La llegada de Nicolas Sarkozy al Ministerio del Interior francés supuso, en su momento, la adopción pública y oficial de los cupos de expulsión de sin papeles. Más tarde, ya como presidente, creó un Ministerio específico de la Inmigración, de la Integración, de la Identidad Nacional y del Desarrollo Solidario, del que, a juzgar por los resultados que trascienden al público, se puede concluir que sólo tiene un objetivo: la expulsión de extranjeros en situación irregular.

Desde su creación en 2007 sólo se ha hablado de dicho Ministerio y de su ministro, el siniestro Brice Hortefeux, en relación con los objetivos cifrados de reconducción a la frontera de sin papeles. En septiembre de 2007, cuando ‘sólo’ se habían expulsado 19.000 extranjeros en situación irregular frente a los 25.000 anunciados por el presidente, tuvo mucho eco la reunión que Hortefeux organizó con los prefectos –equivalente de los delegados de Gobierno– de las 19 regiones más perezosas en materia de expulsión, exigiéndoles resultados. Así, el ministro consiguió cerrar el año con una honorable cifra de 23.000 expulsados.

A finales de 2008, este Ministerio volvió al ser noticia cuando anunció con satisfacción la expulsión de 29.799 sin papeles, superando las 26.000 esperadas. Fue la única buena cifra que pudo exhibir este ministro y a Hortefeux se le ‘recompensó’ con un ascenso como nuevo ministro de Trabajo.

Los otros resultados

Los primeros efectos de la política de cuotas se hicieron visibles en el verano y otoño de 2007, al difundirse varios casos de defenestración de sin papeles. La presión constante de las redadas había instaurado un clima de nerviosismo y pánico que provocó intentos desesperados de fuga al presentarse la policía en las casas o simplemente al entrar en un edificio.

Una ciudadana china murió el 24 de septiembre de ese año, un joven africano sufrió fracturas múltiples y una niña chechena de 12 años se cayó de un cuarto piso al intentar seguir a su padre en su huida de la policía. Por otro lado, la propia policía y las administraciones empezaron a multiplicar los procedimientos de dudosa legalidad, como los controles de papeles a las salidas de los colegios, las falsas convocatorias a la prefectura o la petición de listados de hijos de sin papeles a los directores de colegio. Al mismo tiempo, los jueces anularon un 66% de las detenciones de sin papeles debido a que las actuaciones en los controles de identidad, arrestos y prisión preventiva no eran conformes a la ley.

Incluso, según uno de sus sindicatos, la policía llegó a concentrar todos sus esfuerzos en la expulsión de sin papeles, dejando de lado el resto de los delitos. También hubo picaresca. Varios inmigrantes que volvían a su país fueron retenidos en la puerta del avión para iniciárseles un procedimiento de expulsión y así contarlos en las estadísticas.