviembre impidiendo el paso a la biblioteca central, al registro y a los patios de algunas facultades.
Quieren poner al resto de la comunidad universitaria en nuestra contra”, denuncia Martín. Mayor efectividad obtuvieron en Cádiz, donde con un encierro de tan sólo tres noches consiguieron “un debate con el vicerrector encargado de la aplicación de Bolonia, e incluso la prensa local afirmó que la victoria fue para los antibolonia”, explica a DIAGONAL José Gallego, de la asamblea de estudiantes de la Universidad de Cádiz.
Mientras, en Valencia, tras la detención de dos estudiantes se han roto las negociaciones “hasta que no se retiren las denuncias falsas que se están tramitando contra algunos compañeros”, denuncia Rubén Fraile, del movimiento asambleario de la Universitat de Valencia. En Catalunya, el Consell Interuniversitario se ha comprometido a realizar una consulta, pero todavía no ha dicho “ni cuándo, ni si será vinculante. Nosotros queremos que el 1 de febrero ya esté todo por escrito, para que como en otras ocasiones no caiga en saco roto”, explica Marc Navarro, portavoz del Comité contra Bolonia de la Universitat Autònoma de Barcelona, un centro que acaba de expulsar a seis estudiantes (ver recuadro).
Hacia una estrategia común
El 13 y 14 de diciembre, portavoces de la mayoría de asambleas del Estado se reunieron en Valencia. “Una oportunidad para poner en común su situación, dificultades y líneas de acción”, expresaban en un comunicado sus portavoces tras este encuentro. Además sirvió para extender los encierros a ciudades como Badajoz, Burgos, Palma de Mallorca, Salamanca o Cádiz.
Pero, también, esos días mantuvo una reunión la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CRUEP) en León. “Hay colectivos que están utilizando el proceso de Bolonia para transmitir sus idearios políticos, mezclando problemáticas sociales con los problemas que plantea el proceso”, denunciaba esta organización, en referencia a los colectivos que se encontraban reunidos en Valencia. Un mensaje en plena sintonía con lo publicado por los grandes medios y manifestado por los responsables del Ministerio de Ciencia.
Pero el encuentro de Valencia también ha servido para marcar el calendario de las próximas protestas. “Aunque todas las asambleas no lo han corroborado”, como reconoce Fraile, quien prefiere no adelantar nada más. La intención que salió de Valencia es una jornada de protesta estatal el próximo 12 de marzo, que iría seguida de un encuentro de valoración para el 21 de ese mismo mes, posiblemente, en Burgos. Y, hasta entonces, para conseguir la celebración de referndos vinculantes en todas las facultades, se recogerán firmas.
Aunque en Valencia esta labor ya se había realizado y desaparecieron a finales de noviembre. “Sólo el decanato de Psicología nos las devolvió, fue la prueba de que habían sido las propias autoridades universitarias las que desmontaron los campamentos y secuestraron las firmas recogidas”, denuncia Fraile.
Nuevos retos tras Navidades
“No seguimos en la facultad, pero sí reuniéndonos”, explica Carlos Coca de ACME Burgos que, como en otras ciudades, tendrán que retomar la actividad y “reestructurar el movimiento de cara a afrontar el nuevo parón de los exámenes y las movilizaciones de marzo”, explica Martín, de Sevilla.
En otras facultades, como en el País Vasco, donde no ha habido encierros, están trabajando para “superar las calumnias y mentiras que se han dicho, el control que nos hacen es por el miedo que tienen al incremento de la movilización”, explica Ander Gorrotxategui Zurimendi de la UPV, quienes también reivindican la necesidad de unir las luchas europeas a través del Foro Europeo de Estudiantes que se creó en 2006 en Bakaiku (Navarra) y que en los últimos meses no ha servido para unificar estas reivindicaciones.
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